El ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, debe de estar agradecido de que la invitación al ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a platicar con el presidente en la residencia de Los Pinos lo haya sacado del gabinete presidencial ya que esa desafortunada ocurrencia le ha ahorrado la tarea de salir a dar la cara para justificar los gasolinazos que tienen indignado al país.
Pero sobre todo a hacer el papel de tonto que le ha tocado desempeñar a su sucesor en el cargo, Juan Antonio Meade, a quien, como dicen en el pueblo, le ha tocado bailar con la más fea, función que estaba reservada para el mexiquense, si hubiese continuado al frente de la dependencia responsable de las finanzas.
Por más esfuerzos realizados por el mencionado en primer término para tratar de encontrarle el lado amable o el menos negativo al alza de los combustibles, lo único que ha conseguido con la conferencia de prensa que organizó para explicar los motivos del incremento fue exasperar aún más las reacciones de malestar y rechazo generalizado de la sociedad a la medida.
Y es que a nadie convence que siendo México un país petrolero, la gasolina y el diesel no solamente sean más caros que en naciones que carecen de hidrocarburos, sino que haya desabasto y mucho menos que el problema se atribuya al robo del energético y al aumento de la demanda.
O que salga con el cuento de que el encarecimiento del combustible nada tiene que ver con la reforma energética.
Pero en tanto que el buen Meade se gana el desprecio popular, factor que reduce al mínimo los bonos de presidenciable, no es remoto que el error que costó a Videgaray el cargo hacendario le ayude ahora a reconectarse de nueva cuenta al equipo del presidente Enrique Peña Nieto, quizá como enlace o representante del primer mandatario ante el próximo presidente de gringolandia.
No hay que olvidar que, tras la salida del Hacienda, el economista egresado del ITAM fue elogiado por el sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca. “México, dijo el magnate norteamericano, perdió a un ministro de finanzas brillante y a un maravilloso hombre que es respetado por el presidente Peña Nieto, con el que se habrían logrado tratos justos y beneficiosos para México y los Estados Unidos”.
Como reza el dicho popular, no hay mal que por bien no venga.
Pero si el alza de la gasolina tiene indignados a todos, el colmo de los colmos es que ahora el papá de Rubí, Crescencio Ibarra, y el hermano de éste, Pedro, pretendan aprovechar la popularidad que les dio la fiesta del cumpleaños de la hija y sobrina y vayan a buscar las candidaturas de alcalde, el primero del municipio de Villa Guadalupe y el segundo del de Charcas, San Luis Potosí.
Y lo peor que como, además de panistas, son los parientes de la quinceañera más famosa, Acción Nacional vaya a facilitarles las siglas de la agrupación y la camiseta para que disputen los ayuntamientos en los próximos procesos electorales.
Parece que con que el ex futbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco, sea presidente municipal de Cuernavaca, es suficiente.
Otro hecho que nadie entiende es que, en tanto que por una parte se les han puesto trabas legales excesivas que desalientan la participación de los candidatos independientes en los procesos políticos, ahora las autoridades electorales de Tamaulipas se dedican a promoverlas, especialmente entre las mujeres.
Y hasta que se reunen con los interesados para pedirles que no se desanimen y le entren a las futuras competencias.
¿Será acaso porque los partidos mayoritarios y especialmente los que gobiernan el país, los estados y municipios recurrirán a esas opciones como estrategia para dividir el sufragio o para eludir el rechazo ciudadano a los partidos políticos en la disputa de los cargos públicos?
No se sabe, pero sería mucho mejor que, en vez de animarlos, suavizaran o hicieran menos difícil cumplir con los requisitos fijados por la ley para disputar un cargo de elección por la vía independiente, como recabar el elevado porcentaje del padrón de electores, el corto plazo que otorga para conseguirlas con sus propios recursos, sin acceso a los medios ni recursos públicos, constituir una asociación civil y acudir ante el gobierno y un notario a pagar los 6 mil pesos que eso significa.
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