Esta semana hubo una serie de acontecimientos dignos de ser considerados por si mismos y por el impacto que tendrán en lo que resta del mes y en el inicio de 2017.
Luego de una tensa calma durante octubre, en noviembre y diciembre se reanudó y cobró intensidad la escalada de violencia que ha sumido en una interminable crisis de inseguridad a Ciudad Victoria.
Basta con hacer el recuento de lo que va del mes. En menos de 5 días, la delincuencia organizada había cobrado la vida de 14 personas, con probables repercusiones en otras partes del estado como Nuevo Laredo y Ciudad Mante.
Además, en esta semana, la Secretaría de Seguridad Pública dio de baja a 70 elementos de la policía estatal luego de no pasar las pruebas de confianza que constantemente se les aplica para su continuidad. El anuncio se da bajo el contexto de la participación que tuvieron elementos en activo en el asalto a una refaccionaria de la capital tamaulipeca.
Resulta preocupante que de manera abrupta se den de baja a elementos que fueron adiestrados para el manejo de armas y tácticas, más si la autoridad asegura que no se les da un seguimiento para saber sobre su paradero y actividad póstuma a su despido. Si en activo elementos de la policía cometieron delitos, ¿qué se puede esperar tras su despido?
El proyecto de mando único se encuentra al borde de la extinción y desde la Secretaría de Seguridad Público se guarda un hermetismo sobre el destino que tendrán los más de tres mil elementos que la forman.
Desde su creación, la policía no ha logrado una acción concreta en el combate al crimen organizado y tampoco lo ha hecho en funciones preventivas. Hasta la fecha, los operativos realizados para retirar carros americanos, y los patrullajes en colonias y zonas residenciales son realizados por el Ejército.
Pero las Fuerzas Armadas han sufrido un desgaste institucional en diez años de combate frontal a la delincuencia organizada.
La declaración del General Salvador Cienfuegos tuvo un fuerte impacto en la opinión pública nacional al asegurar que el Ejército está inconforme porque se ha desnaturalizado su principal función como institución: defender la soberanía nacional.
Las palabras del titular de Sedena alertaron al presidente Enrique Peña Nieto, a la clase política y a la iniciativa privada. Justo cuando se intenta dar un mayor marco jurídico a las Fuerzas Armadas para que realicen las funciones de Seguridad Pública, el Ejército mexicano se declara cansado de una
guerra sin final y el deseo de regresar a los cuarteles.
Y fue a partir de 2014, con el caso Tlatlaya que por primera vez se mostraba un lado vulnerable de las Fuerzas Armadas y sus limitaciones en funciones de Seguridad Pública: el abuso a los Derechos Humanos.
Es a partir de esa fecha también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace un análisis de las tareas realizadas por el Ejército, la Marina Armada y la Policía Federal, en los operativos de combate a la delincuencia organizada, lo que generó escozor al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales.
Hasta esa fecha el tema de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no habían hecho eco a nivel internacional. El hecho de que el Ejército fuera involucrado, aunque luego desmentido, en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero, dejó en duda
entre la opinión pública si la milicia, en su afán de combatir al crimen afectaba también a la ciudadanía.
Pero el involucrar a la tropa en resolver problemas que no le conciernen más allá de ser objeto de crítica a la milicia demuestra la debilidad institucional que sufre el Gobierno civil en México.
Resulta inverosímil que a la fecha el Ejército aplique el Plan DN-III-E en desastres naturales, cuando una institución como Protección Civil debería de tener la suficiente capacidad de acción e infraestructura para enfrentar el problema.
O sucede lo mismo en otras labores como la detección y destrucción de sembradíos de drogas como la mariguana y la amapola, una labor que debería de realizar la Procuraduría General de la República, la única institución que opera en su totalidad, a diferencia de las estatales que prácticamente se mantienen inoperantes al no contar con los suficientes elementos o al no dilatar la aplicación de las pruebas de confianza a su personal.
Como ejemplo se encuentra Tamaulipas que no ha logrado aplicar el Nuevo Sistema de Justicia Penal porque se heredó del régimen anterior una Procuraduría sin pies ni cabeza, lo cual ha complicado el arranque a las nuevas autoridades.
Y en materia de Seguridad Pública, mientras el Gobierno en sus tres niveles no logre un verdadero acuerdo de cómo manejar el tema, el Ejército es necesario.
Mientras no se defina si los mandos policiacos serán estatales o municipales son necesaria las Fuerzas Armadas.
Mientras no se defina si Seguridad Pública debe de ser una secretaría independiente y no pertenezca a Segob, son necesarias las Fuerzas Armadas.
Si en las fronteras no se revisa con rigurosidad que no entren armas procedentes de los Estados Unidos, son necesarias las Fuerzas Armadas.
Si los gobierno estatales no definen bien a sus policías y continúan con el desvío de recursos para Seguridad Pública como sucedió el sexenio pasado, son necesarias las Fuerzas Armadas.
Mientras no se de la suficiente protección institucional al aspirante a Policía para contar con un salario digno y prestaciones de Ley y que no les
interrumpan el sueldo por un año, son necesarias las Fuerzas Armadas.
Y mientras no exista una coordinación entre los tres niveles de Gobierno sin politizar en el trayecto esta prioridad, son necesarias las Fuerzas Armadas.
Al final, los gobiernos estatales y a nivel federal en diez años de combate frontal al crimen organizado sufren el mismo problema que tuvo Felipe Calderón cuando lo inició en Michoacán: no hay claridad sobre qué hacer para enfrentar los desafíos cada vez mayores de la delincuencia.
Un refugio llamado Morena
Desde la abrupta caída del priismo en Tamaulipas existe una anarquía entre sus grupos que le han impedido designar a un líder en común y operar como la segunda fuerza electoral que es.
Por si fuera poco, entre el priismo existe una desbandada de personajes que ha encendido los focos rojos de su militancia: por una parte personajes como Heriberto Ruiz Tijerina coquetean con el panismo para darle su respaldo total al gobernador y por otro, la huida de priistas a Morena.
La figura de Andrés Manuel López Obrador en el pasado asustaba a los priistas, lo acusaban y aún acusan de antisistema pero aún así es una figura cómoda para dar golpeteos al panismo y a su propio partido.
Tal es el caso del ex candidato a la diputación por el PRI Lalo Gattás. El victorense no tuvo el respaldo de su partido ni de su grupo y acorralado se refugió en el movimiento obradorista para continuar con su talacha política.
Ayer en la visita de López Obrador a Victoria, el hijo del fallecido ex gobernador Américo Villarreal Guerra, Américo Villarreal Anaya, se unió a Morena.
La salida de una figura como la del hijo de Américo representa un duro golpe al priismo, más por ser el único ex gobernador de la historia reciente del estado que no ha sido cuestionado por ninguna autoridad mexicana, ni de Estados Unidos.
Américo Villarreal padre además, vivió como ex gobernador en la tranquilidad de su hogar en Ciudad Victoria. Una figura y una familia que le dará a Andrés Manuel la suficiente autoridad y presencia para ganar más adeptos al movimiento.
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