Por dónde quiera vérsele, claro que Donald Trump si amenazó a Peña
Pero desde Los Pinos se asegura que sólo se trató de una sugerencia
Durante un siglo, nuestra Constitución Política ha sido vilmente vejada
Reducir el número de legisladores plurinominales no es un idea nueva
Hace días un despacho informativo de Associated Press (AP) exhibió de nueva cuenta a Donald John Trump como enemigo natural de México, al revelar la advertencia que le hiciera (vía telefónica) a Enrique Peña Nieto de enviar tropas a nuestro país, para según él detener gente mala si las fuerzas armadas no hacen un mayor esfuerzo para contenerlos.
No pasó ni una hora de divulgada esta versión –miércoles 1 del mes en curso–, para que el vocero presidencial de México, Eduardo Sánchez Hernández, tratara de desmentirla a través de la prensa bajo su control y, por supuesto como está de moda con reacciones en las redes sociales como facebook, twitter, youtube, whatsapp y demás.
Él aseguró que: “Es absolutamente falso que el Presidente (Donald) Trump haya amenazado con enviar tropas a México”.
Sin embargo, el vocero de la Casa Blanca (Sean Spicer) nada opina todavía al respecto, pero se hizo circular la versión de que hubo ‘un muy alto funcionario’ ¿aún anónimo? de la misma sede, quien igual considera una mentira lo expuesto por la agencia noticiosa, pero ocultando siempre su identidad.
¿Y cómo creerle si ni siquiera ofrece su identidad?
Obviamente, esto produjo una aclaración pública, por parte de quien aparece como autora de un reportaje intitulado ‘Proyecto-Puente’ –Dolia Estévez–, pues grabó en su trabajo esta afirmación de Trump: “Estados Unidos no necesita a México”.
Y otras.
Ahí, se queja el mandatario yanqui de que: “los mexicanos no están haciendo bien su tarea en el combate al narcotráfico”, sugiriendo que tal vez tenga qué enviar tropas estadounidenses para que asuman la tarea contra el crimen organizado”.
Esta cita causó tan severa irritación al Gobierno mexicano, hasta el grado que el canciller (Luis Videgaray Caso) rehusó que fuera cierto y al respecto espetó que el reportaje estuvo basado en absolutas falsedades y con evidente mala intención.
No obstante se le vino en cascada un mar de precisiones de medios informativos de todo el mundo dando como buena la versión de AP.
¿Y cómo no habría de ocurrir así, cuando Trump, desde siempre, ha destacado la tibieza del gobierno mexicano para enfrentar (y combatir) la delincuencia, hasta el grado de acusar que el crimen organizado también ha penetrado las más altas esferas del poder?
Afrenta
En los 50 meses que Enrique Peña Nieto ha ejercido el Poder Ejecutivo Federal, ha promovido ante el Congreso de la Unión tantas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la verdad ya hasta se perdió la cuenta del número de veces ha alterado el texto y sus leyes secundarias.
Para él lo más importante es destacar las bondades de sus reformas económica, fiscal, energética, educativa y otras, que a nada bueno llevan al país por una mala estrategia en su ejecución.
Y por eso este día, justo al conmemorarse el 160 aniversario de la promulgación de la Carta Magna de 1857, y el centenario de la de 1917 (que aún está vigente), Enrique Peña Nieto aprovecharía la ocasión para (re)plantear la necesidad de redactar un nuevo documento, porque el actual (ya) resulta anacrónico.
Pero no sería propuesta original suya. Ni tampoco la panacea que alivie las enfermedades que padece el sistema político mexicano.
Sin embargo y en el aventurado entendido de que el grueso de la sociedad nos pusiéramos de acuerdo para modificar la ordenanza, el señor de Los Pinos estaría obligado a ser el primero en respetarla y no malinterpretar su contenido, como lo ha demostrado durante su régimen.
Él ha comentado que es impostergable reformar completamente el contenido del documento para construir una nación democrática donde impere la libertad y la justicia, pero no ha argumentado, puntualmente, cuáles son las fallas, omisiones u obsolescencias que, desde su muy particular punto de vista,
presenta la que aún rige el destino del país, aun cuando éstas han sido señaladas una y otra vez por experimentados constitucionalistas que, al abordar el tema, sí ofrecen fundamentos sólidos del por qué es ineludible el cambio.
Documento vigente
Nuestra Constitución Política vigente es la ley más importante que se ha escrito a lo largo de la historia de México. Nos dice cómo debemos comportarnos, vivir juntos en el territorio nacional y encontrar soluciones a nuestros problemas. También es muy clara cuando refiere cómo debe funcionar nuestro sistema de gobierno.
Igual establece que los mexicanos somos libres y que podemos decidir cómo nos queremos gobernar, así como nuestra independencia respecto a otros países –de ahí que se diga: la soberanía reside en el pueblo–, nos indica cuáles son nuestros derechos y obligaciones; da pie a que se creen reglamentos, y, bajo ningún motivo ni circunstancia otorga al Presidente en turno un poder omnímodo como el que Enrique hoy detenta.
Nuestra Carta Magna cuenta con 136 artículos divididos en nueve títulos y 10 capítulos relacionados con las garantías individuales; la soberanía nacional y la forma de gobierno; la división de poderes; las responsabilidades de los servidores públicos; los estados de la Federación y el Distrito Federal; el trabajo y la previsión social; las prevenciones generales; las reformas a la Constitución; y la inviolabilidad de sí misma.
Su creación es el resultado de la convocatoria que en septiembre de 1916 hiciera Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, que se instaló en asamblea el 21 de noviembre de ese mismo año en el teatro Iturbide en Querétaro.
Luego de elegir a la mesa directiva (el día 30), Carranza entregó su proyecto de Constitución Reformada el 1 de diciembre del mismo año; el día 6 se designa la Comisión de Constitución que trabajó en el recinto legislativo, y ahí mismo se tomó protesta y firmó la Constitución de 1917, quedando oficialmente en lugar de las de 1814, 1824 y 1857, siendo promulgada el 5 de febrero de 1917; y entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año.
Punto de partida
Desde su promulgación y hasta la fecha, inclusive, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido cualquier cantidad de modificaciones; y el 75 por ciento de sus artículos ha sido alterado cuando menos una vez.
A este respecto vale la pena citar lo que en vida sostenía el ideólogo Jesús Reyes Heroles:
“Nuestra Constitución no es un punto de llegada, es un punto de partida; es un texto fundamental que ayuda a transformar una realidad, y que, acatando su propio espíritu, se ha modificado y puede seguir modificándose para regir nuevas realidades, para incorporar en ella nuevos ideales, nuevos métodos de acción, nuevas técnicas exigidas por la complicada sociedad de nuestros días.
“La Constitución de Querétaro corresponde a lo que contemporáneamente se llama una ‘Constitución de Evolución’.
“Conteniendo en su seno auténticas relaciones sociales, cambiantes por su esencia, responde con vitalidad orgánica a estas mutables relaciones, tiene significado esencial y sentido primordial ajustable a nuevas exigencias y facilita, dentro de la legalidad, dentro de nuestro régimen de derecho, llenar sus lagunas y anticiparse a nuevas situaciones.
“Por esta naturaleza intrínseca de nuestro texto constitucional, podemos hoy revolucionar en la legalidad, modificando las leyes con las leyes, el derecho con el derecho y las instituciones dentro de las instituciones y siguiendo, precisamente, medios institucionales”.
Reformas reformadas
“A pesar de que (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) fue la primera en el mundo en garantizar los derechos políticos y sociales, además de los individuales, ésta ya fue rebasada por otras; y poco a poco la política económica neoliberal del gobierno está haciendo que pierda su esencia social y el espíritu por el que fue creada”, dice el estudioso constitucional José Capetillo Trejo.
Y refiere irónico: “Han sido tantas las reformas que se le han hecho a la Constitución, que con todas ellas tal vez hasta podrían haberse hecho otras dos”.
Con Capetillo Trejo coinciden otros especialistas como Ricardo Eloy, Roberto Gutiérrez Barcia, Clemente Valdés S., Macedonio Vázquez Castro y José Ramón Cossío Díaz, quienes además se adelantaron para exhibir (aunque sin querer por el tiempo y circunstancias), claramente, la esencia de la pretensión presidencial:
“El problema fundamental no está en el texto constitucional, sino en la práctica jurisdiccional de todos los días. Así, al inicio de cada sexenio los presidentes en turno han emprendido una serie de reformas constitucionales que tienen como objeto implementar sus programas de trabajo. Por tanto, no son normas jurídicas (lo que proponen). Son reglas políticas de un momento determinado”.
Todavía así el señor de Los Pinos quiere a través de sus nuevas reformas constitucionales acotar los derechos sociales e individuales que garanticen la libre manifestación de las ideas, el acceso a la salud y a la educación, vivienda, trabajo y alimentación; un nivel digno de vida, la libertad de tránsito y asociación, entre otros.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿O no?
Ya ve Usted el daño profundo que le ha hecho al país con sus mentadas reformas…
En fin, hoy trataría de ultrajar otra vez a la Carta Magna.
Plurinominales
La supresión de 132 legisladores plurinominales (100 diputados y 32 senadores), propuesta por Enrique Ochoa Reza, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, es la misma que su antecesor, César Camacho Quiroz, hizo en agosto de 2004, aunque la línea fue dictada desde el 21 de octubre del 2011 por Enrique Peña Nieto, cuando todavía siendo candidato presidencial participó en un foro priista, intitulado: ‘Por una gobernabilidad democrática y un Estado social de derecho’.
Ahí expuso: “Con la eliminación de los plurinominales se garantizará la participación de las minorías; y un mayor espacio a la construcción de mayorías legislativas”.
En concreto propuso eliminar cien curules (del Palacio Legislativo de San Lázaro), “pues eso –advirtió–, provocaría un Estado más eficaz, una mayor funcionalidad en el Congreso, y que los mexicanos paguen menos por el costo que representan…”
En las elecciones del 2012 ni en las del 2015 pudo aterrizar su idea, pues se encontró con el rechazo de los partidos políticos.
Por ello no me extraña que el dirigente tricolor hoy replantee el tema que ha sacudido a la oposición, aún cuando desde hace seis años se les advirtió que serían eliminadas un centenar de curules (de representación proporcional), así como el 25 por ciento de los escaños senatoriales.
Esto me lleva a recordar que sobre la conveniencia o inconvenientes de sostener en la práctica legislativa las posiciones plurinominales, se ha expuesto un mar de comentarios y análisis.
Más en contra que a favor, pero la autoridad en la materia –Instituto Nacional Electoral (INE)–, cuando era IFE y durante años se negó a escuchar (¿por comodidad?) esas voces, y dar paso a las discusiones en el desarrollo de su ejercicio.
Sobre este particular, el investigador Evaristo Garza Mayagoitia sostiene que al excluir las diputaciones plurinominales se podría alcanzar un beneficio económico y social en la estructura del país.
“Si logramos llevar la eliminación con una estrategia adecuada, donde la Cámara baja funcione sin diputados plurinominales, se provocará una mayor representación de los intereses del pueblo mexicano y no de los partidos políticos”, dice.
Y ahonda sobre el tema:
“Por otro lado se podrá llegar a la toma de decisiones de forma más rápida y sencilla, mejorando la calidad legislativa y ahorrando tiempo en discusiones obsoletas por falta de acuerdos entre la gran cantidad de diputados (500)”.
Su estudio abarca disciplinas de índole legal, legislativa, electoral y administrativa, entre otras, por lo que deduce que el sistema actual de la Cámara de Diputados utilizando específicamente la participación de los legisladores plurinominales, genera una serie de deficiencias administrativas notorias, las cuales no se apegan a los fines del Poder Legislativo.
Merced a lo anterior, sugiere:
“Se debe realizar un análisis profundo sobre los verdaderos beneficios de eliminar a los diputados plurinominales, para que de esta manera podamos llegar a tener una Cámara de Diputados y, por lo tanto, un Poder Legislativo más eficiente en beneficio de la mayoría de los mexicanos”.
Sobre todo convencido de que los diputados plurinominales no tienen una verdadera representación poblacional, sino que son, simple y llanamente, marionetas de sus partidos.
Así lo es.
E-m@il
jusam_gg@hotmail.com