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Columnas: Columna invitada

Profesionalización del servicio público

/ 20 de Abril, 2017 / Eduardo Manuel Trujillo Trujillo

¿Qué le ha faltado a la democracia mexicana?

¿Cuál es el elemento ausente en la democracia mexicana, que ha impedido la eficacia a la vía democrática?

La respuesta pasa por los múltiples estudios que se han llevado a cabo en un intento por responder adecuadamente a esta interrogante; entre ellos destaca el Estudio País sobre La calidad de la ciudadanía en México, en el cual se señala que sólo el 31% de los mexicanos cree o respeta las leyes del país mucho o algo.

Otro dato que llama la atención es que solamente el 44% de los connacionales considera más importante el respeto a los derechos humanos que la captura de personas acusadas de cometer algún delito, o que solamente un 39% denuncie la comisión de algún delito pues 63% señala que no sirve para nada hacerlo, y un 52% manifiesta que no denuncia por falta de confianza en las autoridades.

No obstante, queda claro que la lucha por el poder y el acceso de distintas fuerzas políticas a su ejercicio, ya no es una utopía y mucho menos pudiera concebirse la idea de un partido hegemónico o con mayoría calificada en el Congreso. México ya se encaminó en esa ruta y difícilmente encontrará un retorno; cualquier partido en competencia puede verse favorecido con la voluntad popular reflejada en las urnas.

Ahora, se requiere prestar atención a otros aspectos que obligatoriamente acompañan a un fenómeno político de esta naturaleza. El desafío se concentra precisamente en consolidar los esfuerzos involucramiento de la ciudadanía por exigir y llevar a la realidad la existencia práctica una administración pública eficiente y eficaz mediante un proceso de transparentar y ciudadanizar las estructuras técnico -burocráticas de los tres niveles de gobierno.

Error sustantivo, ha sido el endoso exclusivo de la administración pública a la buena voluntad del partido triunfador, y más aún, cuando el entramado burocrático preexistente arrastra vicios y prácticas clientelares que se entremezclan con los intereses políticos y permean la acción electoral y deslegitiman el Estado y a sus instituciones de manera generalizada.

La administración pública en el caso mexicano y a partir de lo que se observa en los tres órdenes de gobierno, está inclinada hacia un modelo politizado; al respecto, se tiene que reconocer que no se ha conseguido un equilibrio entre política y administración, de ahí que, a través de la exigencia ciudadana por una autentica profesionalización del servicio público, que proporcione solidez administrativa de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Resulta suicida pretender y esperar que los resultados en las urnas actúen como elemento único de tránsito a una democracia sustantiva, en donde los ciudadanos constaten y perciban de manera tangible, las ventajas y bondades de su participación a través del sufragio.

La pertinencia de esta preocupación democrática por la Función Pública, parte de la reflexión obligada que nos provoca lo que en los últimos años campea en el ánimo de la ciudadanía mexicana: la perceptible decepción provocada por el desprestigio que la actuación de los políticos y los partidos ha ocasionado a la democracia, y que algunos analistas consideran desencanto o insatisfacción  ; sin embargo, es difícil para el grueso de la población distinguir los límites de la administración pública de un régimen, de la acción y responsabilidad del partido que ostenta el poder en el mismo.

La democracia no puede ser reducida a la participación ciudadana durante las jornadas electorales, o en el mejor de los casos, la democracia no concluye con una alternancia en el poder.

El tránsito democratizador de una sociedad anteriormente autoritaria, requiere, además de la alternancia como requisito sine qua non, de un Estado de Derecho efectivo, lo cual hace imperativa la existencia eficaz y en plenitud de vigencia primero de una sociedad que vigile, cuestione y exija transparencia y rendición de cuentas   a sus autoridades  para   que ellos a su vez implementen un sistema administrativo imparcial, inmune a los vaivenes partidistas, cuya operación surja de una burocracia civil federal, local y municipal eficiente y universalista en la aplicación de las normas y leyes, transparente en su actuar, que rinda cuentas (accountability) y sea responsable de sus errores, sin el cobijo de la inmunidad política o el manto protector de los partidos en turno; conductas generadoras de impunidad, la mejor arma para destruir la democracia.

Lo anterior, de no concretarse en la realidad, conduce a una democracia débil, riesgosa y vulnerable ante la improvisación y corrupción de las estructuras responsables de operar los sistemas de policía y acceso a la impartición y procuración de justicia. Estos hechos carcomen la confianza del ciudadano, incrementan la percepción de contubernio entre autoridades y criminales, desalientan la participación de la sociedad y la cultura de denuncia; favorecen la valoración de un régimen autoritario como ideal para superar las insuficiencias de una administración pública que no acierta a proporcionar la seguridad legal, pública y personal deseada por la sociedad y desembocan en rechazo y desconfianza hacia la autoridad; abstencionismo electoral y desaliento en la vía democrática, con el riesgo de resucitar la aplicación de la ley por propia mano, con prácticas que van desde marchas, bloqueo de vías de comunicación, desobediencia civil, exigencia de cuotas a los ciudadanos, linchamientos, guardias comunitarias, corrupción, hasta la ingobernabilidad y protestas anti sistémicas que pueden derivar en violencia y victimización cuando se radicalizan; en suma, lo que se denomina “privatización de la violencia” y que en esencia es un rechazo a los aparatos del Estado.

La justicia en propia mano reproduce y aumenta los niveles de inseguridad, pérdida de la calidad en la ciudadanía como producto de una administración publica ineficaz, supone amenazas a la integridad de las personas y tiene graves implicaciones sobre la legitimidad y aceptación popular del Estado, con lo cual pone en entredicho las bondades y beneficios de la democracia y cuestiona su validez misma.

Estos fenómenos de reacción a la ineficacia institucional son imputables a que la transición política en este país se dio y aun lo hace con características especiales y únicas entre las cuales se encontró con estructuras burocráticas en los tres niveles de gobierno, basadas en un modelo corporativista y clientelar, que hoy no responden a las necesidades de una sociedad plural producto de una liberalización política y electoral.

Si observamos el entorno democrático internacional nos percatamos de inmediato que Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, Japón, Bélgica y Alemania, por citar algunos, cuentan con sistemas de carrera en el servicio público muy consolidados, y las alternancias en el gobierno no han sido factores de crisis. Además, en países como Reino Unido y los Estados Unidos, se obliga a renunciar a sus funciones, vía las leyes, a los servidores públicos, previo a que éstos decidan participar en actividades políticas y de partido, además, la corrupción no es un tema que frene el desarrollo económico de esos países o preocupe prioritariamente a sus connacionales, en contraste con lo que acontece en nuestro país.

Woodrow Wilson señalaba en el siglo antepasado que cuando en los Estados Unidos surgieron los partidos políticos y se alternaron en el poder, provocaron que los puestos de la administración pública fueran repartidos con base en la lealtad al partido en el poder, y sentencio que “la administración se halla fuera de la esfera política. Las cuestiones administrativas, no son cuestiones políticas, la política es el dominio especial del estadista y la administración lo es del funcionario técnico”.

De lo anterior, es posible inferir las causas por las cuales el tema de la profesionalización de servidores públicos se ha posicionado como uno de los asuntos urgentes para los gobiernos federal, estatales y municipales, ya que las administraciones públicas tienen ante sí problemas cada vez más complejos y la carencia de memoria institucional, generan en los cambios de mando una ralentización de la administración pública, imputable a la curva de aprendizaje de la nueva estructura de funcionarios que acompañan a quienes triunfaron en las urnas, y que al finalizar su gestión, culminan con un caos administrativo, propicio para las corruptelas, condición que el pueblo sarcásticamente denomina “año de hidalgo”.

Las fallas en la conducción de políticas públicas, producto de improvisación en la función pública se podrán evitar al contar con personal profesional para el desarrollo de las funciones de cada ámbito de administración pública y obliga a los gobernantes a contratar a funcionarios y empleados que cubran a cabalidad con el perfil del puesto que habrán de ocupar. Para garantizar que este se lleve a cabo con reglas perfectamente establecidas, imparciales y con igualdad de oportunidades para los aspirantes; se requiere eliminar las viejas prácticas del compadrazgo, compromisos políticos hechos en campaña, excesos burocráticos, entre otros, y en esta tarea el involucramiento vigilante y exigente de la ciudadanía constituye un ingrediente indispensable que   mucho abona a la perfectibilidad de la democracia.

La nueva cultura cívica que impulsa el Instituto Nacional Electoral a través de su estrategia nacional pone a la sociedad en el centro de la acción pública y como parte de la solución responsable de los problemas que aquejan a una comunidad.

Pugnemos y luchemos por una ciudadanía activa participativa, enterada y exigente el país así lo requiere.