Como estaba programado, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD dio el visto bueno ayer a la creación de un Frente Amplio Opositor para sacar al PRI de los Pinos en el 2018, sin embargo, para algunos perredistas, en el fondo se trata de una alianza disfrazada entre el Partido del Sol Azteca y Acción Nacional.
No obstante que, según establece el acuerdo, que la eventual coalición no sería únicamente con el PAN y que también se ha invitado a MORENA,
la realidad es que es solo un ardid, ya que, como los jerarcas del Partido de la Revolución Democrática saben que AMLO no participará en el frente opositor, al final de cuentas únicamente quedarían PRD y PAN.
El propio dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano, que votó en contra del acuerdo, exhibió que la decisión únicamente se encargó de legalizar el pacto que previamente habían celebrado en privado las cúpulas encabezadas por Alejandra Barrales Magdaleno y Ricardo Anaya Cortes.
Si el señor de las ligas tiene razón, efectivamente, en su desesperación por sobrevivir a la sucesión presidencial del año entrante, el PRD no tiene de otra que aliarse a lo que sea, incluso, por supuesto, a un partido político incompatible ideológicamente, como es el caso del que representa a la derecha, fundado por Manuel Gómez Morín.
La dirigencia perredista está consciente de que, si no lo hace y opta por jugársela con candidato propio en la disputa del cargo de Enrique Peña Nieto, no solamente aseguraría de la derrota sino que habría firmado su sentencia de muerte.
Como es del dominio público, Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que no se aliaría con el PRD.
¿La causa y el argumento? Que desde la óptica y de la lógica del nativo de Macuspana, el Partido de la Revolución Democrática se ha convertido en representante de una izquierda oficialista, como lo demostró durante la firma del Pacto por México que permitió al régimen de EPN aprobar las reformas constitucionales que abrieron al país a una subasta de garage a los la inversionistas extranjeros en prácticamente en todo, empezando por los energéticos.
Además de que una alianza del PAN con el PRD para lo único que serviría sería para facilitarle al PRI su permanencia en el gobierno.
Como están las cosas, por otra parte, no sería extraño que en Tamaulipas el partido amarillo terminara aliándose también con el blanquiazul en la disputa de algunas alcaldías, como la del municipio de Madero, para cerrarle el paso al PRI y al Movimiento Regeneración Nacional, a cambio de migajas, como que se incluya en las planillas panistas de los candidatos a los ayuntamientos a varios militantes, como el actual dirigente estatal, Alberto Sánchez Neri, o su antecesor, Cuitláhuac Ortega Maldonado, ambos profesionales de la grilla.
Pero en tanto que los dirigentes del PRD tratan de sobrevivir y reconectarse al presupuesto del gobierno, los priistas tamaulipecos continúan con la pantomima de escuchar las opiniones y propuestas de los representantes de los sectores de la agrupación que habrán, eso dicen, de hacer llegar a la 22 asamblea nacional, prevista para el mes de agosto. ¿Alguien lo creerá aún?
Ayer tocó el turno a la CNC. Lo que resultó retórica fue el discurso de la dirigente estatal interina, Aida Zulema Flores Peña, que hablo de unidad, unidad que solo existe en teoría porque la realidad es que, tras la debacle electoral del 2016, los miembros del tricolor, como decía don Jorge Cárdenas González, son muchos pero están peleados y se encuentran todos desvalagados.
Y es que, cada vez que al ex invencible le quitan el erario, los priistas no saben qué hacer, desvarían, pierden el rumbo y, en su afán de seguir viviendo de la hacienda pública, cometen locuras como emigrar a otras organizaciones políticas.
Cambiando de tema, los que deben de estar inquietos son algunos funcionarios del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tamaulipas, (IPSSET), actualmente encabezado por Luis Leonel Salinas Martínez, quien, como se sabe, sustituyó en el cargo en enero a Lourdes Benavides Hinojosa.
¿El motivo?, la exhaustiva revisión y auditorías que aplica gobierno del Estado al organismo para verificar si el manejo de los fondos, préstamos y demás, es correcta o se detectan inconsistencias. Con base en los resultados, se planeará el nuevo programa de adjudicación de créditos.
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