Ayer, el Congreso Local abordó un tema en apariencia de protocolo, pero que en el quehacer público tamaulipeco ha sido un problema grave.
Para tratar de explicar lo anterior le diré el origen:
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Puertos –el Diablo debe saber el porqué de esa revoltura de temas– dictaminaron reformas que tienen como objetivo, asienta el comunicado oficial, garantizar que las empresas contratistas cuenten con la debida solvencia económica y -continúa– puedan responder en caso de vicios ocultos e irregularidades en las obras públicas en las cuales participen.
¿Merece un reconocimiento lo anterior?… Sí, debe hacerse, por el propósito que implican esas medidas.
Sin embargo –ese diabólico sin embargo– la Comisión mencionada sentó sólo en parte las bases para que por lo menos se reduzcan los casos de obras públicas a medio construir o de plano abandonadas, por la imposibilidad de las empresas responsables de edificarlas, circunstancias que derivan de una larga serie de razones, pero en forma poderosa de una en particular que en el sexenio anterior se convirtió en una pesadilla para los industriales del ramo y que el Poder Legislativo no parece haber incluido en sus reformas.
Muchos lo saben, pero fue un asunto inabordable en la administración de Egidio Torre Cantú, por los vetos que implicaba irse de la lengua. Sucedió a lo largo de todo el sexenio, pero se agudizó de manera dramática en los dos años finales de esa gestión.
Me refiero a las cuotas “por abajo del agua” que debía entregar toda empresa a la cual se le adjudicaba una obra y que en algunos casos extremos alcanzaron el 30 por ciento del valor bruto de la obra. Ni siquiera del margen de ganancia.
Gracias a esa “tradición”, una larga fila de constructoras, muchas de ellas de alto prestigio ganado en décadas de labores, en ese gobierno prácticamente reventaron a la mitad de los trabajos encomendados por la insolvencia que les provocó el asalto –no se le puede llamar de otra manera– a que les sometieron en lo que se convirtió en el botín principal egidista: la obra pública.
Ni siquiera los ayuntamientos, con todo y su autonomía constitucional, escaparon de ese manoteo que llevó a decenas de constructoras a entrar en un estado de coma financiero por la exigencia de entregar lo que originalmente se llamó “diezmo” y terminó en “el tercio”, que hizo imposible para muchas empresas cumplir a cabalidad con sus compromisos, con resultados lamentables para los tamaulipecos. Las obras detenidas forman un triste ejemplo.
Me parece muy positivo que el Congreso haya metido las manos –espero que no hayan sido los pies– en este asunto y aplique medidas para que la selección de empresas a través de licitaciones legales se defina a favor de constructoras responsables, que sean garantía de cumplimiento.
Queda claro que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca está impulsando, con el apoyo del Congreso, controles efectivos que hagan a un lado esas viejas prácticas y eso es una buena noticia, porque aquí y en China, no hay empresa que resista trabajar, como dicen, “por amor al arte”…
Acciones que valen
El ejemplo se da en los hechos, no sólo en los buenos propósitos.
Al iniciar la Colecta de la Cruz Roja en Reynosa, la presidente municipal, Maki Ortiz Domínguez, abrió la que con seguridad será generosa aportación de los habitantes de esa ciudad, con un donativo de cien mil pesos.
De esa manera la alcaldesa no sólo honra la posición que el voto le otorgó, sino también reconoce en esa acción el valioso papel de una institución de salud y asistencia cuya contribución a la sociedad la hace indispensable.
Lo anterior se enmarca en una tarea que Maki ha impulsado desde el inicio de su administración, que es procurar mejores niveles de salud para los reynosenses, terreno en el cual la benemérita Cruz Roja desempeña un papel valioso. Bien por el decidido apoyo del Ayuntamiento a esa institución.
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