En tiempos que exigen de los poderes públicos la mayor transparencia tanto como acuerdos claros sobre cuestiones fundamentales, es perceptible la incapacidad de las cámaras para renovar el marco institucional del país. Parece mentira que aun en cuestiones sometidas durante años al debate parlamentario y en las que los acuerdos de fondo se han anunciado múltiples veces, a la hora definitiva aparezcan desajustes entre los partidos y en el interior de las propias bancadas que terminan en una comedia de equivocaciones cuyo resultado es la suspensión del trámite legislativo.
El Congreso de la Unión cerró el primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio dejando una estela de desavenencias e incumplimientos ante la mirada impaciente de los ciudadanos. Un aparente esfuerzo por resolver de última hora decisiones cuya conclusión ha sido postergada durante años, terminó en un final atropellado que impidió afinar acuerdos y del que resultó un despliegue de culpas lanzadas entre los grupos parlamentarios sin que exista, hasta el momento, una versión clara y creíble de lo que ocurrió en el último tramo del proceso legislativo. No solamente quedaron asuntos cruciales sin solución, sino que la sociedad ignora en quiénes recaen las responsabilidades del desaseo parlamentario y, finalmente, las razones o pretextos por las que ocurrió el incumplimiento de los acuerdos.
Mientras que el año pasado fuimos testigos de un fast-track a la mexicana en la aprobación de las reformas estructurales sin el consenso de la sociedad y con una extendida conciencia sobre la ilegitimidad de esos cambios, hoy nos encontramos anclados en el inmovilismo, como si estuviéramos pagando las consecuencias de la embriaguez publicitaria de los acuerdos en la época en que funcionó el Pacto por México.
Ambas cámaras dejan pendientes de resolver en el segundo período ordinario, último de la actual legislatura, temas de gran trascendencia, que habrán de ser abordados dentro de las tensiones e inconveniencias del año electoral en el que priva el ausentismo de los legisladores y la prodigalidad de las licencias.
De las cuestiones más urgentes, la designación del fiscal especial para delitos electorales, la desindexación del salario mínimo a fin de crear una unidad fiscal de medida que otorgue plena autonomía a la fijación de las remuneraciones de los trabajadores; y, por otra parte, la respuesta expresamente solicitada por los padres normalistas de Ayotzinapa, quedaron secuestrados en la premura y en la incompetencia legislativa.
Respecto de los temas que habían merecido el más alto nivel de consenso, parece inverosímil que la Reforma Política del Distrito Federal, en la que sólo quedaban dos temas a discusión, fácilmente resolubles en la propia reforma constitucional y en la próxima Constitución de la Ciudad de México, se haya reventado la votación cuando ya había tenido lugar la primera lectura del dictamen.
En cuanto al decálogo sobre seguridad del Ejecutivo Federal, cuyo marco conceptual ha merecido severas críticas; a la adecuación de la fiscalía general, cuyos términos parecen abusivos; y, finalmente, a las iniciativas sobre leyes anticorrupción, parece haber opiniones tan contrastadas e intereses tan definidos que pueden propiciar su permanente aplazamiento.
Los legisladores evidenciaron la inconexión entre las dirigencias partidistas, los liderazgos de bancada, las individualidades sobresalientes y la ausencia de un referente social que exprese las exigencias democráticas mínimas. El secuestro de la agenda, el apresuramiento en la discusión de los temas y el olvido de su trascendencia histórica vaciaron de sentido este ejercicio de reforma política.
Las circunstancias no sólo nos colocan frente a la urgencia de la reforma de la ciudad y de otras cuestiones esenciales para la gobernabilidad del país. Nos impelen también a una modificación sustantiva del régimen de gobierno que obligue a formar mayorías coherentes, pactos legislativos racionales y programas públicos explícitos cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones.
Un gobierno eficiente y un Poder Legislativo renovado, podrían desatar cambios mayores y rescatar al Estado encriptado por los intereses particulares, sometido al imperio de los poderes fácticos y ausente de supervisión ciudadana. Más que reformas parciales, urge una auténtica reforma política nacional que haga posible, en tiempos de emergencia, la articulación de todas las reformas deseables.
