A poco más de un mes de que termine 2017 y a unos cuantos días de que el PRI revele el nombre de su candidato a la presidencia de la República, el recuento de acciones emprendidas en contra de sus militantes es evidente y tiene al tricolor sumergido en una de las peores crisis de su historia.
Si bien conservan el Poder Federal, la geografía de posicionamiento político a nivel nacional les pinta un panorama nada alentador, además del bajo índice de popularidad que la figura presidencial ha conservado al menos durante los últimos tres años.
Los cuestionamientos por corrupción terminaron por diezmar a una figura presidencial ya reducida durante la docena trágica de Fox y Calderón, y casi aniquilada por los escándalos de corrupción en los que fue involucrado directamente el presidente Enrique Peña Nieto.
Este año, 2018, por errores propios, por deliberación, o por los grupos de poder opositores, puede ser considerado como el año en el que cayeron los “intocables”. Si en 216 se exhibieron las corruptelas de figuras como las de Roberto Borge, Javier y César Duarte, en 2017 se tomaron las acciones necesarias para encararlos con la Ley, y se hiciera justicia a los abusos que cometieron en sus gestiones.
En Tamaulipas específicamente, la caída de dos ex gobernadores se veía como algo imposible, aún con el cambio de partido en el poder. Lo sucedido en este año sienta un precedente que cambiará para siempre la forma de hacer política en el estado. Todo se regirá bajo el principio de “Nadie está por encima de la Ley”.
En las mentes de la elite nacional, y también de la estatal aún se cruzan las variables para definir las razones de lo sucedido, si fue el esfuerzo del grupo de poder en turno, si fue un manotazo desde los Pinos, si son vendettas entre la propia militancia de un partido específico o de rencores no olvidados de la hasta hace dos años, oposición.
Cualquiera sea la idea imperante, lo que queda claro para cualquiera de los actores vigentes es la importancia que tiene la elección del próximo año, las definiciones que se darán en todo el país y que repercutirán a todos los mexicanos.
Por primera vez en la historia del país, el grupo de poder antisistema, el que trata de destruir desde la raíz al Establishment, tiene la fuerza suficiente y el nivel de penetración entre el hartazgo de la población para tener los suficientes adeptos para superar una guerra de lodazal, o el peor de los escenarios pos electorales.
Por primera vez, en la que ya sería la tercera ocasión, el discurso del obradorismo tiene la suficiente lógica tras dos sexenios de tropiezos que han dejado a su paso más de 100 mil muertos, a 27 mil personas desaparecidas, y una estela de robos, violaciones y abusos en contra de la población por parte del crimen y en algunos casos, de la autoridad misma.
Por primera vez las evidencias en los abusos a los derechos humanos, el abuso de poder por parte de la autoridad, las desapariciones y asesinatos en contra de periodistas y activistas sociales van más allá de la propaganda partidista y se encuentran a la mano de la sociedad en el esfuerzo realizados por ONGs para construir bases de datos y documentos abiertos a la sociedad.
Y sobre todo, es la primera vez que figuras políticas de peso, como ex gobernadores, son sometidos a procesos legales y sentenciados por los diversos actos de corrupción cometidos durante sus gestiones. Doce años después, la lucha anticorrupción iniciada por el enemigo a vencer sigue tan vigente como siempre lo ha estado.
Es por eso que el sistema político mexicano vigente, ante la crisis que vive producto de su desgaste, ha tratado aceleradamente de realizar las purgas necesarias para mantener la fuerza y competitividad que le permitan sobrevivir a la madre de todas las batallas, la elección del 2018.
Lo sucedido en los últimos meses es una muestra del inminente reajuste entre los grupos de poder nacionales que traerán al país una nueva forma de hacer las cosas.
Que alienta a la sociedad civil a seguir emergiendo sus figuras propias y lleven al país al lugar en el que tuvo que estar desde hace 20 años.
Cualquiera sea el resultado del próximo año, es evidente que en México ya existe una sociedad más participativa e involucrada en los asuntos públicos. Y que el margen de error en la clase política es cada vez más reducido porque ya no se puede seguir actuando de espaldas a la sociedad civil o en contra del interesa general.
Lo que impulsa por ejemplo al gobierno estatal a sumar un mayor esfuerzo por hacer bien las cosas. Y al menos en el primer año han avanzado más de lo hecho en los últimos diez años.
Priistas en fuga…
Si el descalabro sufrido por el PRI en la pasada elección fue grave, la elección de su dirigencia en este año terminó por hundirlo más en el abismo.
La negligente praxis política tricolor se incrementó estrepitosamente en 2017 por la pobreza intelectual y operativa del nuevo comité directivo integrado con retacería del egidismo.
Aunque Sergio Guajardo es considerado por algunos como una “buena persona”, su inacción y lo grisáceo de su figura se sumó al enojo que impera entre todo el priismo lastimado por la pasada gestión.
Basta con ver en su información pública la fuga de militantes que se dio en julio. Mientras en los meses de otros años no pasaban de 10 la que marchaban, en un sólo mes fueron 100 los que entregaron su renuncia al PRI.
Y mientras siga la casta de figuras opacas, mediocres y con escasa capacidad intelectual y dudosa moral, al tricolor solo le puede deparar el destino otro descalabro más.
Conclusión: en el ánimo de los priistas, que está por los suelos, no hay esperanzas y si un gran desánimo que los hace temer que si en el 2016 pasaron a ser la segunda fuerza a nivel estatal, lo más probable es que está vez el fortalecimiento del PAN y el empuje del panismo los arrincone en el sótano.
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