La acusación del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, de que fue el responsable de la matanza de Nochixtlán, en la que murieron siete personas, es una nueva oportunidad del gobierno de la República para demostrar si la cantaleta de que nadie está por encima de la ley ni del estado de derecho es real o se trata de acciones dosificadas de atole con el dedo.
La grave imputación, como es del dominio público, no fue formulada por ningún representante de partido político sino por el propi0 titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien aseguró que el ex mandatario estatal ordenó a las policías estatal y federal que participaron en el violento desalojo de pobladores y profesores que protestaban contra la reforma educativa.
El Ombudsman declaró que cuando estaba al frente del gobierno de la entidad, el ahora ex jefe del ejecutivo oaxqueño se negó
sistemáticamente a buscarle una solución al conflicto y a reunnirse y platicar con los manifestantes para encontrar una salida pacífica al problema, responsabilidad que el propio Cué ha aceptado, aunque se ha deslindado de la masacre.
El nuevo gobernador de aquella entidad, Alejandro Murat Hinojosa, está investigando el caso a petición de la Defensoría de los Derechos Humanos, y se ha comprometido a que se castigará a los responsables de la represión. Como priista sabe que si consigue llevar a la justicia a su antecesor, este militante distinguido del Partido Movimiento Ciudadano, sus bonos populares se irán a las nubes.
Aunque la mayoría de los ciudadanos coinciden en que, en el mejor de los casos, quizá se encarcele a algunos policías o a otros servidores públicos menores, para guardar las apariencias y colmar las exigencias comunitarias, pero al ex gobernador sólo una verdadera excepción muy poco probable en la justicia mexicana podría llevarlo a prisión.
Cuando se trata de ex gobernadores, de políticos o servidores públicos corruptos protegidos del sistema, casi siempre son puestos a salvo de la aplicación de la ley, les impones penas no graves para que enfrenten los procesos en libertad o los enferman para que purguen las condenas en hospitales o clínicas.
Además, sin dientes, las instancias de los derechos humanos sólo sirven para exhibir a los malandrines ante la opinión pública.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, fue publicada el 27 de mayo de 2015 y a la fecha, no obstante que son innumerables los funcionarios gubernamentales corruptos y ratas que caminan por las calles del país como blancas palomas, no se ha estrenado y no sería nada extraño que el ordenamiento jurídico permaneciera inédito durante muchos años o sexenios más, antes de quedar abrogado por desuso.
En asuntos locales, mientras tanto, causó sorpresa que el dirigente de la Sección Uno del sindicato petrolero de ciudad Madero, Humberto Oliva Barreda, aceptara que es grave el desempleo que afecta al sector energético del municipio, tema al que la mayoría de los representantes del gremio de Pemex generalmente le saca la vuelta o lo rechaza.
El Secretario General seccional del STPRM, sin embargo, afirma que el 40 por ciento de la plantilla de personal de la Refinería, alrededor de mil 500 personas, que laboraban en la planta años atrás, se encuentra actualmente sin trabajo a causa de los fuertes recortes presupuestales impuestos por el gobierno federal a la unidad que opera, por cierto, al 60 por ciento de su capacidad.
Ya que hablamos de la urbe petrolera, como ha ocurrido en otras administraciones, el ayuntamiento que preside el alcalde Andrés Zorrilla Moreno está tratando de obligar a Pemex a que pague los 50 millones de pesos que adeuda al municipio por concepto del impuesto predial de los terrenos del parque deportivo del Siete y Medio, que otros jefes edilicios intentaron infructuosamente.
El argumento esgrimido por la empresa para eludir la responsabilidad fiscal, sin embargo, es que el terreno en cuestión se localiza en un área federal y que, por tanto, estaría exenta de la obligación tributaria, sin olvidar las importantes cantidades de asfalto y combustible que año tras año tras año dona a la ciudad, entre otras obras de beneficio social. Si Zorrilla Moreno tiene suerte, a lo mejor la paraestatal se conduele y acepta pagarle la deuda pero en abonos y en especie.
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