La exigencia de piso parejo para elección del nuevo dirigente estatal de PRI de Tamaulipas planteada por Juan Alonso Camarillo es un acto de ingenuidad.
El sabe mejor que nadie que en el tricolor no valen las campañas, tampoco los perfiles políticos, de los aspirantes, sino la voluntad de quienes tienen a su cargo la aplicación del dedazo, el único método, a veces disfrazado de consejo político o de consulta a la base, que existe en el partido para definir, tanto las candidaturas a puestos de elección popular como a los cargos directivos.
El fin de semana el aludido reprochó, sin mencionar nombres, que algunos de los interesados en dirigir a la agrupación, caso concreto del diputado Alejandro Guevara Cobos, utilicen los cargos públicos que desempeñan para promover sus pretensiones, que son ilegales y podrían incluso ser denunciadas ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la Fepade.
Bajo esas condiciones, lo más recomendable es que Juan Alonso debería de ahorrarse ese tipo de demandas, que son como pregonar en el desierto, y sentarse a esperar a que el alto mando nacional convoque, cuando se le pegue la gana, a la elección del sucesor de Rafael González Benavides.
Nada de lo que haga o deje de hacer para presionar al CEN a que resuelva la irregularidad que tiene al Revolucionario Institucional sin dirigente formal desde el 3 de octubre del 2016, fecha en la que el titular dejó el cargo para dedicarse totalmente a la diputación plurinominal que le regaló su patrón el ex gobernador Egidio Torre Cantú, cambiara las cosas.
González Benavides no tenía necesidad de renunciar a la presidencia estatal, ya que no existe impedimento legal para ejercer ambas funciones, lo hizo para evitar que los adversarios políticos le echaran en cara que, como miembro distinguido del grupo del ex mandatario, siguiera en la cúpula a sabiendas de que la militancia lo consideraba corresponsable de la debacle electoral que sufrió el priismo en los comicios en los que él logró la curul.
Pero en tanto que los priistas tamaulipecos siguen a la espera de que los jerarcas nacionales den el visto bueno a la renovación de los cargos del presidente y secretario general, en el PAN eligieron ayer a los 94 nuevos consejeros estatales, elección en la que la única novedad fue que la mitad de los integrantes del organismo partidario, 47 sean mujeres y 47 hombres, que se encargarán, entre otras cosas, de elegir o mejor
dicho de formalizar al más puro estilo tricolor el palomeo previo autorizado desde la casa de gobierno de la entidad, a los candidatos a senadores, diputados, locales y federales, y alcalde.
Los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, leales a Elba Esther Gordillo Morales, por otra parte, aclararon ayer que no son morenistas, como algunos los señalan por el hecho de apoyar a la candidata de MORENA a gobernadora del Estado de México, la profesora Delfina Gómez Álvarez. Así como en la entidad mexiquense respaldan a la abanderada de AMLO, dijeron, en los Estados de Coahuila y Nayarit trabajan en favor de los candidatos de Acción Nacional, Guillermo Anaya y Antonio Echevarría, respectivamente.
A propósito, con el argumento o pretexto de que ningún partido político por sí sólo está en condiciones de ganar la presidencia de la República en la sucesión del 2018, los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, llamaron a la creación de un frente opositor de estas dos organizaciones, más que para llegar a los Pinos, cerrarle el paso a un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
La convocatoria cupular, lamentablemente, fue desaprobada por las bases militantes de los dos partidos políticos.
En asuntos de otra índole, en el municipio de Altamira, el ayuntamiento que preside Alma Laurea Amparan Cruz, aprobó la disposición de recursos económicos para habilitar las obras de electrificación de los habitantes de la márgenes del río Tamesí realizadas por el ex alcalde Armando López Flores, que no sirvieron, no se sabe si a causa de las carreras o por otros motivos que habrá que investigar.
También en la tierra de Cuco Sánchez, el diputado Ciro Hernández Arteaga está pagando las consecuencias de sus propios desatinos. Mientras que para los priistas el desubicado legislador es un traidor, para los panistas no deja de ser un arribista malagradecido.
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