Si la advertencia de toma de posesión como gobernador de Francisco Javier García Cabeza de Vaca de que no habría borrón y cuenta nueva y que los que se fueron de gane con el erario la pagarían causó escozor, el anuncio de la contraloría estatal de que al menos tres denuncias serán presentadas ante la procuraduría contra ex funcionarios públicos corruptos, seguramente echará a perder la cena de la noche a buen número de los presuntos involucrados.
Y como el anunciante, Mario Soria Landero, no dio nombres ni mencionó la dependencias en la que los autores de las irregularidades prestaban sus servicios, tampoco si se trata de servidores públicos de elección popular o administrativos, quienes tienen cola que les pisen ya deben de haber tomado las providencias del caso, huir o contratar un buen abogado para enfrentar el eventual proceso y ponerse a salvo de cualquier acción de la justicia.
De acuerdo con la información del contralor, el gobierno del Estado ha detectado expedición de cheques y depósitos en tarjetas en beneficio de titulares identificados, a los que no se encuentra por ninguna parte, no obstante que los recursos de las operaciones se ejercían y se cobraban, actos que tipifican los delitos de sustitución de identidad y peculado, entre otros
¿Quiénes son los autores de las corruptelas?
No se sabe, sin embargo, parece que la idea de hacer pública la noticia fue solo para alterar los nervios a los implicados y echarles a perder las fiestas de la navidad y el fin de año ya que la revelación de los supuestos inculpados se hará cuando se interpongan formalmente las denuncias a las autoridades de procuración de justicia para que inicien las pesquisas correspondientes.
Mientras tanto, el que, además de poner en aprietos al PRI, está a punto de demostrar que el descaro y las desvergüenza no tienen límites en México, es el ex dirigente nacional del partido político, Humberto Moreira Valdez.
La causa, que, si es cierto lo que se dice en los círculos políticos de la capital del país, el también ex gobernador de Coahuila estaría moviendo sus influencias para volver a los escenarios políticos, esta vez como aspirante a candidato a diputado por uno de los distritos de su estado natal, que gobierna, por cierto, su hermano Rubén.
¿Le darán el visto bueno en los Pinos? Por supuesto que no.
El motivo, que confirmaría lo que todo mundo sabe, que el pretendido combate a la corrupción que lleva a cabo el Revolucionario Institucional, por el que ya ha expulsado de las filas priistas a varios ex gobernadores, entre ellos a Javier Duarte de Ochoa, y ha suspendido los derechos partidistas a otros implicados en la comisión de delitos en agravio del erario público, como Ricardo Borge Angulo, es una nueva versión de dar atole con el dedo.
Para desactivar las pretensiones políticas del profesor seguramente le advertirán que si no se olvida de ellas, le harán efectivas las acusaciones que hasta ahora el coahuilense ha eludido, gracias a la protección del tricolor.
En tanto se sabe cuál es el desenlace del asunto, los militantes del ex invencible siguen presionando a las cúpulas para que se inicie el proceso de elección del nuevo jerarca priista de Tamaulipas. A las exigencias expresadas semanas atrás por el dirigente del Movimiento Territorial, Humberto Valdez Richaud, se sumaron las del ex diputado federal Enrique Cárdenas del Avellano, las cuales, según informó la presidenta interina, Aida Zulema Flores Peña, fueron turnadas a la comisión de procesos internos o lo que es lo mismo al cesto de los papeles.
El vástago del ex gobernador Enrique Cárdenas, como es del dominio público, forma parte de la cada vez más larga lista de aspirantes a la presidencia del comité directivo estatal en la que figuran Alejandro Guevara Cobos, Manuel Muñoz Cano, Juan Alonso Camarillo, Heriberto Ruiz Tijerina, Edgardo Melhem Salinas, Erasmo González Robledo y Roberto González Barba, entre muchos otros.
La decisión de extender otros dos años el juicio a que dio lugar el llamado “Puente Roto” de Altamira, por otra parte, decretada por el juez que conoce del caso con el argumento de que las partes en pugna, la API y la empresa constructora, no aportaron pruebas concluyentes para emitir una sentencia definitiva, demuestra que, cuando hay influencias y están juego intereses poderosos, encontrar responsables es prácticamente imposible.
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