Si en el proceso electoral del 2016 de Tamaulipas el PRI perdió la gubernatura, la mayoría del Congreso del Estado y algunos de los principales municipios, con la llegada de Sergio Guajardo Maldonado a la cúpula estatal el Revolucionario Institucional se debilitará aún más y en lugar de recuperar las posiciones perdidas, podría seguir resquebrajándose.
Independientemente de las casusas, razones y motivos que tuvieron los 256 consejeros que levantaron la mano para llevar al triunfo al nativo de Río Bravo en la elección del 26 de agosto, el sentir de los priistas tamaulipecos es muy distinto, irónicamente se identifican más con la corriente crítica que ha enarbolado el perdedor de la contienda, Oscar Luebbert Gutiérrez, que con la del nuevo presidente del comité directivo estatal.
Guajardo Maldonado será el jerarca formal, las bases militantes que no aceptan sus vínculos con Egidio Torre Cantú, sin embargo, van a ejercer sus derechos partidistas, empezando por el del sufragio, tanto a la hora de elegir a los candidatos a los puestos de elección popular que estarán en juego en los comicios del 2018, como al momento de acudir a las urnas en la elección constitucional, no de acuerdo a la línea que seguramente tratarán de imponerles desde ciudad Victoria o desde los Pinos, sino a lo que les dicte su leal saber y entender.
Especialmente en aquellos casos en los que las cúpulas impongan candidatos que no respondan a las simpatías del priismo o peor a prospectos débiles, impopulares o a modo para favorecer a Acción Nacional.
He ahí uno de los riesgos a los que enfrentarán los jerarcas del tricolor en las jornadas comiciales que están a la vista.
El problema es que si no paran a Luebbert, el ex alcalde de Reynosa podría convertirse en el líder de facto que reclama la militancia y tener mayor capacidad de convocatoria y poder que el propio presidente del CDE.
Los mal pensados, que nunca faltan, piensan que el ex senador podría tener luz verde desde el alto mando nacional para encabezar la verdadera oposición al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
A propósito del PRI, la influencia que este partido ha tenido en la vida de México es tan fuerte que resulta difícil a las agrupaciones e instituciones, incluidas las propias universidades públicas o de gobierno, sustraerse a algunas de sus prácticas, caso concreto, el dedazo o la
imposición desde arriba para elegir a los funcionarios de los comités directivos ya los candidatos a cargos de gobierno.
Al más puro estilo priista, por ejemplo, a pesar de que ahora gobierna el Estado un miembro distinguido del PAN, el pasado 28 de agosto los consejos técnicos de las Facultades, Unidades Académicas y Escuelas de la máxima casa de estudios del Tamaulipas designaron por unanimidad candidato único a Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Ingeniero José Andrés Suárez Fernández.
No hubo una sola disidencia, nadie cuestionó o expresó su desacuerdo con la decisión, ni siquiera para guardar las apariencias o darle visos democráticos al proceso de elección del sucesor de Enrique Etienne Pérez Del Río.
Lo que preocupa, lo mimo a los integrantes de la comunidad universitaria que a los de la sociedad en general, es que, como sucedía en le época de los regímenes priistas, el presupuesto de la UAT vaya a continuar manejándose con la opacidad y falta de transparencia que ha caracterizado al ex partido oficial.
Los que están molestos, por otra parte, son los alcaldes y diputados federales, especialmente aquellos que pretenden reelegirse.
¿La causa?, que por disposiciones del INE a partir del próximo 8 de septiembre los servidores públicos, aspirantes y dirigentes de partidos políticos, no podrán cacarear el huevo ni presumir a través de los medios de comunicación el inicio o inauguración de obras de beneficio social, mucho menos participar en eventos masivos de entrega de beneficios de programas sociales.
Están advertidos de que cualquier violación a la prohibición legal será considerada acto anticipado de campaña o precampaña que se penalizará hasta con la inhabilitación para participar en las competencias electorales.
El objetivo, a decir del árbitro electoral, garantizar piso parejo y condiciones de igualdad y absoluta equidad en la sucesión política que está
en puerta.
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