CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Son 37 los ex funcionarios que ya se han citado o están en proceso de notificación para aclarar dudas y solventar las irregularidades dentro del proceso de entrega-recepción que concluyó el 30 de noviembre, confirmó el Gobierno del Estado.
A través de un comunicado se explicó que “aun cuando el plazo legal de 60 días ha concluido, la instrucción del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es continuar con las revisiones y auditorías por tiempo indeterminado. Las irregularidades que se detecten darán lugar a los procedimientos administrativos y legales que correspondan”.
La Contraloría Gubernamental elaboró 55 oficios relacionados con el proceso entrega-recepción de los cuales se desprendieron los 37 citatorios. Varias de las comparecencias se han venido ya desahogando y otras más están pendientes de ser cumplidas. Hasta ahora sólo 17 de los ex servidores públicos, especialmente mandos superiores, han atendido a la citación lo cual no los exime de responsabilidades.
En total se citó a ex servidores púbicos de 6 dependencias, 4 organismos públicos descentralizados y de oficinas del Ejecutivo estatal.
En el caso de la Secretaría de Obras Públicas se tiene considerada la comparecencia de 3 ex servidores públicos; 6 de la Secretaría de Educación; 5 de la Secretaría de Salud; 5 de la Secretaría de Finanzas; 4 de la Contraloría Gubernamental; y 5 de la Secretaría de Administración.
Por lo que toca a los organismos públicos descentralizados, 2 corresponden al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo; 2 del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa; uno del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; y uno de la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas.
De las oficinas del Ejecutivo Estatal están considerados 2 ex servidores públicos y uno de Comunicación Social.
El contralor Mario Soria Landero, explicó que en el caso de los funcionarios que acudieron al llamado que se les hizo a través de citatorios para responder dudas y que pidieron plazo para solventar las observaciones, explicó que pueden apoyarse a través de representantes legales, “lo único que ocupan es acreditarlo como lo marca la ley”. Soria Landero apuntó que en el caso de las observaciones que se hicieron como en el área de Obras Públicas en que se denunció el caso de al menos una obra “fantasma” que no se ejecutó, apuntó que es obligación de la dependencia demostrar el dicho.
“Si la dependencia, cualquiera que sea dice que el trabajo, obra o servicio fue fantasma y tiene manera de comprobarlo, entonces no tienen manera de comprobarlo y es entonces que empieza un proceso”.
En este caso, dijo Soria Landero, se deberá analizar el tipo de obra o servicio que se facturó, los montos de la misma y la manera en que este proceso se llevó a cabo para decidir las acciones que se tomarán.
“Pero que de que se inicia algo, sí; si hay una obra fantasma es un insulto a la ciudadanía, porque el dinero no es de nadie más que de la ciudadanía, no es de un particular, el gobierno lo administra nada más”.