MÉXICO.- Este lunes trascendió que el ex gobernador Roberto Borge habría iniciado desde el viernes una huelga de hambre en su encierro, en protesta a las “condiciones infrahumanas” en que arma encontrarse, en la sede de la Policía Nacional de Panamá, en declaraciones atribuidas a su cuerpo jurídico.
Como se recordará, el ex mandatario fue trasladado a la sede policial desde el centro penitenciario “El Renacer” tras una audiencia el pasado jueves en el Tribunal de Apelaciones, a petición del fiscal, José Antonio Candanedo.
Este lunes, en entrevista radiofónica con una cadena mexicana, uno de sus abogados, Carlos Carrillo, dijo que Borge Angulo padece una crisis médica por un mal renal que requiere atención de especialistas.
Carrillo explicó que aunque paramédicos revisaron al ex mandatario quintanarroense, no ha sido trasladado a un hospital para ser atendido por médicos especialistas que determinen la gravedad de su padecimiento, circunstancia que atribuyó a la presunción de la existencia de un plan de fuga de su cliente.
Por su parte, en entrevista aparte aparecida hoy en un medio local, el abogado defensor Arturo González Basso expuso que Roberto Borge es “objeto de vejámenes que atentan contra los derechos humanos, esto es con el único animo de doblegarlo y que renuncie a sus derechos para irse por la vía de un proceso simplicado”, indicó.
Consideró a Borge Angulo “víctima de tortura psicológica”, encerrado en una celda solitaria, con un farol encendido día y noche, lo que le impide dormir, esposado de manos y pies y a quien sólo pueden ver como máximo 45 minutos al día.
“Nos lo sacan al patio cuando los abogados lo visitamos, hay mallas en líneas cruzadas estilo cocadas de media pulgada cada una. El espacio es muy reducido, él está sentado en un banco atado de pies y manos, es decir, con esposas en los pies y en las manos (…) somos incluso grabados cuando vamos a hablar con él, violando la confidencialidad abogado-clientes”, añadió.
Por ello, armó que su cuerpo de abogados ha presentado una acción constitucional para que los magistrados de la Suprema Corte averiguan las condiciones en que se encuentra.