La crisis de seguridad que sufre el país desde hace casi 10 años, no ha tenido otra solución en las zonas más conflictivas del país que no sea la intervención directa del Ejército y la Armada Nacional.
Prácticamente el proyecto de un mando único que implementaron algunos estados para enfrentar a la delincuencia organizada ha resultado hasta ahora un rotundo fracaso.
Hace casi 10 años por ejemplo, cuando empezaba el rompimiento entre las dos facciones del grupo delincuencial dominante, que tendría finalmente las consecuencias desastrosas que todavía padecemos, a regañadientes y con una buena dosis de incredulidad e improvisación el régimen estatal emprendió el intento de crear un mando estatal de elite.
A las policías municipales, que hasta entonces se ocupaban de mantener a raya a borrachos y raterillos, se les empezó a equipar con nuevos vehículos, armamento, equipo táctico y tecnología.
La elevada inversión resultó inútil, excepto para quienes se embolsaron los famosos diezmos, ya que la fuerza de los grupos delincuenciales, su poder de acción y su mortífero armamento superó por completo a los mandos municipales y estatales, al grado que muchos optaron por retirarse, y en el peor de los casos, por enlistarse en las filas del hampa.
La presencia de la Policía Federal en el estado se limitaba a operativos de alto impacto y fue el Ejército el que tuvo que salir de sus cuarteles para lidiar con el problema. Aún así, el número de elementos concentrados en los cuarteles del Estado resultaron insuficientes para enfrentar el problema.
La realidad superó al gobierno en los tres niveles con las terribles consecuencias que sufrió Tamaulipas en los años 2010, 2011 y 2012.
El asesinato de un candidato a la gubernatura, la matanza de inmigrantes, la desaparición de personas y la posterior aparición de fosas
clandestinas repletas con cientos de cuerpos.
Fueron tres años de barbarie, de una policía rebasada, coptada por la delincuencia y cuyo destino final fue su desintegración seguida de un dilatado y errático intento por replantear su funcionamiento. Todos los elementos fueron dados de baja y las policías municipales
desaparecieron.
En ese lapso de tres años la milicia que se encuentra de manera permanente en el estado lidió con un problema que hasta entonces le era ajeno. La vigilancia preventiva en las ciudades, la toma de funciones como policía, fue una realidad que también los alcanzó.
Las cifras del delito sufrieron un incremento repentino no sólo en el Tamaulipas sino en los estados vecinos y sobre todo en los que integran la IV Región Militar: Nuevo León y San Luis Potosí.
Los tres estados que se encontraban en una crisis de inseguridad sin precedentes, sólo contaban con el apoyo de poco más de cuatro mil elementos castrenses dedicados a combatir a la delincuencia organizada, según lo revela un informe de la SEDENA entregado a través del portal INFOMEX.
Entre 2010 y 2012, Tamaulipas registró poco más de la mitad de los homicidios dolosos de los que se tienen registro hasta la fecha. Fueron tres años en los que se mantuvo el mismo número de elementos de las fuerzas armadas en toda la zona.
Con la llegada del nuevo régimen federal al poder, aumenta la presencia de militares en la IV Región Militar a más de nueve mil elementos. Tanto en Nuevo León como en Tamaulipas, y la cifra de homicidios se redujo de manera drástica.
En 2013 y 2014 la cifra de homicidios dolosos bajó en todo el estado, al grado que los últimos dos años, la violencia de alto impacto sólo afecta a Reynosa y Victoria, según lo revelan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si bien, el número de elementos castrenses se redujo debido a los problemas que han atendido en otras partes de la República, la presencia militar en el estado refleja que su presencia es la que hizo posible una reducción efectiva en las cifras del delito.
Pese a los cuestionamientos frecuentes de la CNDH respecto a un “uso excesivo de la fuerza”, el Ejército y la Armada mantienen cifras muy por debajo de las que registran los cuerpos policiacos creados por los gobiernos locales.
En Nuevo León por ejemplo, la Agencia Estatal de Investigación presentaba un número inusual de denuncias de tortura en comparación con el récord de las Fuerzas Federales, tal como lo refleja un reportaje publicado en el portal de Carmen Aristegui.
Hasta el momento, el fracaso en el proyecto de los mandos únicos estatales y la debilidad institucional que posee la Policía Federal, mantiene a las fuerzas castrenses como la única opción para llevar a cabo las labores de prevención del delito y del combate a la
delincuencia organizada.
Tal es la fragilidad de la Policía Federal y de sus cuestionamientos de ser un instrumento del poder, que la iniciativa privada y partidos como el PAN acaban de exigir abiertamente su separación de la Secretaría de Gobernación, para transferirla a una nueva Secretaría de
Seguridad Pública similar a la que funcionó durante las dos gestiones federales anteriores.
Golpeteos innecesarios
Esta semana, una menor de edad fue ejecutada por un grupo delictivo que dejó un mensaje intimidante en contra de una escuela del nivel medio
superior en Ciudad Victoria.
Los militares que se encargaron de entregar el cuerpo a la Procuraduría tuvieron que actuar con rapidez e implementar un operativo relámpago en el Cbtis 119 para revisar a todos los alumnos a manera de prevenir una tragedia.
Aunque los militares sólo revisaron las mochilas de sus estudiantes, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas denunció su actuar como abuso de la autoridad.
Los elementos del 77 Batallón de Infantería con sede en la capital tamaulipeca han tratado de tener un mayor acercamiento con la ciudadanía para que sepan más sobre su labor en el combate al delito y su vocación por servir al país.
En sus operativos además se manejan bajo los protocolos que señalan organismos como la ONU sobre el respeto a los Derechos Humanos de la ciudadanía.
Y en los hechos no se les ha acusado de abuso de la fuerza como sucedió con frecuencia en contra de la Fuerza Tamaulipas, en el gobierno de Egidio Torre Cantú.
Se percibe excesiva la respuesta de la CDHT. Tal vez quienes decidieron no se pusieron a investigar el contexto en el que ocurrió el operativo del 119.
¿Por dónde empezar?
Si se lleva a cabo un recuento de las irregularidades que han sido descubiertas en el desempeño de la administración anterior, y sobre todo las que serán destapadas en el futuro, tendremos que concluir que al nuevo régimen le llevará un largo tiempo emprender acciones contra la impunidad.
Hay de todo: alto nivel de endeudamiento, dudas sobre el destino de esos recursos, negocios en “lo obscurito” con empresas fantasmales dedicadas al proveedurismo o al contratismo, aviadores de todos los niveles, desde los que obtenían cuantiosos sueldos hasta los más
modestos.
Son muchos los frentes, numerosos los casos de corrupción o de negligencia administrativa. A ver por dónde empieza la operación limpieza.