CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Agentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas catearon un rancho, propiedad de Eugenio Hernández Flores, para buscar a dos los coacusados en el mismo proceso, porque se sospechaba que se encontraban escondidos en el inmueble.
La propiedad está registrada a nombre de una empresa en la que aparece como accionista de un 50% el ex gobernador de Tamaulipas.
Agentes de la Policía Ministerial de Tamaulipas y del Ministerio Público Investigador adscrito al Juzgado Segundo Penal realizaron el cateo ante la presunción de que en dicha propiedad se ocultaban dos de los personajes identificados en la Averiguación Previa Penal 14/2017 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Por esa causa, el juez segundo penal de Ciudad Victoria, ordenó la aprehensión de cinco personas más: el ex gobernador Tomás Yarrington, el empresario Fernando Cano Martínez; Alberto Berlanga Bolado, ex Secretario de Obras Públicas; Héctor Suverza Ramírez, miembro del Comité Técnico del fideicomiso que administraba los terrenos vendidos, y Delia del Carmen Berlanga Bolado.
En el lugar, no fueron localizadas las personas que eran buscadas por la autoridad.
El rancho cateado tiene una extensión de casi 60 hectáreas y se localiza en el kilómetro 13 de la carretera-Victoria-Monterrey.
En el sitio también fueron revisadas diversas áreas de las residencias localizadas en la propiedad.
El rancho cuenta con dos amplias viviendas o casas, dos bodegas, dos casas para trabajadores, cuenta con alberca, cancha de tenis, un lago, un lienzo charro, dos caballerizas donde se encontraban 12 caballos cuarto de milla y varias cabezas de ganado de la raza Brangus Rojo.
El cateo realizado forma parte de la Averiguación Previa Penal 14/2017 que se sigue contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y otros implicados en la apropiación ilegal de 1,600 hectáreas que forman parte del patrimonio estatal.
Ese predio, ubicado en la zona industrial del puerto de Altamira, fue asegurado el fin de semana por la Procuraduría General de Justicia.