No se sabe sí por mera coincidencia o porque tratan, si no revertir, al menos atenuar, el malestar social generado por la difícil situación que sufre el país en víspera de la elección del nuevo gobernador del Estado de México, la joya de la corona como lo llaman algunos, y de cara a la sucesión presidencial del 2018, pero en los últimos días las más altas instancias del gobierno, lo mismo que empresariales y burócratas, han coincidido en difundir noticias positivas.
El presidente Enrique Peña Nieto informó el lunes a la nación que los indicadores en materia económica del primer trimestre del año muestran aumento del PIB, las exportaciones y el empleo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, lanza que hay condiciones para elevar el salario mínimo a 92 pesos diarios y el dirigente nacional de la FTSE, Joel Ayala, anuncia aumento salarial del 5.7 por ciento a un millón 200 mil burócratas.
¿Convencerán con esto a las masas populares de que, no obstante el desastre derivado de la violencia criminal, la corrupción y la impunidad, no todo es malo, y que poco a poco las cosas mejorarán en el futuro inmediato? La realidad es que, en tanto que la gente vea como se enriquecen los funcionarios del gobierno y nadie castiga a los corruptos ni se restablece la tranquilidad social, el sentir de los ciudadanos seguirá siendo de rechazo y animadversión.
Después de décadas de promesas incumplidas, es muy difícil, por no decir que imposible, hacer creer a los electores de que ahora sí habrá bienestar. Las autoridades le estiraron demasiado a la liga y la falta de credibilidad se ha tornado irreversible. Tan grave es el problema que, ni aunque en estos momentos el gobierno emprendiera una verdadera cacería de servidores públicos y de dirigentes sindicales corruptos y los metiera a la cárcel, cambiaría el sentir general de la sociedad.
Porque, además de la confianza, la población ha perdido la paciencia y ya no está en condiciones de seguir esperando.
¿Será cierto, por otra parte, que Rafael Moreno Valle pretende afanosamente la candidatura presidencial del PAN, pero, como sabe que no lo conseguirá, lo que verdaderamente le interesa no es el puesto de Enrique Peña Nieto, sino que a cambio de apoyar a Margarita Zavala o a Ricardo Anaya, el que resulte electo, le ayuden a que su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, sea candidata de una alianza de Acción Nacional con el PRD al gobierno del Estado de Puebla el año que viene?
No tenemos idea, pero suena creíble. No es ninguna novedad que muchos de los que le entran a la disputa de la candidatura presidencial no lo hacen porque están en posibilidades de obtenerla, sino para negociar otras posiciones a cambio, como premio de consolación. No hay que olvidar aquella frase que dice que “en política nunca se gana todo, pero tampoco se pierde todo”.
En Tamaulipas, mientras tanto, la noticia que acaparó la atención de la opinión pública fue la del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el cual, según se dijo al darse a conocer, es resultado de las propuestas, sugerencias y opiniones que más de 50 mil personas expusieron a través de los foros de consulta pública convocados con esa finalidad.
En el rubro de mayor exigencia, como el de la seguridad, el PED contempla la contratación de mil 400 policías al año hasta llegar a 9 mil a lo largo del sexenio, fortalecer a la Procuraduría de Justicia del Estado con nueva tecnología, igual que la modernización del Centro de Control, Comando y Comunicación, el C4, la creación en Reynosa de un Centro de Justicia para Mujeres y de una comisión estatal de energía, esto aparte de la
infraestructura de carreteras y obra pública.
Aunque no es novedad, por otra parte, el diputado Joaquín Hernández Correa, denunció que el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Alberto Sánchez Neri, percibe 50 mil pesos mensuales como titular de dos plazas de la Secretaría de Educación en ciudad Madero, pero sin trabajar ya que se encuentra comisionado para atender las tareas inherentes al organismo que encabeza.
De acuerdo con el presidente de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, el jerarca perredista tamaulipeco se habría embolsado, además, junto con otros destacados militantes del organismo, las prerrogativas económicas que el INE otorga a las agrupaciones políticas, aunque aquí habría que aclarar que al perder el registro en el proceso del 2016, el partido perdió también ese beneficio.
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