Si antes de la reforma laboral las quejas y demandas de los trabajadores no alineados a la CTM ni al gobierno durante los desfiles del Día del Trabajo giraban en torno a la carestía y el aumento de salarios, ahora se han agregado a la inconformidad sindical las de la eliminación de las Juntas de Conciliación y la legalización de las contrataciones por hora.
En las marchas de ayer también se exigió la derogación de la reforma energética, respeto a las jubilaciones y pensiones, alto a la corrupción de los funcionarios públicos y aumento a los salarios, en tanto que la versión oficial de la conmemoración asegura que se ha recuperado el poder adquisitivo de las percepciones de los miembros de la clase trabajadora.
Desde la óptica de los especialistas, la modificación de los artículos 123 y 127 de la constitución, producto del cambio jurídico, no sólo no han resuelto los problemas prioritarios de los obreros sino que los han agravado, ya que, en vez de reducir duplican el tiempo para resolver los conflictos obrero-patronales, elevan los gastos y mantienen maniatados a los gremios.
La reforma está centrada en la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la creación de los tribunales del trabajo, así como en la elección de los dirigentes sindicales a través del voto libre y secreto, sin embargo, no ofrece garantías jurídicas para agilizar la solución a los problemas laborales.
Otro de los objetivos que rechazan las organizaciones gremiales, a decir de Luis Monsalvo, catedrático de la Ibero, es que la nueva legislación busca mantener el control del gobierno sobre los sindicatos, asunto que implica más burocracia para el país, para los patrones y los empleados.
Expertos de la UNAM, como Enrique Larios, Presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, coinciden en que los cambios propuestos por el ordenamiento legal, además, están lejos de resolver asignaturas como la corrupción de la procuración de la justicia laboral y se trata de cambios inviables, porque para concretarlos se necesitan, afirma, miles de millones de pesos con los que no se cuenta.
Aunque consideran positivo el traslado de la justicia laboral al poder judicial advierten que existe el riesgo de aplicar resoluciones jurídicas estrictas a conflictos alejados de los criterios conciliatorios entre empresas y trabajadores como los establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y, según Ivonne Vargas, analista en temas laborales, tampoco establece regulación de los outsourcings ni estrategias para impulsar el crecimiento del mercado laboral.
He ahí algunas de las causas del creciente rechazo de los trabajadores, incluso de algunos segmentos de la Confederación de Trabajadores de México, el sector obrero del PRI, al régimen del presidente Enrique Peña Nieto. Los trabajadores cetemistas no perdonan al primer mandatario que haya sido un presidente priista el que impulsara una ley lesiva para sus intereses, a los que el gobierno y el tricolor deben en buena medida, piensan, mantenerse en el poder.
La pérdida de apoyo de los sectores obrero y campesino, que en la época del voto corporativo garantizaban la hegemonía política priista, derivado de las nuevas políticas públicas del régimen, aunados a la falta de resultados en asuntos como combate a la corrupción, la impunidad y el creciente problema de la inseguridad pública, entre otras tareas pendientes, explican las derrotas del priismo y el constante aumento del repudio generalizado al gobierno federal.
También, por supuesto, el aumento del voto de castigo y la desbandada de militantes que dejan el partido que los ha abandonado y dejado de defender.
Frente a esa realidad, al ex invencible sólo le queda la compra del voto y la entrega de dádivas para conservar, cada vez con mayor dificultad, el poder.
Irónicamente, la reforma con la que el presidente Peña Nieto puso al país en sintonía con las exigencias impuestas desde Washington y el Fondo Monetario Internacional, lo ha dejado sólo.
Y parece que el PAN correrá la misma suerte.
Ahora el partido albiceleste es una alternativa para castigar al PRI, sin embargo, cuando los ciudadanos comprueben que a la hora de gobernar los gobernantes panistas aplican el mismo modelo económico que los tiene en la inopia, el partido Acción Nacional terminará igualmente por pagar las consecuencias.
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