Como en forma dramática sucede en nuestro país, se suele tapar un pozo después de que el niño se ahoga.
Y en esta ocasión no es un simbolismo literario y está muy lejos de ser una frase más del anecdotario. Hoy, precisamente por lo que se expone en primer término, un niño murió y otros están graves junto con su maestra.
Los hechos ya los debe conocer usted. Se registraron en Monterrey en un colegio de alto nivel económico y sería ocioso y hasta imprudente referirlos en estas líneas. La gravedad del doloroso saldo domina como para volver a vivirlos en el papel.
Lo que no puede pasarse por alto es lo profundo que cala ya en el tejido social, hasta en familias en teoría sustentadas en valores, la violencia armada y las consecuencias de ésta. Afecta desde hace mucho a la sociedad entera, pero que sume a sus víctimas a quienes apenas empiezan a vivir, enciende la sangre de indignación y hunde el ánimo por el pesar.
¿Hasta cuándo van a decidirse las autoridades, sean educativas o policíacas, a aplicar una auténtica y rígida, revisión del equipamiento escolar?
¿Hasta cuándo van a dejarse llevar esos mandos por las protestas de padres que consideran una violación a los derechos infantiles esas inspecciones y rechazan esos filtros?
Por el amor de Dios, son las vidas de los pequeños, de sus maestros y hasta de los propios jefes de familia las que están en vilo. En estos momentos cualquier alumno puede portar en su mochila un cuchillo, navaja y hasta una pistola –la tragedia mencionada lo confirma– porque no existe el menor intento de supervisar lo que los niños y jovencitos introducen a los planteles.
¿Cuántas pérdidas de vida más se necesitan para actuar?
Ojalá que ninguna más. Ojalá que por fin se convenzan quienes daban hacerlo, los padres de familia incluidos, de que desde hace mucho tiempo debería haberse actuado en ese sentido. Quizás no estaríamos lamentando tragedias como la sucedida en el vecino Estado. Hasta ahora, sólo la DGTA se ha pronunciado en ese sentido.
En el mismo escenario, coincido plenamente en el mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su capítulo 17 prohíben difundir nombres, rostros y escenas de los menores involucrados en hechos delictivos. Al drama sufrido no debe agregarse el escarnio público cuando se trata de protagonistas de esas edades.
Pero es mi opinión también que al lado de ese ordenamiento se hagan documentales, promocionales, avisos, orientaciones, como usted les quiera llamar, que con imágenes descriptivas –respetando la ley– concienticen a los alumnos sobre los riesgos que corren. Una frase periodística asienta que una imagen convence mucho más que mil palabras y en este caso no sería la excepción.
No se trata de exhibir videos de terror o de hacer apologías de la violencia, sino de mostrar a esos pequeños que su integridad física y hasta sus vidas corren peligro y que deben denunciar acciones sospechosas de compañeros, maestros o empleados, sin excepción. Tal vez el alumno que lamentablemente falleció por su propia mano no hubiera llegado a esos extremos si sus compañeros de clase o sus profesores hubieran advertido a tiempo las seguras señales de perturbación que previamente la víctima debió presentar.
Aun es tiempo de salvar muchas vidas. No caigamos nuevamente en la nefasta costumbre de olvidarnos de una tragedia a la semana de transcurrida ésta. Aún estamos a tiempo. Por favor, no lo desperdicien…
Orientaciones
Dentro de las acciones para ayudar a los niños y jovencitos a entender lo que para muchos de ellos es inexplicable e injusto, me parece que una de ellas son las pláticas motivacionales que lleva a cabo el DIF municipal para madres adolescentes, que también son un derivado de la desintegración familiar.
Es un buen deseo que ese tipo de pláticas se lleven a cabo también para prevenir la violencia en las escuelas…
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