Aunque el calendario electoral inició algunos meses atrás, estamos a unas cuantas semanas para que arrecie la embestida política que de forma fortuita irrumpirá en todos los medios de comunicación de las entidades federativas que tendrán elecciones para determinar 500 diputaciones federales, así como dos mil 51 puestos de elección popular. La Reforma Política-Electoral establece cambios estructurales a la forma de hacer las campañas políticas, que aparentemente no eran de mayor trascendencia pero sí lo son en su aplicación fina de los detalles. Como bien dicen, el demonio está en las letras chiquitas.
De entrada se escucha muy pomposo que el acuerdo aprobado este jueves por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se repartirá una bolsa de recursos públicos de cinco mil 355 millones 522 mil 828 pesos para los comicios federales y locales en 18 entidades, entre todos los partidos políticos mexicanos; es más escandaloso si se pone en comparación con el gasto autorizado para 2015 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es menor contra los cuatro mil 654 millones de pesos que ejercerá, o con el Senado de la República, que erogará cuatro mil 19 millones de pesos. Sin embargo, está —aparente— exagerada cifra del gasto público para las campañas, al ponerse en detalle cobran otra dimensión; se destinarán tres mil 902 millones de pesos para actividades ordinarias, mil 170 millones para gastos de campaña, 156 millones para franquicias postales, 117 millones para actividades específicas como la educación cívica o la promoción de la igualdad de género, siete millones para candidatos independientes y 693 mil para franquicias telegráficas, de acuerdo a la información proporcionada por el INE.
¿Todavía se le hace mucho dinero mil 170 millones para gastos de campaña? Se la pongo más fácil estimado lector, cada candidatura a la diputación federal sólo podrá disponer entre 200 mil pesos a un millón de pesos aproximadamente, dependiendo del porcentaje en la distribución que le otorguen a cada partido político de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en la última elección pasada. Cualquiera que ha participado en la operación de una campaña política sabe que está cantidad es sumamente poca para la persuasión del voto, es más, se deben utilizar mayores recursos económicos entre más compleja sea la realidad social donde se celebre la elección. Es decir, en Guerrero y Michoacán no tendrán mucho margen de maniobra. Claro, Tamaulipas tiene su propia complejidad pues no es lo mismo destinar esa —realmente poca—cantidad de dinero en el Distrito Federal I con cabecera en Nuevo Laredo, que al Distrito Federal VI con cabecera en Mante que tiene la extensión territorial más dispersa de las ocho circunscripciones electorales.
En resultado, tendremos las elecciones más austeras de la historia pero por el contexto social agudizado por las nuevas regulaciones de la Reforma Política también serán las campañas más costosas en trabajo, esfuerzo y creatividad de las últimas décadas pues la intención de no ir a votar acaricia por primera vez el 50 por ciento según las encuestadoras nacionales. ¿Usted qué opina?
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