Representantes de partidos políticos se reunieron en el Congreso para analizar la reforma en material electoral y las opiniones están divididas, pero en lo que sí concuerdan es en la inconveniencia de ajustar períodos electorales con una gubernatura de dos años.
En diciembre Ramiro Ramos, presidente de la Junta de Coordinación Política, me comentaba que las condiciones de Tamaulipas no son las propicias para tener un gobierno estatal sólo por dos años, específicamente se refería a la inseguridad que esto conlleva, agravado por la crisis de inseguridad que se vive aquí.
Por ello tenía contemplado el pedir opinión a los expertos donde el electorado pudiera asistir a enterarse y opinar de la encrucijada en que está Tamaulipas.
Con esta idea es que la discusión de la reforma, donde participe la ciudadanía, “iniciará el 25 de febrero en Ciudad Victoria y el 3 de marzo en Matamoros, así como el 10, 20 y 28 de abril en Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo, quedando por definir una fecha más en esta capital, mismas en las que se prevé contar con la presencia de los dirigentes partidistas y sociedad civil, con el fin de que externen sus opiniones en torno a las modificaciones en general”, indica un boletín de prensa.
Este ejecicio democrático le vendría bien a una ciudadanía que ha sido hecha a un lado en la toma de decisiones importantes para la gente, especialmente en el tema del combate a la inseguridad, pero por las declaraciones emitidas al término de la reunión pareciera que ya está cocinada la decisión y sólo se revestirá de democracia a la medida.
Por lo pronto los dirigentes de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, César Verástegui y Gustavo Cárdenas, consideraron lo impráctico de recortar el período estatal.
Aunque no se descarta que quienes sí tengan un paso efímero por sus cargos sean los y las diputadas locales y los y las alcaldesas que sean electos en el 2016.
Pareciera que el Congreso se está decantando por una decisión salomónica que por el momento no afecte el período de la gubernatura, tomando en cuenta además que para hacer esta reforma hay todavía tiempo considerado dentro de la legislación federal que da un respiro de varios años más para homologar fechas de elecciones.
Pero de que alguna vez será reducido el período en funciones de un gobernador o gobernadora tamaulipeca es un hecho y esto tiene que ocurrir antes del 2030. Y aunque veamos muy lejos la fecha, echemos números, para el 2016 sólo faltarán 14 años de la fecha límite.
Ramiro aprovechó el tema y admitió la baja participación ciudadana en los procesos debido a la desconfianza en los políticos cuyo compromiso está muy cuestionado, creo que a más de uno de los y las asistentes a esta reunión les habrá caído el saco.
CALDERÓN A JUICIO
La Corte Penal Internacional, CPI, alista un juicio contra el ex presidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, en una nota fechada en Europa se indica que la jurista Annelen Micus, del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), informó que se iniciará una investigación que lleve a aclarar las condiciones en que ha ocurrido la lucha contra el crimen organizado iniciada en los tiempos de Calderón.
“En ese caso queda aún mucho por aclarar, entre otras cosas qué papel pueden haber tenido las autoridades. El interés del Gobierno actual es sobre todo sacar a México del foco de la CPI. Peña Nieto utiliza una retórica distinta a la de su antecesor, pero está por verse si realmente hay un cambio. Una de las cuestiones que la Fiscalía de la CPI intentaría aclarar en el examen preliminar es justamente si se trata de una política de Estado, es decir, si el Estado, incluso no interviniendo directamente, ha apoyado actos de violaciones de los derechos humanos. En el caso de Calderón puede decirse que con sus directivas de que en la guerra contra el narcotráfico interviniera el ejército creó presión para que se lograran éxitos a toda costa”, la funcionaria manifiesta que se trata de impulsar reformas que clarifiquen el papel de las autoridades en esa lucha y la posible violación a los derechos de los civiles.
Y este no es el único asunto donde el gobierno federal tiene que ver, ya que el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, está pugnando porque en México se apruebe una ley general de desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales.
Como vemos, la reputación del gobierno mexicano está por los suelos a nivel internacional, bueno no nos extraña puesto que también aquí tenemos una pésima opinión del desempeño del equipo federal, tanto de Calderón, como del actual, Enrique Peña Nieto.
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