A la tradicional cuesta de enero que las crisis recurrentes de las últimas décadas convirtieron en pendientes anuales, el gobierno decidió dar a los mexicanos un nuevo regalo del año nuevo que seguramente nunca olvidarán, la liberación de los precios del diesel y la gasolina y el consecuente encarecimiento de los combustibles que esta traerá consigo.
Aunque para atenuar el golpe que esta medida asestará a la economía popular, la Comisión Reguladora de Energía ha establecido un cronograma que flexibilizará las alzas, al término del 2017 nadie se escapará de los incrementos de la escalada alcista y del efecto dominó que ésta originará a productos y servicios.
Para empezar, las correspondientes al transporte, luego los fletes y todos los artículos de consumo que transportan, es decir, todo.
Son las consecuencias, las autoridades les llaman beneficios, de la reforma energética que el régimen del presidente Enrique Peña Nieto dejará a los gobernados, especialmente los votantes, para que se acuerden de él y del PRI, especialmente en las elecciones estatales del 2017 y presidenciales del 2018.
De acuerdo con el cronograma aludido, la liberación de los precios de los combustibles se empezará a aplicar en Tamaulipas, igual que en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Gómez Palacio, a partir del 15 de junio. Sin embargo, todo indica que la carestía no se sentirá por regiones ni por fechas, desde el momento en que los vehículos de los productores empiecen a pagarlos los cargarán a los precios para que, como siempre ocurre, los paguen los consumidores.
¿Cuál sería el criterio que utilizó el gobierno federal para aplicar el aumento a los energéticos en los Estados de México, Coahuila y Nayarit, en los que se elegirán nuevos gobernadores, así como del de Veracruz, en el que serán renovados únicamente los ayuntamientos, hasta el 30 de noviembre, cuatro meses después de los comicios programados para el 4 de junio?
¿Sería estrictamente económico? Se las dejamos de tarea.
De cualquier manera, la irritación social que ha desatado el sólo anuncio del encarecimiento, va a reflejarse negativamente, en mayor o menor medida, en las votaciones. Los electores no dejarán pasar la elección de los nuevos gobernantes sin cobrarle la factura al partido político que gobierna el país.
Pero si el panorama político para el PRI luce adverso a nivel nacional, en Tamaulipas no es diferente. La debacle electoral del 5 de junio ahondó a tal punto las pugnas y divisiones al interior del instituto político que la retrasada designación del nuevo jerarca estatal las ha agravado aún más.
Y si los ex gobernadores Egidio Torre Cantú y Eugenio Hernández Flores no aceptan que fueron los principales responsables de la derrota e insisten en colocar en la cúpula priista estatal a un elemento de sus confianzas, lo único que van a conseguir será resquebrajar aún más a la agrupación, ya que para las bases partidistas los grupos de ambos ex fueron son los causantes del descalabro de Baltazar Hinojosa Ochoa y de que el ex invencible perdiera también la mayoría en el Congreso del Estado y varias de los principales municipios de la entidad.
Irónicamente, las reformas constitucionales, que tanto presumían los priistas y que tantos elogios le valieron al señor de los Pinos en el extranjero, ahora tiene al organismo al borde del colapso.
¿A qué obedece el inusitado interés de las autoridades del IETAM en ayudar a los prospectos a candidatos independientes, cuando antes parecían más interesadas en desalentar la proliferación de los aspirantes sin partido?
¿Será acaso para incentivarlos o en previsión de que el gobierno o alguno de los partidos mayoritarios recurran a ese tipo de opciones electorales como estrategia para dividir los votos de los adversarios?
La alcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz Domínguez, por otra parte, entregó al Congreso del Estado un nuevo y detallado informe acerca de los procedimientos que observó para el nombramiento de algunos funcionarios administrativos que le había exigido el órgano legislativo.
Falta ahora saber si la Junta de Coordinación Política, que revisará el documento en fecha próxima, le da el visto bueno o si, como ocurrió con el reporte anterior, al que incluso calificó como una falta de respeto al poder, vuelven a considerarlo insuficiente y lo rechazan.
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