En los días cercanos, tal vez haya usted leído o escuchado sobre la alerta lanzada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por los efectos de nuevo Sistema de Justicia Penal.
Existen similitudes entre la alarma expuesta por el funcionario y lo que también está a punto de ocurrir en Tamaulipas.
Me refiero a la liberación potencial, por efecto del citado paquete legal, de miles de reos que han cometido delitos considerados no graves y por lo tanto, debido a los ajustes de esos ordenamientos pueden ser beneficiados en los juicios que se les siguen y liberados a corto plazo.
Para tratar de medir la gravedad auténtica de lo expuesto por Mancera, en mi opinión se deberían atender dos escenarios. Uno sobre si realmente es tan terrible esa apertura de celdas y otro sobre el porqué Tamaulipas enfrenta tantos problemas hoy en día ante ese Sistema.
En el primer caso, creo que se le pasa la mano a don Miguel Ángel en su panorama casi apocalíptico. La verdad, conforme a cifras oficiales, es que de la población carcelaria del país un 70 por ciento aproximadamente de los presidiarios ya están sentenciados –incluidos muchos de bajo nivel delictivo– y por lo tanto no son susceptibles de abandonar las celdas.
Del 30 restante, sólo una parte es de alta peligrosidad y tampoco podrán cobijarse en el nuevo esquema. Otra fracción la componen internos que cometieron un ilícito como un fraude, robaron por necesidad alimenticia o casos similares. Y ojo, otro grupo son donde se encuentran inocentes de los cargos que se les imputa y que por sentido común no pueden considerarse delincuentes.
No es tan ominoso lo que viene entonces, aunque Mancera diga lo contrario.
¿Y qué con Tamaulipas?
A mediados del año pasado, cuando entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, EXPRESO se le adelantó al Jefe de Gobierno de la CDMX y dio a conocer la posibilidad de que se liberaran en el Estado a alrededor de mil reos que esperaban sentencia en las cárceles locales. Pero lo que se quedó en la oscuridad fue por qué el Estado padecía y lo sigue padeciendo, un grave retraso en la aplicación de esa reforma. Va la historia:
En el 2008 se promulgó este Sistema y para dar tiempo a los estados a adoptarlo se estableció el inicio de su vigencia hasta el 2016. Nada menos que ocho años de “chance”, como se dice coloquialmente.
El entonces gobernador Eugenio Hernández sentó débiles bases para la implementación argumentando su cercana salida, pero su sucesor, Egidio Torre, quien profesaba un odio canino a todo lo que oliera al ámbito penal sepultó el proceso durante tres años y medio. Hasta mediados del 2014 retomó a regañadientes esta adecuación y debido al monstruoso atraso provocado por esos años perdidos, hasta ahora ese Sistema sufre un calvario por la falta de fiscales preparados para ese terreno, en donde sólo uno o cuando mucho dos de los MP del fuero común conoce medianamente el curso procesal, con consecuencias obviamente negativas para su aplicación.
Otra rayita más a la piel de tigre de Don Egidio…
Agua, agua
Una buena noticia para Victoria.
Gracias a que la COMAPA no se tomó vacaciones al cien por ciento, el abasto de agua en la capital no sufrirá mermas en su capacidad de bombeo, al repararse el motor y bomba del pozo Simón Torres, que aporta 7 mil 200 litros de agua portable por hora a la ciudad.
Esta acción, aunque a algunos les parezca pequeña, en realidad significa para miles de familias del sector beneficiado la diferencia entre la sed y la posibilidad de enfrentar en condiciones adecuadas el cálido verano.
Bien por la Gerencia General y su aplicación a ese trabajo…
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