CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Terrenos comprados con dinero público que “pasaron” a manos de particulares, fracciones de litoral que se desviaron para fraccionamientos privados, familias a las que la delincuencia les arrebató casas y ranchos con ayuda de notarios públicos, estas son las acciones delictivas que ha documentado la
administración 2016-2022 en la recepción del Gobierno del Estado.
En entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, reveló que investigan indicios y quejas de particulares sobre despojos en patrimonios públicos y privados.
“Con recursos públicos se han comprado terrenos para programas de vivienda y turísticos que no aparecen o se encuentran en manos de particulares.
Tenemos que investigar y recuperar estas propiedades que son patrimonio de los tamaulipecos”.
Aunque la seguridad y la paz son los temas principales, la primera administración estatal panista se ocupa del desvío de bienes públicos a manos privadas. El análisis del patrimonio se realizará en la Secretaría de Administración (SA).
En caso de hallar alguna irregularidad se turnaría a la Coordinación Jurídica de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y, de confirmarse, pasaría a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal, agregó.
“No puede haber borrón y cuenta nueva cuando hay propiedades que son del Gobierno del Estado, hoy en día en manos de particulares. Aquí no es contra una persona, vamos contra un régimen, un sistema que durante muchos años, décadas, violentó la ley y simplemente se va a aplicar”, explicó.
Cabeza de Vaca comentó que las víctimas de despojo patrimonial acudieron al nuevo gobierno para expresar sus casos.
Agregó en el robo de propiedades han participado notarios que escrituraron terrenos a terceros sin el consentimiento de los dueños. El hecho delictivo, recalcó, común durante los sexenios priistas pasados.
Analizan estatus decomplejo Bicentenario
El titular de la Secretaría de Administración, Jesús Nader, negó que el predio donde se desarrolló el complejo Bicentenario sea de privados.
“Sí son propiedad del Gobierno del Estado. Todo el terreno sí es propiedad del gobierno”. Añadió que los poderes Ejecutivo y Legislativo no pagan renta por los predios mencionados.
“En cuanto al Congreso hay un disyuntiva si es o no (propiedad del estado). Parece ser que estaba en trámites, pero parece que en cuanto se dio a conocer del estacionamiento, que estaban poniendo los paneles, se detuvo el trámite. Estamos viendo y en qué estatus se encuentra”, declaró el
funcionario.
El llamado complejo Bicentenario se edificó al final del sexenio del gobernador Eugenio Hernández Flores, bajo la tutela del secretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado. La torre, el parque y las sedes del Registro Civil, Instituto Catastral y la Oficina Fiscal costaron aproximadamente más de mil millones de pesos.
El edificio del Congreso del Estado costó 178 millones de pesos, de acuerdo al registro estatal. Dichas obras se justificaron bajo el Programa Estatal de Infraestructura.
El secretario dijo que han revisado el archivo del patrimonial gubernamental que dejó la administración de Egidio Torre Cantú. Hasta ahora no han encontrado irregularidades, aunque en 60 días darán a conocer los resultados.
Analizan ley de extinción
En las primeras 16 acciones de gobierno, el reynosense anunció el uso de los instrumentos de extinción de dominio. Sobre su aplicación el titular de la Coordinación General Jurídico, Abelardo Perales Meléndez, expresó nunca se ha hecho en la entidad. Respecto a los terrenos del complejo Bicentenario, respondió: “Se analizará el caso. Nada más que en eso puede haber responsabilidad penal, sin prejuzgar la conducta de nadie. Este caso ya sería un ámbito de la Procuraduría General de Justicia; no está en mi responsabilidad”.
Perales Meléndez explicó que la expropiación de propiedades incluye una indemnización que paga el gobierno. En el caso de la extinción de dominio no hay pago. “Hay que estudiar en qué casos se va a aplicar. Si requiere una reforma constitucional. Seguramente voy a dar mi punto de vista al respecto”.
La Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tamaulipas se promulgó el 5 de febrero de 2016. El artículo 10 indica que esta acción se permite cuando se comprueban los delitos de narcomenudeo, robo de vehículo, trata de personas y secuestro.
Procede en el caso de bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito; que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; que estén siendo utilizados para la realización de los hechos ilícitos materia de esta Ley por un tercero. También se concede la extinción cuando las propiedades estén tituladas a nombre de terceros, y que existan suficientes elementos para determinar que son producto de los hechos ilícitos contenidos en esta Ley.