CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los servicios de Internet de las torres de pánico en Victoria, la compra de vehículos operativos, la adquisición de uniformes y la contratación de planes de comunicación no fueron transparentes y son desvíos cometidos por el gobierno de Tamaulipas, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo a la auditoría número 15-A-28000-14-1432, el Poder Ejecutivo tamaulipeco ejerció mal 240 millones 695 mil 700 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) otorgado en 2015. Del total, se presume la ‘desaparición’ de 26 millones 203 mil 864 pesos, considerado como daño a la hacienda pública.
En 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) otorgó 294 millones 865 mil 200 pesos del FASP a Tamaulipas; el 81.6 por ciento del monto total fue auditado. Al 31 de diciembre de 2015 no había ejercido el 45.9 por ciento de los recursos transferidos. Cuatro meses después todavía no aplicaba 109 millones 582 mil 100 pesos y 4 millones 719 mil 500 pesos de rendimientos financieros.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al mando del general Arturo Gutiérrez; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presidido por Armando Núñez Montelongo; y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), encabezada por Ismael Quintanilla, fueron los responsables del mal uso del erario.
“El mayor monto de asignación de recursos fue para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4), con 122 millones 648 mil 500 pesos; en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública recibió menos recursos, con un millón 800 mil pesos”, refiere la auditoría.
El gobierno tamaulipeco entregó un plan de estructura presupuestaria para el seguimiento de los recursos del FASP 2015. Con base en éste y los 10 programas establecidos, la ASF revisó la aplicación de los recursos. En la Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UESC) se comprobó la adquisición, vía adjudicación directa, de vehículos con un valor de 7 millones 607 mil 300 pesos. Los modelos y equipamiento no correspondieron al catálogo del fondo, por lo que es una irregularidad.
El segundo que se analizó fue Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. En este rubro se confirmó la mala aplicación de 5 millones 260 mil 300 pesos para la compra de uniformes para los Internos de los Centros Penitenciarios y Reinserción Social (CEDES). Dicho gasto,
afirma la Auditoría, fue injustificado por completo. El dinero mal ejercido representó el 67 por ciento del recurso etiquetado para “vestuarios y uniformes”.
Igualmente, los auditores observaron que el gobierno compró ‘en lo oscurito’ inhibidores de señal de espectro radioeléctrico. La partida fue de 9 millones 340 mil 400 pesos, de acuerdo al reportero del 30 de abril de 2016. “Se advirtió que se realizó mediante adjudicación directa y no cuenta con el oficio que fundamente y motive la excepción a la licitación, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para el estado debido a que sólo cuenta con una cotización”.
Las observaciones más alarmantes se ubicaron en el programa “Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089”. Allí identificó el uso sin justificación de 32 millones 831 mil 600 pesos. Del total, 25 millones 95 mil pesos corresponden a servicio de radiolocalización, 611 mil 900 del servicio de internet instalado en las “torres de pánico” y 7 millones 124 mil 700 pesos de transporte de datos por un periodo de 12 meses de enlaces privados.
“Los conceptos de los bienes y servicios contratados y pagados y no se encuentra establecida en el catálogo de bienes”, refiere sobre los dos primeros gastos.
Del servicio de comunicación del equipo de videovigilancia indica que no se proporcionó ya que las cámaras fueron vandalizadas y no operaron. Además, la adquisición de los bienes y servicios del servicio de radiolocalización fue mediante adjudicaciones directas que no fueron fundamentadas.
“Se verificó que tres pedidos fueron aprobados mediante adendúm de un contrato signado durante el ejercicio fiscal 2013 por parte del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de los cuales no se contó con el oficio de disponibilidad presupuestal con cargo al FASP 2015; adicionalmente, de las 36 facturas emitidas
por el proveedor, éstas no describen de manera específica ni completa el concepto del servicio que prestan”.
La misma situación anómala se repitió en el contrato de las pólizas de seguro para las cámaras de videovigilancia, por 12 millones 784 mil 500 pesos.
En Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia -el último programa auditado- se encontró la adquisición preferencial de de cargadores y municiones. El material costó 4 millones 312 mil 100 pesos y no se comprobó la existencia física y documental de un
millón 378 mil 500 pesos de los productos pagados.
Los contratos carece de las firmas de quienes en él intervinieron.
En el mismo rubro se adquirieron vehículos, sin licitación pública, por un valor de 40 millones 899 mil 900 pesos. Empero, 3 unidades blindadas no fueron equipadas, ni balizadas y fueron designadas para los traslados de mandos superiores, en lugar de usarse para operaciones de seguridad a la población. La condición ilegal se repitió en la compra de 16 vehículos tipo pick-up de doble cabina por medio de 4 contratos se asignaron por concurso a sobre cerrado. “Se verificó que un vehículo pick-up doble cabina se encuentra sin operar debido a fallas mecánicas.
Por otro lado, se observó que un vehículo tipo sedán se encuentra siniestrado y dictaminado por la compañía de seguros como pérdida total con un valor de 124.2 miles de pesos, que al corte de la auditoría no se presentó evidencia de su recuperación”.
La Auditoria Superior de la Federación dictaminó que el gobierno de Tamaulipas no cumplió con los objetivos del FASP. Los tres puntos precisos son: un alto porcentaje de recursos no ejercidos, los bienes que se encuentran sin utilizar y los pagos con recursos federales que se debieron pagar con recursos estatales.
Una década de desvíos
El gobierno de Tamaulipas desvió el dinero para seguridad durante una década, de acuerdo con el informe de observaciones del gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las dos administraciones del periodo 2000 a 2010 cometieron irregularidades en los fondos, estimados en más de 2 mil millones de pesos, destinados para combatir al crimen.
Los auditores revisaron exhaustivamente los documentos entregados por el gobierno tamaulipeco y encontraron gastos ilegales fuera de la norma, salarios excesivos a determinados funcionarios, irregularidades en los registros presupuestarios o de bienes.
La ASF centró sus baterías en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun). Para la indagatoria tomó en cuenta a los estados que ejercen solos la función de seguridad pública o en coordinación con los
municipios, como el caso de Tamaulipas a partir de 2011 cuando comenzó la batalla entre grupos delincuenciales.
En el panorama estatal, el informe concluye que de 2000 a 2010 hubo mala “aplicación de recursos en conceptos no permitidos por la normativa o que no cumplieron con los fines del fondo, y por pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos.”
A las compras ilícitas se destinaron, por lo menos, 51 millones 326 mil 600 pesos. El monto de por pagos improcedentes o en exceso, conceptos pagados no ejecutados o falta de amortización de anticipos sumó 27 millones 407 mil 400 pesos. En otras observaciones se descubrió pequeñas cantidades que ascendieron a 10 millones 153 mil 600 pesos.
“Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, también estuvieron presentes en las observaciones con recuperación,
tales como la falta o deficiencias en los bienes adquiridos; falta o inconsistencias en la documentación comprobatoria o justificativa del gasto, y penas convencionales no aplicadas.”, puntualizó la ASF.
Ayuntamientos actuaron igual
La actuación de los municipios en el rubro de seguridad fue similar a la estatal. El hallazgo mayor señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son las diversas irregularidades en la implantación y operación de la Plataforma México, un comportamiento que se agudizó en los ayuntamientos de Matamoros y Reynosa.
El proceso de fiscalización del Subsemun en el periodo 2008 a 2010 arrojó evidencias claras del mal uso de 488 millones 500 mil pesos dados a las dos localidades fronterizas. Ese dinero fue ejercido en la víspera a la cruenta guerra desatada a partir de febrero de 2010 en la frontera, que se propagó al centro y sur de la entidad.
En 2009, el alcalde de Matamoros, Erick Silva Santos, permitió que el subsidio se gastará en obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines establecidos en el convenio federal. En Reynosa, el presidente Oscar Luebbert Gutiérrez, incumplió en pagos que no reportó e impidió la puesta en marcha del sistema de inteligencia policial.
Para el año siguiente, se descubrió que artículos del kit de video vigilancia, vestuarios del grupo táctico y cámaras digitales se perdieron. El daño al erario fue de 5 millones de pesos, por otros conceptos que no comprobaron. Los auditores consideraron que las licitaciones de uniformes, camisetas, patrullas, equipo de computo y cámaras de seguridad fueron irregulares.