La frase nació de un estereotipo almidonado de caballeros de los que ya difícilmente se encuentran:
Las damas no están solas…
Sin embargo, hoy en el terreno político nacional, esas palabras que ya sólo aparecían en el terreno de la cortesía encuentran nueva vigencia y además amenazan –la palabra no es en modo alguno exagerada– con mover un verdadero avispero, incluido desde luego, nuestro Estado.
Le diré por qué.
Ocho instituciones de corte nacional, todas del mayor calibre, acaban de darle su respaldo a un proyecto bautizado como Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
Los organismos son, no puedo dejar afuera a ninguno por su rango, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Instituto Nacional Electoral (INE); la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV);
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Dios. Es apabullante el tamaño y trascendencia de los protagonistas.
Este bloque está unido para combatir, como su nombre lo dice, la violación a los derechos humanos en materia política contra las mujeres y basado en la Convención de Belém de Pará, busca –esto es lo que debe levantar las antenas–
Evitar la subordinación de la mujer para disfrutar de sus derechos civiles y políticos, inclusive ya como autoridad.
Más claro aún: Incluye dentro de esa violencia, todas las acciones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Es obvio que en ese concepto se incluye una presidencia municipal.
¿Le suena familiar eso?
Bueno, en Tamaulipas dos casos actuales podrían ser valorados dentro de ese protocolo, que ciertamente no es ninguna ley todavía sino sólo un listado de compromisos morales hasta ahora. Me refiero a las alcaldesas Maki Ortiz Domínguez y Magdalena Peraza Guerra, de Reynosa y Tampico, respectivamente.
Las dos damas han librado hasta ahora sendas batallas con las estructuras del poder en diversas trincheras pero muy similares en intensidad, en donde la autonomía municipal de sus respectivas alcaldías ha estado en juego. Si ese protocolo mencionado fuera a estas alturas un ordenamiento, lo que han tenido que pasar estas jefas de comuna ya fuera objeto de controversia conforme a la letra de lo que aún permanece en el terreno de las buenas intenciones, pero en vías de llegar al imperio de la ley.
Tal vez, dadas las condiciones informales de ese documento, muchos puedan hacer como que la virgen les habló y no ponerle atención al mismo, pero en la opinión de su servidor no sería una buena idea.
Los ojos de un Tribunal federal, de la SEGOB, de la FEPADE, del INE y de otros cuatro organismos de primer nivel estarán puestos en esas reacciones. Y no creo que les aplaudan si se pasan esas observaciones por el arco del triunfo.
No. Las damas no están solas…
Pesadilla
El anuncio de la Secretaría de Seguridad Pública de que revisarán a todos los agentes de la Policía Estatal pone los pelos de punta.
Son tres mil efectivos. Imagínese: si sus jefes tienen dudas de que son realmente confiables y los volverán a pasar por el cedazo para saber si son capaces de servir para cuidar a la sociedad, el resto de los tamaulipecos debemos ponernos a temblar cada vez que los veamos acercarse a nosotros…
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