Productores agropecuarios de San Fernando afectados por la Sagarpa
Los apoyos a campesinos de El Mante se han conculcado desde el ‘14
La repartición de comisiones legislativas es un asunto de mero trámite
El Patronato del DIF-Victoria recomendaría cómo mejorar los servicios
El bloqueo de la carretera federal Victoria-Matamoros, a la altura de San Fernando –concretamente en el kilómetro 201, donde se ubica el puente Las Barreras–, podría reproducirse esta semana, si acaso la Delegación de la Sagarpa desatiende a los campesinos que reclaman el pago de los apoyos, como el Progran.
En febrero próximo pasado, los agricultores de esta zona del estado por vez primera cerraron el tránsito vehicular por razones similares, pero ante la promesa de Eduardo Miguel Mansilla Gómez de que se cubrirían en tiempo y forma los adeudos, acordaron levantar el bloqueo.
Sin embargo, a más de siete meses de distancia los campesinos no han visto satisfecha su demanda, por lo que acordaron tomar otra vez la rúa para presionar a la dependencia, aun cuando están conscientes que sus plantones constituyen una infracción del orden federal.
Lo hicieron un par de veces durante la semana que nos antecede. E irían por más, tan sólo en esa zona, según advirtieron los manifestantes, pese a la intervención de la autoridad estatal que ha echado mano de su secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, con el fin de negociar que no obstruyan nuevamente la carretera. Y es él quien lo hace directamente, puesto que el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo, aún no alcanza la credibilidad necesaria para persuadir a los inconformes.
Y eso que es necesario ocuparse del sector antes de que se genere un problema mayor.
Igual debe ponerse atención en la zona cañera, donde hace un mes los productores agrícolas tomaron la carretera Tampico-Mante, sobre un puente conocido como ‘El Roto’ –a la altura del ejido Tres Marías–, para reclamarle a la Sagarpa el pago de los 45 millones de pesos que adeuda desde el ciclo primavera-verano del 2015, aunque hay quienes tampoco han cobrado apoyos correspondientes al 2014.
Sin embargo José Calzada Rovirosa –aún secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación–, no se ve dispuesto a encarar el problema. Quizá porque no le interese la suerte del campo de una entidad gobernada por el albiceleste, o tal vez porque hay otras entidades que requieren más su atención por los grandes conflictos que en la materia enfrentan.
Lo cierto es que ni siquiera su representante en el estado ha movido un pie para trasladarse a los lugares donde hay protestas públicas.
Campo abandonado
Esta deplorable situación que enfrentan los campesinos tamaulipecos es tan sólo mínima parte de una problemática nacional que de ningún modo podrá aliviarse:
1) Echándole la culpa a los propios agricultores;
2) Dando todas las facilidades a los productores extranjeros, como se contempla en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), ni
3) Perdiendo el tiempo buscando culpables del infame fenómeno provocado por el mismo hombre, para dar paso al análisis que permita encontrar soluciones tangibles que contribuyan a recuperar (la mayor) parte de lo perdido; y, sobre todo, ofrecer que se revisen los términos de ese acuerdo comercial que pone en desventaja a los agricultores de acá de este lado del río Bravo.
Pero esto sólo se lograría habiendo disposición; cuando el interés comunitario en verdad rebase los intereses personales, de grupo o de partido, y se esté convencido de que sólo beneficiando a los que menos tienen es la mejor manera de avanzar juntos para enfrentar la globalización que amenaza con aniquilar el campo mexicano, gracias a políticas erróneas.
Los apagafuego
Durante los últimos días una y otra vez, acá en Tamaulipas y en otras latitudes, se han escuchado voces que invitan a defender los intereses del sector agropecuario.
Pero son pocas las que plantean cómo y cuándo hacerlo, sin que se piense que sus emisores lo hacen única y exclusivamente para llamar la atención; buscar los reflectores o simple y llanamente por mera demagogia, como podrían ser los casos de los dirigentes partidistas –de todos los partidos políticos, sin excepción–, que nada coherente plantean al respecto y sí, por el contrario, coinciden en señalar que el campo mexicano no puede esperar más.
No sólo porque ya se ha esperado demasiado, casi un siglo, sino porque la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, en lo que respecta a la agricultura y ganadería, activó una verdadera bomba de tiempo.
Y no es cuento, como lo confirman los bloqueos carreteros en casi todo el país.
Factores de abandono
Algunos analistas refieren que el señor de Los Pinos, hasta el momento, ha evidenciado su falta de oficio político por no atender adecuadamente a los campesinos de México.
Y más: su carencia de sensibilidad para evitar la confrontación con los agricultores y ganaderos que tildan su política agropecuaria como un acto de provocación, pues éste no descansa en recriminarles no haber aceptado, como suya, toda la culpa por la crisis que atraviesa el campo.
Cito lo anterior por creer que el mexiquense, con su actitud, trata de aminorar los reclamos en su contra.
De cualquier forma no se puede soslayar que los membretes campesinos, durante décadas, también han causado serios estragos al sector.
Y cabe recordar que hasta 1970 el tipo de organización social, política y económica que manipulaba a los hombres del campo se ajustaba al corporativismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Bajo este esquema, precisamente, operaban las confederaciones Nacional Campesina (CNC), Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), y la Nacional Ganadera (CNG), que para el priismo cumplían métodos de control político y autoritario sobre ejidatarios y propietarios rurales.
Pero todo por servir se acaba, reza un refrán popular, y a fin de no perder control por el descrédito en el que habían caído esos membretes, el mismo PRI financió el surgimiento de otros grupos, dizque defensores del agrarismo, como la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos (UGOCM), la Confederación Campesina Independiente (CCI) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
Con tres metas bien marcadas:
1) La regulación del acceso a los recursos naturales;
2) La legitimación de la representación social en las comunidades, los municipios y los estados; y
3) La planeación de la producción agropecuaria mediante el control de precios, la comercialización y la asesoría técnica.
Es obvio que el esquema resultó un fiasco durante los regímenes priistas y neopanistas –los de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa–, porque fuera de teorías y palabrería barata, en la práctica los campesinos resultaron mayormente explotados y se les utilizó, de entonces a la fecha, como carne de cañón en los procesos electorales.
¿A ver quién refuta ésta apreciación?
Alternativas
Hay analistas que sugieren que fuera de criticar el daño que se le ha hecho al campo mexicano, se adopten medidas que contribuyan a su recuperación, como una política hemisférica en pro de la seguridad alimenticia de los países firmantes del TLCAN para enfrentar los nuevos tiempos.
Incluso han ido más allá, al sugerir que lejos de sumirnos en lamentos por las políticas neoliberales, es necesario hacer planteamientos inteligentes para resolver del todo la situación del agro.
Esto ante la fuerte sacudida que al campo mexicano ha pegado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por un lado, y, por otro, merced a la preocupación generada por la nueva ley agrícola de la Unión Americana, que otorga un subsidio directo de 18 mil millones de dólares anuales a los agricultores de los Estados Unidos, mientras el presupuesto nacional apenas alcanza los 2 mil millones de dólares en el mismo lapso.
En fin, quizá habrá que esperar la llegada de un nuevo Presidente que busque las alternativas que podrían establecerse para reactivar el campo mexicano.
Comisiones
Una vez instalada la Junta de Coordinación Política, esta semana habría de anunciarse el reparto de las comisiones legislativas; aunque es obvio, por su número de diputados, que el membrete albiceleste sería el que se lleve la tajada más grande del pastel.
Y esto, seguramente, ya lo negociaron los coordinadores de los seis grupos legislativos: Carlos Alberto García González (PAN), Alejandro Etienne Llano (PRI), Óscar Martín Ramos Salinas (Panal), Humberto Rangel Vallejo (Verde), Guadalupe Biasi Serrano (MC) y María de la Luz del Castillo Torres (Morena).
Así que el asunto sería de mero trámite, pese a que la ley establece que cada caso debe discutirse y ser votado por el pleno.
Reforma necesaria
En su primer período ordinario de sesiones, los 36 diputados de la LXIII Legislatura del Congreso local podrían atender una demanda prioritaria del pueblo tamaulipeco, si acaso se ocuparan en discutir las reformas al Código Penal.
De esta forma se atendería uno de los reclamos más urgentes de la sociedad en su conjunto, puesto que el débil castigo a la delincuencia se ha convertido en un grave problema.
Con las modificaciones jurídicas, la nueva reglamentación podría facultar a los jueces a utilizar criterios propios para evaluar las circunstancias en que fueron cometidos los delitos; y al mismo tiempo determinar la peligrosidad de los responsables, para que éstos no muy fácilmente ganaran nuevamente la calle para volver delinquir.
La esperada reforma es urgente, también, porque hay que detener la ola criminal que se extiende por los 43 municipios del estado; y porque no hay rincón donde todo tipo de hampones no haya sentado sus reales.
Antes de la actual crisis económica, en Tamaulipas se generaba un delito cada hora. Pero hoy ese índice se ha incrementado tanto que hasta la cuenta ya se perdió.
¿Y cómo estarán las cosas que algunos diputados federales buscan implementar, junto con la ciudadanía, modelos de autodefensa, como es la portación de armas, para enfrentar la inseguridad?
Incluso existe, como usted bien lo sabe, una ley (federal) de uso de armas de fuego para la autodefensa, ante la impotencia de los cuerpos policiacos que han perdido el control sobre el hampa.
Aunado a ello, en una malentendida defensa de los derechos humanos, diversas organizaciones no gubernamentales han logrado que consumados delincuentes, poco después de ser encarcelados, alcancen nuevamente su liberación para seguir trasgrediendo la ley, agredir y causar daño y dolor a sus semejantes.
De ahí la importancia de reformar el Código Penal.
Y de ahí, también, la razón para que haya mayor rigidez en el otorgamiento de beneficios penales, pues estos sólo deben brindársele a quienes muestren ausencia o nula criminalidad.
Cuentas públicas
Otro asunto que los diputados locales deben atender en lo inmediato, es la revisión de las cuentas públicas de la administración gubernamental y los 43 ayuntamientos que hace días cerraron su ciclo, relacionada con el último año de su ejercicio.
Y desde ahora advierto que surgiría un mar de inconsistencias.
Sobre todo en el destino que dieron al presupuesto.
Por eso la Auditoría Superior del Estado debe trabajar a marchas forzadas para diagnosticar en tiempo y forma lo gastado en los últimos nueve meses de este 2016.
Rehabilitación
El recubrimiento de las 870 zanjas que le toca atender directamente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), por los trabajos de reparación de redes del vital líquido y drenaje, los supervisan personalmente el alcalde Óscar Almaraz Smer y el gerente del organismo, Gustavo Rivera Rodríguez.
Hasta hoy se registra un avance del 25 por ciento en las obras; y es posible que antes de concluir el plazo de 35 días marcados por el mismo edil se cubra el 100 por ciento.
El munícipe igual está al pendiente de la rehabilitación de la red de alumbrado público; los trabajos de bacheo (se han cubierto tres mil 850 metros cuadrados), el servicio de recolección de basura, la limpieza de calles y avenidas y la conservación de áreas verdes.
Hace días en la Ciudad de México, tuvo un encuentro con diputados federales tamaulipecos para gestionar más recursos para la localidad; y les tomó protesta a los integrantes del Patronato del Sistema DIF.
Por cierto, éste tiene entre otras tareas promover la participación de los sectores social, privado y público en los programas asistenciales y de integración familiar, formulando recomendaciones para mejorar la prestación de servicios.
Asunto de impuestos
Los acuerdos legislativos para sacar avante el paquete económico del año próximo deben concretarse a la brevedad, si acaso hay un interés pluripartidista de evitar debates estériles por la Ley de Ingresos que, a más tardar el día 20 del mes que cursamos, debe aprobarse.
Esto significa que, como todos los años, el dictamen sería votado sobre las rodillas por la ausencia de discusiones serenas –‘frast track’ le llaman–, con, sin y a pesar de los ‘cañonazos’ que se acostumbran en el Congreso de la Unión, ya de último momento.
Por tanto dé Usted por descontado que, en tiempo y forma, habrá nuevas disposiciones para refrendarles a los contribuyentes las cargas tributarias, para así resarcir la errónea política energética.
En ello trabaja frenéticamente la Comisión de Hacienda aun cuando el Partido Acción Nacional (PAN) dice oponerse a la política económica del señor de Los Pinos, porque, además de errónea es inequitativa, según han comentado los legisladores albicelestes.
El proyecto legislativo de esta comisión, contempla reuniones con representantes del Gobierno federal, representantes del sector privado, académico y social, para convencerlos de las ‘bondades’ que conlleva la iniciativa presidencial.
De esta forma el señor de Los Pinos querría curarse en salud.
Pero de que la persecución fiscal sería más agresiva, aún, contra quienes sí pagamos impuestos, no le quede la menor duda.
Durante esta semana, insisto, sería aprobada la miscelánea fiscal, contemplándose su aceptación el día 19, a fin de que la Comisión de Hacienda avale la Ley de Ingresos, que sería llevada al pleno de la Cámara baja al día siguiente para ser dictaminada.
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