CIUDAD MADERO, Tamaulipas.- A trescientos millones de pesos, ascendería el recurso que no comprobó la administración de Mario Alberto Neri Castilla, cuya cantidad se les descontaría al actual gobierno por medio de las participaciones federales.
El secretario del Ayuntamiento, Juan Torres Sáenz, dio a conocer que la próxima semana la Auditoría Superior de la Federación les entregará el acta final de la revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
“Se espera que se le dé seguimiento, que se esclarezca y los delitos que resulten que se aplique la ley como debe ser y vamos esperar el término de la auditoría, que nos den las cifras finales y sí se habla de 250 millones de pesos.”
El gobierno de Madero, denunció el pasado lunes por el delito de peculado al ex presidente Neri Castilla, a su tesorero Fernando Rivera de la Torre y al secretario del ayuntamiento, Sergio López de Nava.
“La auditoría ya terminó, solo estamos a la espera de que nos den un acta de observaciones, creo que será la próxima semana cuando se entregue el acta y nosotros tenemos la obligación de notificar cualquier situación, cualquier desvío y cualquier situación anómala como en este caso”.
Torres Sáenz indicó que una vez concluida la auditoría medirán la afectación financiera a la administración , “de hecho se presentó la denuncia por cuanto hace a la documentación que hace falta, es la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto”.
“Hay riesgo que nos pidan la devolución de los recursos y el ayuntamiento no cuenta con ese recurso, normalmente se van sobre las participaciones, son más de 250 millones de pesos, le calculamos por arriba de los 300 millones de pesos”, reveló el Secretario del Ayuntamiento.
Puntualizó que la aplicación de la ley también implica cárcel en caso de ser responsables, ” la afectación es para el ayuntamiento, la aplicación de la ley implica también eso, son programas federales los que se están revisando en la auditoría, ahorita son tres funcionarios los que están denunciados”.
Agregó que por parte de la administración, podrían ser citados a declarar ante la Procuraduría General de Justicia la contralora Diana Fernández Díaz, el director jurídico Roberto Ávalos Flores, así como el tesorero Adolfo Ortiz Flores, y es que son los funcionarios que tienen conocimiento del tema.