La detención de dos ex gobernadores emanados de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) generaron diversas reacciones en la opinión pública y, posiblemente, el análisis más simplista fue que las aprehensiones se ejecutaban con el propósito de beneficiar electoralmente a dicho partido en las elecciones venideras este año, principalmente la del Estado de México y, como consecuencia de ello, la del 2018. Este “análisis” presupone el cumplimiento de dos hipótesis.
Primero, que la Interpol, la agencia estadounidense Immigration and Customs Enforcement (ICE), la policía italiana y la policía guatemalteca, están al servicio de dicho partido y de su líder moral, el Presidente Enrique Peña Nieto. Segundo, que dichas instituciones tienen la sensibilidad política para medir que, efectivamente, de cumplir con las “instrucciones” de EPN, sus superiores (el PRI y el Presidente) se van a beneficiar en esas elecciones, por ello, aceleraron el paso para hacerlo justo a tiempo.
¿Podemos imaginar al titular de la ICE recibiendo una llamada del Presidente mexicano pidiéndole “la atención” de acelerar la detención de Tomás Yarrington en Italia? ¿Creemos factible que la Interpol recibió una llamada de su símil mexicano solicitando “salga la detención de Javier Duarte cuanto antes”? ¿Es posible que haya existido una llamada desde un teléfono mexicano a uno estadounidense con el diálogo “Aguántame tantito a César Duarte, síguele los pasos y deténlo meses antes de la elección del 2018”? Al menos, el que esto escribe, no lo cree así.
La crisis institucional y política que se vive en México, se deriva principalmente de la falta de credibilidad que a lo largo de la historia ha tenido la clase política nacional por su corrupción, falsedad y enriquecimiento inexplicable. Pero, en segundo plano, también las fantasías creadas por el “imaginario colectivo” inciden en la debilidad de las instituciones. Las segundas, son resultado de la escasa buena imagen del político tradicional mexicano. Por fortuna, podemos ser testigos de un suceso clave de la historia, en donde ex gobernadores de todos los partidos están siendo procesados, detenidos y, muy cercanamente, sentenciados.
Hasta hace poco, esto era impensable. Una dura crítica vertida hacia el sistema político y judicial mexicano la hizo Edgardo Buscaglia en su libro “Vacíos de Poder”, donde hacía referencia a que en México no había gobernadores procesados. Esa parte de su obra, por lo menos, la va a tener que cambiar.
Sin embargo, tampoco es un momento para cantar victoria o para colgar medallas por estas detenciones. Tal o cual partido dirá que son producto de su “esfuerzo, compromiso y responsabilidad con el combate a la corrupción”, quizá lo único cierto es que esto es un logro de la presión ejercida desde el ámbito privado a pesar de los pleitos entre partidos por atribuirse el éxito.
Este resultado es producto de una sociedad que ejerce una mayor vigilancia sobre el ejercicio de la función pública, incluyendo esas “conclusiones” sobre la rentabilidad electoral de las detenciones. México necesita, precisamente, que todos se involucren en la política nacional, desde dónde sea y a favor o en contra de quién o de lo que sea. Un post de facebook, un tuit, una columna o una marcha, suman a favor de nuestro país.
Que se haga justicia es un paso para adelante para todos. Que se castiguen los delitos una ventaja común. El beneficio en las urnas lo provocamos con nuestro voto.
A ojo de buen cubero
Quizá tengamos una apreciación fundada o infundada sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en donde muy probablemente 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron de la faz de la Tierra. Para ver un lado de la moneda bastante claro recomiendo el libro “Una historia oral de la infamia” del estadounidense John Gibler.
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