El Congreso Local, usted debe saberlo ya, aprobó ayer la Ley Anticorrupción del Estado.
El dictamen surgió por unanimidad, presentado como un éxito en el terreno del consenso –no concibo a algún diputado con un ápice de cerebro que se pudiera oponer a esa normatividad– cuando en realidad fue sólo un seguimiento obligado de la legislación ya vigente en el plano federal. De hecho, como lo consigna el propio comunicado oficial, 16 entidades ya se le habían adelantado a Tamaulipas.
Pese a lo anterior, no queda duda sobre la positividad de este acuerdo. Siempre es mejor contar con un marco legal sin disparos a ciegas, en el cual descanse la lucha contra ese vicio dominante en todos los ámbitos sociales, pero en forma especial en los círculos gubernamentales.
Y sin embargo, en este escenario dos aspectos me llaman la atención.
El primero es cuáles serán las instancias administrativas y jurisdiccionales, así las llama el mismo Congreso, responsables de hacer cumplir esa tarea.
Aventuro en ese sentido algunas opciones:
¿Podrían ser los propios diputados los encargados de la aplicación de este nuevo mandato?
Espero que no. El Poder Legislativo aquí y en todo el país es un símil de la bíblica Torre de Babel en donde sus ocupantes parecen hablar diferentes idiomas. Ha quedado claro que quienes integran el Congreso responden a intereses facciosos y políticos que harían más enmarañado este panorama en lugar de aclararlo.
¿Podría ser la Contraloría del Estado?
No parece factible. Es una dependencia que acata órdenes del Poder Ejecutivo y carece de la autonomía para desligarse de una línea a la cual por organigrama le debe obediencia. Siempre estarían bajo la duda sus decisiones.
¿Se integrará un Comité Coordinador como existe en el ámbito nacional?
Sería lo más aceptable y parece lo más probable, pero también la solución más complicada. ¿Por qué?
Por la dificultad para encontrar aquí a los ciudadanos que merezcan esa confianza. Si en todo México no han sido capaces de elegir a un Fiscal Anticorrupción –iniciaron trabajos sin esa figura– imagínese el problema para ponerle nombre y apellidos a una autoridad con ese atributo en esta geografía, tan maltratada en ese terreno.
Como dice Catón: Qué bueno que no soy la confianza porque si así fuera en qué gran lío estaría metido.
Y voy por el segundo aspecto:
Tanto se relaciona la corrupción con el saqueo del erario que parece no dársele la importancia debida a lo relativo a la disciplina, eficiencia y profesionalismo que deben tener los servidores públicos y que esta ley incluye como condiciones, en un homenaje póstumo al ex presidente Miguel de
la Madrid quien aseguraba que la ineficiencia e incompetencia también eran formas de corrupción.
Cuidado funcionarios, con este apartado.
Podrían irse muchos a la calle –incluidos algunos Secretarios o Secretarias– si se aplica a la letra este mandato. Y ahí le dejo, para no ser tomado como agorero del desastre…
Buena señal
Históricamente el sector patronal ha caminado por vías diferentes con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo, en Tamaulipas se advierte cómo se pueden encontrar coincidencias en las divergencias en ese terreno. La COPARMEX de Reynosa es el ejemplo.
La dirigente de ese gremio de la IP, Sandra Guardiola Sáenz, ha establecido una relación institucional con el IMSS a través de su Delegado estatal, Roberto Hernández, que va más allá de la cordialidad y las buenas intenciones y se adentra en la suma de esfuerzos para hacer cada quien un mejor trabajo.
La reunión formal sostenida el martes pasado en esa frontera, una de las más importantes para el Seguro Social del Estado por el número de derechohabientes que contiene, es una prueba de lo anterior. Y Reynosa sigue siendo la punta…
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