La seguridad energética de nuestro país amerita poner atención en el problema del robo de hidrocarburos, emprendiendo acciones legislativas para contar con un marco jurídico legal que tipifique y sancione determinadas conductas que, además de dañar la economía, ponen en riesgo la salud de la población.
Con tal objetivo, este jueves en la Cámara de Diputados aprobamos un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código penal federal, del Código federal de procedimientos penales, del Código fiscal de la federación, de la Ley federal de extinción de dominio y de la Ley federal contra la delincuencia organizada.
Los logros que hemos conseguido en materia energética a través de las reformas aprobadas en esta legislatura, deben venir acompañadas de modificaciones legales que enfoquen problemas concretos y que afectan la eficiencia del sector. En los últimos años el mercado ilícito de combustibles ha crecido: en 2010 hubieron 845 denuncias; en 2011 1,570; en 2012, 1,949 y en 2013 se presentaron 3,267. Este es claramente un problema que demanda modificaciones institucionales para su solución.
Esta iniciativa, que suscribí junto con el Diputado Héctor García, establece tipos legales respecto de las actividades de sustracción ilícita de hidrocarburos que tienen lugar en nuestro país y que en la actualidad se han diversificado. Asimismo, pretende inhibir dichas conductas, al clasificarlas como graves.
Las modificaciones refuerzan el marco legal y dan las capacidades necesarias a las autoridades para enfrentar el problema: se dota al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, de manera que pueda investigar, perseguir y sancionar, respectivamente, con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia.
Al legislar sobre persecución y sanción de los distintos ilícitos de posesión, transporte, suministro, distribución y enajenación de hidrocarburos se fortalecen las instituciones del Estado al darle elementos para regular estas conductas delictivas que hacen un enorme daño a las finanzas públicas. En 2012, el impacto económico para Pemex derivado del mercado ilícito de combustibles fue de poco más de 33 mil millones de pesos.
Aunado a lo anterior, estas actividades ilícitas se han acompañado de un incremento en la inseguridad de las poblaciones en donde se encuentran tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos, ocasionando en algunas veces que personas pierdan la vida y otras sean lesionadas.
La iniciativa aprobada por mayoría el día de hoy, contiene las penas a las que estarán sujetos todos aquellos implicados en la sustracción, posesión y manejo ilícito de petróleo crudo o hidrocarburos. En el caso de franquiciatarios, permisionarios o distribuidores de gasolina o diésel que participen de estas actividades ilícitas, además de pagar las penas, tendrán que suspender actividades y la sociedad se disolverá.
Quienes comercializan gasolina o diésel deberán verificar que contengan los marcadores o especificaciones que la autoridad utilice para identificar dichos combustibles, si no los contienen recibirán sanciones severas. El marcador, que es una sustancia química que se añade a los combustibles líquidos u otros productos derivados de los hidrocarburos, permite identificar el combustible marcado, con el fin de evitar su adulteración y diferenciar el combustible proveniente de zonas de tratamiento especial, de contrabando y de mercado ilícito.
Sigamos legislando en temas tan importantes que merecen toda la atención del Estado para que no queden impunes.