Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Delegado Federal de Profeco en Tamaulipas, Lic. Alejandro Martínez Castañón informó que a partir del próximo 31 de julio y hasta el día 27 de agosto se implementará en todo el territorio tamaulipeco el Programa de Verificación y Vigilancia “Regreso a Clases y Escuelas Particulares 2017”.
Mencionó que el objetivo del Programa será verificar que los proveedores de productos escolares de alto consumo ajusten sus prácticas comerciales a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que la información que se proporcione sea de manera clara, veraz y comprobable, de forma que permita una adecuada y oportunda toma de decisiones de consumo, en tanto que los productos que se ofrecen al consumidor cumplan con los requisitos de información comercial y las especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Señaló también que los giros comerciales de los establecimientos a verificar serán zapaterías, uniformes escolares, equipos de cómputo, artículos y útiles escolares, papelerías, librerías, tiendas de autoservicio y departamentales, así como los prestadores que comercialicen servicios educativos particulares en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
En materia de comportamiento comercial se verificará que se informen los precios o tarias, intereses, cargos, cantidades, términos y condiciones aplicables a la venta de productos o la prestación de los servicios educativos mismos que deberán expresarse en montos totales a pagar; que se respeten promociones u ofertas anunciadas de los bienes, productos o servicios; que se entreguen comprobantes de las transacciones comerciales que se realicen; que no se condicione o niegue la venta de productos o prestación de bienes bajo ninguna causa; que no se realicen prácticas discriminatorias, se seleccione clientela o se reserven el derecho de acceso; entre otros.
El Delegado informó que de manera específica las escuelas particulares deberán informar y respetar los precios o tarifas en montos totales a pagar de inscripción, reinscripción, colegiaturas, derechos de incorporación, exámenes, cursos, constancias, transporte, alimentación y actividades opcionales. Asimismo en los pagos que se realicen sobre el servicio educativo se deberá informar de manera clara, veraz y sin ambigüedades los cargos, intereses, términos, plazos, fechas y cancelaciones; el prestador de servicio no deberá obligar a los consumidores a la contratación del algun tipo de seguro y tiene, además, la obligación de entregar factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del servicio educativo u operación realizada.
Si la escuela particular anuncia que está registrada ante la Secretaría de Educación Pública o cuenta con un Registro de Validez Oficial, deberá acreditarlo documentalmente y de manera visible donde se realiza el proceso de inscripción del estudiante. De igual forma, los reglamentos internos no deberán contener cláusulas abusivas, coercitivas que violenten los derechos e intereses de los consumidores.
Martínez Castañón enfantizó que cualquier violación a la legislación podrá derivar en la imposición de la medida precautoria de la Suspensión de la Comercialización del Bien o Servicio y además, una vez concluido el procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, los proveedores podrán hacerse acreedores a sanciones que van desde los $488.74 hasta los $4,105,387.31. Al respecto indicó que es el Servicio de Administración Tributaria quien coadyuva con la Procuraduría en el cobro de las multas impuestas.
Exhortó nuevamente a los consumidores a presentar sus quejas o denuncias en las Oficinas de la Procuraduría.
