CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El rápido envejecimiento de la población de Tamaulipas amenaza al sistema de salud pública, a los sistemas de pensiones, a los niveles de bienestar de las personas y, obliga al Estado, a legislar para que los mayores de 50 años no tropiecen con trabas para ser sujetos de contratación, como en la actualidad, y dejen de desarrollar su aptitud laboral para convertirse en subempleados o en dependientes de sus familias.
En los 15 años de 2000 a 2015 el número de adultos mayores (65 y más años) incrementó un 44 por ciento en Tamaulipas y pasó de significar el ocho por ciento de la población total de la entidad, al 11.5 por ciento, según los datos censales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Entre 2000 y 2015 el crecimiento de la población económicamente activa entre los 15 y los 65 años, tuvo un ofrecimiento del 24 por ciento, de 1.7 millones de personas a 2.1 millones, mientras que la masa de 65 años, que es la edad actual para la jubilación del IMSS, aumentó 43 por ciento.
Además, las estadísticas del Inegi muestran que el porcentaje de personas que fallecen después de los 65 años aumentó en Tamaulipas, de un 52 por ciento del total de las defunciones anuales en 2000, al 56 por ciento del total de los decesos de 2015.
Pese al aumento de las muertes de jóvenes por agresiones o accidentes y un creciente porcentaje de personas con enfermedades degenerativas, la esperanza de vida al nacer en Tamaulipas se elevó en un total de más de un año, es decir, de 74.7 años a 75.8 años promedio, solamente entre 2010 y 2015.
En los últimos dos años el promedio de edad de retiro de los trabajadores que cotizan en el IMSS en Tamaulipas fue de 60 años, lo que significa que tendrán que vivir de su pensión unos 15 años.
Sin embargo, aproximadamente la mitad de los 687 mil habitantes del estado que tienen más de 50 años, no alcanzarán pensión alguna y está destinados a morir trabajando sin recibir más de los 598 pesos del subsidio federal a los adultos mayores y ningún apoyo por parte del gobierno estatal. El
presidente del Colegio Nacional de Actuarios, Carlos Lozano Nathal, consideró que es necesario legislar para otrogar pensiones universales mínimas para población desprotegida y pensiones garantizadas mínimas de carácter progresivo para una correcta redistribución de la riqueza.
En 2017 unas 10 mil personas llegarán a los 65 años en esta entidad, pero para 2030 el número será de 17 mil cada año, lo que obligará a elevar en la edad de jubiliación con el avance de la esperanza de vida.
Los cálculos actuariales realizados para los sistemas de pensiones del Gobierno del Estado, revelan que para 2030 uno de cada seis habitantes de la entidad tendrá más de 65 años y en total, uno de cada cuatro será menor de 50 años.
Además una persona de 65 años que se retire con menos de 500 mil pesos ahorrados en su Afore, no logrará tener en los 11 años de vida como pensionado, ingresos mayores a los cuatro mil pesos mensuales y el promedio actual de quienes se jubilan, no llega a los 400 mil pesos.
Los sistemas de pensiones como en SAR o Sistema de Ahorro para el Retiro, no garantizan los 15 años en promedio que viven las personas luego de su jubilación, mientras el de los burócratas estatales tendrá vigencia hasta 2028, según estimaciones de la calificadora de riesgo, Fitch Ratings, pero el rápido incremento en la esperanza de vida, podría pegarle a este fondo dos a tres años antes.
“De acuerdo con la valuación actuarial más reciente realizada en 2016, por Valuaciones Actuariales del Norte, S.C., arroja una suficiencia hasta 2028”, dice Fitch Ratings.