CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La mayoría de los municipios obligados y los organismos públicos independientes más endeudados y que más dinero manejan en Tamaulipas, no cumplen debidamente con su obligación de transparentar sus finanzas, borraron la información anterior, por lo que sus titulares serían acreedores ya a sanciones de hasta cinco años de prisión, por parte de la Federación con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Aunque los organismos públicos independientes y los municipios se amparan en la legislación estatal (la cual tampoco cumplen debidamente) deben de cumplir primero con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, donde se señala como delito ocultar la información.
Las penas previstas pueden ser de hasta mil 500 unidades de medida de actualización que son poco más de 113 mil pesos y en caso de reincidencia podrían ser turnados ante las autoridades penales por omisiones graves a sus deberes como funcionarios y alcanzar hasta cinco años de prisión e inhabilitación para la función pública.
Salvo los ayuntamientos de Victoria, los sujetos obligados tienen la información en forma poco accesible, en formatos que obligan a los usuarios a tener lectores PDF o procesadores de texto como Word, o de hojas de cálculo, o la suben en formatos que dan lugar a archivos pesados que solamente pueden ser accedidos por dispositivos con alta capacidad de memoria, pues se trata de archivos de hasta más de 100 megabytes.
Es el caso de los ayuntamientos de Altamira y Ciudad Madero que publican la cuenta pública 2016 escaneada en formato “jpg” sin comprimir y además de lo pesado de los archivos resultan parcialmente ilegibles, mientras que Nuevo Laredo la presenta fraccionada.
Los incumplimientos de los sujetos obligados hasta el momento no han sido objeto de apremio o amonestaciones por parte del Órgano Garante del Derecho a la Información, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, quien está obligado constitucionalmente a velar por la legislación de transparencia y el derecho de los ciudadanos, el cual puede ser relevado por el Instituto Nacional de Transparencia.
Además, con la entrada en vigor ayer de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deben haber publicado la declaración de su situación patrimonial, la de posibles conflictos de intereses y la constancia de haber presentado su declaración fiscal del último ejercicio, es decir, 2017.
El hecho de que la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción aún no esté funcionando, no exime a los funcionarios de cumplir con la publicación y deberían utilizar para el efecto la página de Internet a su cargo.
Obligaciones como subir al día siguiente de entregar al Congreso la Cuenta Pública, que de acuerdo con el párrafo VIII del Artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas deberían tener desde el 1 de mayo pasado, no han sido cumplida por ningún o de los sujetos obligados revisados: Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico .
Además, también se revisaron organismos públicos como el Instituto Estatal Electoral, los organismos de agua y drenaje de los municipios mencionados, el Congreso de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización.
Una revisión de Expreso determinó que sujetos obligados que más dinero manejan y mayor deuda pública tienen, como los ayuntamientos de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y Victoria y, los organismos paramunicipales de agua potable como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Nuevo Laredo, Reynosa y especialmente la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros, son los más opacos.
Igualmente no cumplen debidamente con la Transparencia el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda (Itavu), el Instituto Estatal Electoral y en menor grado, el Tribunal Electoral del Estado.
Además, ninguno de los presidentes municipales informa de su declaración 3de3 ni de sus declaraciones patrimoniales de entrada y, aunque en sus páginas hay una afirmación de que si la hicieron, se escudan en que la ley estatal la hace voluntaria, pero la legislación federal de la materia, que es superior y en todo caso revisa a la estatal, hace obligatorias estas declaraciones.
El Itavu según sus cuentas recibieron en el primer trimestre del año 29 millones de pesos de ingresos, el 85 por ciento provenientes del Gobierno de Tamaulipas, tienen una deuda de 299 millones de pesos por cuyo servicio deben pagar casi 15 millones de pesos por trimestre, según su presupuesto, sus gastos trimestrales son del orden de los 45 millones, por lo cual, tuvieron un déficit de 16 millones en el primer trimestre.
Según el Itavu, dieron contratos y concesiones en el primer trimestre del año solamente por 745 mil pesos y de los miles de personas que deben ir a pagar sus créditos con este organismo, por terrenos o viviendas, ninguno les pago ni un peso.
Uno de los puntos de mayor corrupción en los ayuntamientos son las concesiones y contratos de adquisiciones y de obra pública, de los cuales, según la Ley de Transparencia estatal, se debería publicar contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Solamente en la página de Victoria se encontraron la cuenta pública, el detalle de contratos de obras y subsidios y la información de manejo presupuestal hasta el 30 de junio de este año, en todos los demás casos el adelanto en manejo presupuestal hasta el primer trimestre del año, o no se encuentra.