CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Carmen suspira y mira al techo. Le acabo de preguntar cómo mantiene la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido. Mira a las paredes, me voltea a ver y responde: “Mi hijo confiaba en mí y yo ando con miedo pero lo que más le pido a Dios es que no quiero morir sin saber qué pasó con mi hijo”.
Carmen está sentada al borde de una cama. La mujer tiene 51 años, es menudita, de piel blanquísima, pelo negro, largo y mirada serena. Hace 7 años y 7 meses que un grupo de hombres armados se llevó a su hijo menor junto con 7 compañeros mientras trabajaban. El mismo día denunció en la oficina de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en la región ribereña.
La mujer vive en la zona más violenta de Tamaulipas. Por eso niega con la cabeza cuando se le pregunta datos de su residencia y lugares donde busca. El 4.5 por ciento de las denuncias por desapariciones en la Procuraduría estatal ocurrieron en la ribereña; aun así la magnitud de la problemática es incalculable. Ella no tiene a su hijo, una sobrina, una cuñada y dos sobrinos. Eulalio no tiene un hijo, dos sobrinos y familiares políticos. Antonia no tiene a su esposo, su papá y tres primos. De todos solamente hay tres denuncias.
Pese a los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, ella y su esposo comenzaron a buscar ‘a tientas’. En las primeras semanas, cada una de las 8 familias del caso investigaba por separado. Todos pararon cuando se llevaron al cuñado de Antonia. Lo sacaron de su casa y dejaron dicho que se lo llevaban por buscar a su hermano.
Carmen y su esposo se detuvieron hasta que idearon cómo investigar sin ponerse en manos del crimen organizado. La mujer trabajaba atendiendo un negocio y no cesaba de preguntar por su hijo. Una de las decisiones que transformó su búsqueda fue unirse en un colectivo.
Carmen, Antonia y Eulalio se mantienen unidos hasta la fecha. Juntos han participado en marchas, reuniones de organizaciones internacionales. Juntos descubrieron que sus denuncias no avanzaron en 6 años, que la información detallada del hecho no fue utilizada para indagar. Juntos se dieron cuenta que el abogado que contrataron para defenderse de la empresa que abandonó a sus hijos aceptó sobornos y renunció al caso.
Siete años después del hecho salieron a buscar unidos en territorios narcos; en la búsqueda ciudadana participaron colectivos de otras regiones de la entidad. Los puntos que recorrieron fueron elegidos por ellas y ellos con base en investigaciones ciudadanas.
Antonia fue a la búsqueda. Ella roza los 30 años, educa y atiende un comercio para darle de comer y vestir a sus 3 hijos. En una década ha sufrido la desaparición de 7 familiares. En 2007 se llevaron a su hermano, tres años después a su esposo, luego a su cuñado, su papá y tres primos. De todos solo han encontrado al hermano de su marido, lo hallaron muerto en una fosa común en Nuevo León.
La mujer joven encabeza la búsqueda de su esposo y su padre, quien era un trabajador del mar. Antes de lograr una vida estable, cuenta, experimentó las peores cosas que sucedieron en territorio tamaulipeco. “Cuando pasó eso yo no quería salirme de mi casa, por el amor yo me quedé allí, mis hijos sufrieron por tantas balaceras que hubo, hasta que supe que mis hijos ya estaban traumados por estar allí, agarré la onda de moverlos. Nos fuimos a otro municipio y me puse a trabajar desde ese entonces”.
Sobre la búsqueda colectiva, Antonia dice que sintió tristeza y “bonito” por la posibilidad de encontrar a una persona desaparecida aunque no fuera algún familiar suyo. La madre está convencida del poder de la unión entre familiares. “Sé que todos juntos y apoyándonos unos a otros vamos a hacer algo, si no encontramos a los nuestros vamos a encontrar a otros pero vamos a quedar con esa satisfacción de que hicimos algo por ellos”.
Eulalio es uno de los pocos varones que buscan en Tamaulipas. Desde que se llevaron a su hijo ha dividido su vida entre el trabajo en ranchos y la investigación del caso. Conocer la zona rural le da un conocimiento natural al buscar en campo; sabe cuando los entierros son de basura, conoce el suelo árido de la ribereña, los ejidos y la vegetación. Él no teme a meterse debajo de las ramas largas de los mezquitales o entre nopales.
De los primeros momentos al enterarse de la desaparición, recuerda que su esposa y él fueron al sitio de donde los raptaron. “Antes los investigaban y te los soltaban, cosa que no sucedió con los nuestros. La empresa dijo que estaba negociando, que al rato nos los devolvían y ya van 7 años”, dice mientras espera un trámite en el Instituto de Atención a Víctimas.
De las 8 familias que integraron el colectivo, solamente tres viven en la misma región donde desaparecieron sus familiares, los demás se desplazaron a otras entidades o cruzaron la frontera a Estados Unidos de América. Carmen, Antonia y Eulalio van y vienen de la frontera a la capital para hacerse pruebas genéticas, revisar sus expedientes, aportar nuevos datos, encontrarse con otros compañeros buscadores.
La exigencia de justicia, seguridad y verdad continúa, coinciden los tres, pues la indagatoria de su caso sigue igual a como la dejó el gobierno anterior.
Mudarse para buscar
Mudarse para buscarlos. Esa fue la decisión que tomaron dos madres de familia para poder indagar el paradero de sus familiares. Elena y Olga vivían en el centro de Tamaulipas, donde dejaron al resto de sus parientes. Ellas hicieron maletas y cruzaron la frontera, empero cada 30 o 60 días vuelven para recabar datos y recorrer zonas donde posiblemente estén los suyos.
Elena camina con problemas entre la maleza, mientras habla de lo trabajadora que era su hija, del dolor que carga con su ausencia y de las secuelas de haber enfrentado a los delincuentes que se la llevaron hace 5 años y 7 meses. Era una tarde de mediados de 2012, dos hombres entraron al negocio que atendían madre e hija. Golpearon con una pistola a la joven. Elena forcejeó, le encajó el tacón de una zapatilla a uno de ellos, en respuesta la hirieron con un pica hielo en el brazo y pierna. Otro hombre le apuntó con una metralleta, jaló el gatillo varias veces y no salieron balas. Elena corrió e intentó retener al agresor herido, pero fracasó.
Siete horas después hablaron con el esposo de Elena. Le pidieron 2 millones de pesos, cifra que no podían pagar. Negociaron y acordaron pagar un millón de pesos a cambio de la hija sana y salva. La familia vendió sus propiedades para pagar el dinero en dos entregas. En la segunda, cuando se supone le entregarían a la muchacha, el esposo recibió un papel con un camaleón adentro, cuenta Elena. Volvieron a llamarles para pedirles 300 mil pesos, pidieron un préstamo. Elena decidió llevar el dinero. Los criminales aparecieron en el lugar pactado pero no bajaron del automóvil. La madre los persiguió y metros adelante escaparon. Nunca más volvieron a comunicarse.
Elena y su marido denunciaron el secuestro y estaban al pendiente de los avances. Abandonaron los comercios que sostenían para buscar a su hija de 23 años y también para que la madre se recuperara físicamente. No obstante, un día se dieron cuenta que el expediente había desaparecido. Volvieron a denunciar en 2013, pero las denuncias fueron destruidas, refiere, en una ocasión que grupos armados allanaron las oficinas estatales. La tercera denuncia quedó asentada en 2015, es la que mantiene activa y con la que busca a su hija.
La primera salida tras el rastro de la menor de la familia fue en una bodega. Un hombre le dijo a Elena que había visto a su hija. Después una sobrina le aseguró que había visto a la joven comprando en una farmacia en la frontera. Posteriormente, otro hombre le comentó que su hija había sido asesinada y le enumeró los posibles lugares donde estaría. Su esposo murió el año pasado sin saber el paradero de la hija.
Elena ha ido a 60 búsquedas desde el Valle de San Fernando a Altamira. Siempre que viaja no le cuenta a sus tres hijas y a sus hermanas a dónde va. De los resultados de los recorridos indica que ha hallado restos óseos calcinados y osamentas de 5 ó 6 cuerpos. Para el próximo año espera ir a 10 puntos donde, estima, puede encontrar a su hija y volver a cuidar sus nietos que viven allende la frontera norte; ella radica por temporadas en territorio texano.
Olga renunció al asilo en Estados Unidos para buscar a su hijo desaparecido en febrero de 2010. Ella cuidaba a un primo convaleciente de una operación en el hospital general en Matamoros, cuando se enteró de la desaparición de varios familiares, entre ellos el esposo de una de sus hijas.
En la tarde del 24 de febrero, Diego Armando Bárcenas Mayorga, Raúl Gómez Marmolejo, José Manuel Gómez Marmolejo y Rubén Ramírez Aguilar salieron a negociar autopartes a Valle Hermoso y no volvieron. En los días posteriores, Olga buscó, llamó al número telefónico de Diego y no le responden; pidió ayuda a las fuerzas federales y no cooperaron.
La desesperación la condujo a las peligrosas brechas de Valle Hermoso. Acompañada de sus hermanos recorrió las rutas ejidales. Al avanzar por los caminos encontró camionetas abiertas llenas de sangre, ropa tirada, casquillos. En Las Yescas, junto a un dren pluvial, halló el vehículo que usaron Diego, Raúl, José y Rubén; no tenían una gota de sangre, ni disparos, solo le faltaba la pila. Es la primera prueba que aportó a la oficina de la Policía Judicial.
La hija de Olga con sus nietas aceptó el asilo ofrecido por el gobierno estadounidense. Olga quedó a cargo de los dos expedientes. En más de 7 años de recolectar información, la madre tamaulipeca piensa que sus familiares pudieron haber fallecido en el enfrentamiento, conocido como la “masacre de Valle Hermoso”.
La investigación para localizar a los cuatro hombres no avanzó durante la administración anterior. Olga ha pedido a la nueva administración ver el registro de ingresos del 24 de febrero de 2010 en el hospital general de Matamoros; revisar el parte oficial y las fotografías de los cadáveres de la balacera ocurrida el 5 de noviembre de 2010 en Matamoros.
Logran reencontrarse
María de la Luz es una de las buscadoras que este año encontró a su primogénita Fernanda. La joven había desaparecido el 18 de octubre de 2014 en Tampico. La señora, de origen potosino y avecindada en Tamaulipas, denunció pero las autoridades no hicieron mucho en un primer momento.
María de la Luz recabó nombre de los presuntos delincuentes y posibles domicilios donde estuvo su hija. Toda la información la entregó a los agentes del Ministerio Público de la delegación del sur de la entidad. En febrero de 2015 llevó los mismos datos a la oficina central de la PGJ. Cansada de no obtener respuesta acudió a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) en la Ciudad de México.
Allí los fiscales determinaron que se trataba de una desaparición relacionada con delincuencia organizada y trasladaron el caso a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). Con agentes de la SEIDO realizó una búsqueda en un conjunto de 7 islas en Pueblo Viejo, ubicado al norte de Veracruz, colindante con Tampico.
El personal de la SEIDO y la división científica de la Policía Federal le notificaron a María que el ADN extraído a una clavícula encontrada en la isla Mata Chica correspondía a Fernanda. Autoridades federales y veracruzanas le avisaron que el 7 de septiembre del 2016 le entregarían los restos. Un día antes cancelaron la entrega del cuerpo, debido a que la fiscal regional de Tantoyuca desconocía el caso.
Nueve meses después María de la Luz recibió el cuerpo de su hija en Pueblo Viejo y lo sepultó. Los responsables del secuestro y homicidio fueron detenidos, acusados de varios casos similares. Pese a que terminó su búsqueda, la mujer continúa apoyando a mujeres y hombres que aún sufren por la desaparición de un ser querido. La potosina integra la organización Red Milynali CFC, asociación civil fundada por la buscadora Graciela Pérez, quien ha impulsado la búsqueda en campo en Tamaulipas.
* Para protegerlos y que sigan con sus búsquedas hemos cambiado algunos nombres a petición de los entrevistados.
DATOS
El 4.5 por ciento de las denuncias por desapariciones en Tamaulipas refieren que las víctimas fueron llevadas de los municipios de la región ribereña.
Cada dos días una persona es desaparecida en territorio tamaulipeco.
En los últimos 7 años, 5 mil 943 mujeres y hombres han dejado de compartir su vida con familiares y amigos.
A partir de octubre de 2016, las mujeres y hombres que buscan a sus esposos, hijos, hijas, hermanas, padres, madres, esposas, hermanos, han exhibido las omisiones de gobiernos anteriores y la fuerte problemática en la búsqueda de vida, cuerpos y justicia.