¿Por qué bloquear la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando una sesión de Anaya con sus senadores hubiera resuelto el problema? No es por ignorancia.
Presidió la Cámara de Diputados y conoce bien los procedimientos legislativos.
1. Convertir en automático al último procurador en el primer fiscal era una mala idea en 2013 y sigue siéndolo en 2017. Acabó posponiendo la transición de la Procuraduría a la Fiscalía y desviando la atención de la transformación institucional.
2. Raúl Cervantes no debe ser el primer fiscal. Por su militancia partidista. Por sus vínculos con el Presidente y su entorno. Por el Ferrari y la tenencia. Por muchas razones que no tienen que ver con su capacidad como abogado.
3. El nudo de la disputa ha sido Cervantes, no el pase automático. Si el Procurador fuese Luis Pérez de Acha o Juan Silva Meza o (casi) cualquier abogado no llamado Raúl Cervantes, (casi) nadie repelaría el método de selección.
4. Si se buscaba evitar que Cervantes se volviera fiscal, no se necesitaba modificar el ya célebre artículo transitorio que estableció el pase automático. Bastaba con que, de aquí al 30 de noviembre de 2018, no se aprobara en el Senado el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General que pasó la Cámara de Diputados en diciembre de 2014. Ese sería el gatillo que activaría el transitorio.
5. Para que ese proyecto (o minuta, como se le llama en la jerga legislativa) sea aprobado por el pleno del Senado, se requiere que pase por voto mayoritario en dos comisiones: Justicia y Estudios Legislativos. En ninguna de las dos tiene mayoría el PRI (ni con el PVEM). En la primera, hay siete senadores del PRI/PVEM contra ocho de oposición. En la segunda, hay un empate, dos contra dos.
6. Más importante, la Comisión de Justicia es presidida por la senadora Pilar Ortega, panista de tendencia anayista. Si ella no convoca a reunión para tratar el asunto, no se dictamina la minuta. Y sin dictamen, no habría fiscal. Para romper ese veto, los dos secretarios de la Comisión tendrían que ponerse de acuerdo para convocar a una reunión. Pero en este caso una secretaria es del PRI y otro es de Morena/PT. No parece fácil que puedan actuar coordinadamente.
7. Dicho de otro modo, con la oposición del PAN, el proyecto se quedaría congelado al menos un año más. En la siguiente legislatura, tal vez cambiarían las cosas, pero por ahora se ve difícil que el PRI acabe con una mejor posición en el Senado en las elecciones de julio próximo. ¿Y si el PAN dejara de oponerse? Pues entonces habría mayoría calificada a favor de Cervantes, garantizando su llegada a la fiscalía, con o sin pase automático.
8. Todo eso es bien sabido en el Senado y por eso nadie ha impulsado desde hace meses la minuta famosa. La Comisión de Justicia no se ha reunido desde abril pasado. No hay absolutamente ningún indicio de que se preparaba un albazo legislativo. Eso tiene lógica: hubiera fracasado con la simple negativa de la senadora Ortega a procesar la minuta.
9. Dado ese contexto, ¿por qué Ricardo Anaya escaló la disputa? ¿Por qué bloquear la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando una sesión con sus senadores hubiera resuelto el problema? No es por ignorancia. Presidió la Cámara de Diputados y conoce bien los procedimientos legislativos ¿Y entonces?
10. Se me ocurren dos alternativas. Primero, como lo han mencionado algunos de sus rivales políticos, pudo haber sido un intento de desviar la atención de las acusaciones sobre el origen de su patrimonio. Segundo, como lo han sugerido algunos analistas, pudo ser un mecanismo para solidificar el frente PAN-PRD-MC y su posible candidatura presidencial. Lo primero me parece muy burdo y me inclino más por lo segundo.
11. Como sea, todos estos fuegos de artificio no tienen nada que ver con el fiscal, la fiscalía o la justicia. Esa discusión está en otra parte. Y es la que urge.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71