REYNOSA, Tamaulipas.- La Policía Ministerial del Estado ejecutó una orden de presentación contra Hugo Ramírez Treviño, secretario técnico del Ayuntamiento de Reynosa, para que declare sobre la supuesta falsificación de documentos que pesa en su contra.
El funcionario salió libre horas más tarde tras rendir su declaración ministerial.
Ramírez Treviño, es señalado de haber ordenado falsificar la firma del entonces Secretario del Ayuntamiento de Reynosa, Hennie Merle, en documentos oficiales, con la presunta complicidad del también ex Secretario del Ayuntamiento, Benjamín Guerrero Bazaldúa.
El Secretario Técnico del municipio de Reynosa habría falseado unas cartas de residencia, en un intento por ocultar la violación de la ley, en la contratación de funcionarios originarios de otros municipios e incluso de otros estados.
La intervención de los agentes de la PGJT ocurrió debido a que en dos ocasiones previas, Ramírez Treviño había ignorado los citatorios del Agente del Ministerio Público.
Ramírez rindió su declaración por la mañana ante el fiscal de la Unidad de Investigación Número Uno, y al mediodía salió por su propio pie y señaló a los medios que no recibió las dos notificaciones de citatorios que aseguran haberle entregado.
El cumplimiento de la orden de presentación causó mucho alboroto en el Palacio por ejecutarse en horas de labores de Ramírez Treviño.
Apenas iniciada su administración, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz entregó nombramiento a cinco personas que cumplían con el requisito de un año de residencia en aquella ciudad: Lázara Nelly González Aguilar, titular de Sedesol; la secretaria particular Maricela Rosario Gutiérrez Rivas; y el secretario de Desarrollo Económico, Mario Alberto Cantú Gutiérrez.
Así como la secretaria de Servicios Administrativos, Zulema del Carmen González Báez; y el director de Tránsito y Vialidad, Carlos Ruvalcaba Dimas.
El síndico Alfredo Castro Olguín denunció la violación al código municipal y la misma alcaldesa dio marcha atrás en algunos de los casos por la presión del Cabildo.
Algunos de los funcionarios señalados por el síndico José Alfredo Castro Olguín como residentes foráneos ya no laboran en el ayuntamiento, como Mario Cantú Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Económico.
Otros fueron removidos como la ex secretaria de Desarrollo Social, Lázara Nelly Salazar, que es ahora asesora.
Carlos Ruvalcaba Dimas, ex director de Tránsito, renunció para regresar a trabajar a Nuevo León con el mismo puesto en el municipio panista de San Nicolás de los Garza.
Este caso ocasionó que el mismo Congreso del Estado emitiera una amonestación pública para la alcaldesa y turnó el caso a la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia para investigar si se había incurrido en faltas administrativas o penales.
Con información de Agencia Reforma
El caso
En noviembre del año pasado cinco funcionarios del Ayuntamiento fueron removidos de sus cargos por el Cabildo, tras comprobarse que no cumplen con el requisito de tener un año mínimo de residencia en el municipio.
El requisito de residencia mínima de un año lo establece el artículo quinto de la ley reglamentaria del código municipal.
Causaron baja la directora de Sedesol local, Lázara Nelly González Aguilar; el director de Tránsito municipal, Carlos Ruvalcaba; el director de Desarrollo
Económico, Mario Cantú; la secretaria de Servicios Administrativos, Zulema del Carmen González Beas; y la secretaria particular, Maricela Rosario Gutiérrez
Rivas.
Al Secretario Técnico, Hugo Ramírez Treviño, se le acusa de haber ordenado falsificar la firma del entonces secretario del Ayuntamiento, para justificar los nombramientos de dichos funcionarios.