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Partido Verde: que hable la ley

/ 24 de abril, 2015 / Gerardo Esquivel (Economista)

En torno a la discusión sobre si se le debe retirar o no el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se han manifestado dos posiciones encontradas: por un lado, están quienes piden que una decisión de este tipo no sea de carácter administrativo, sino que sean los resultados en las urnas la única forma de decidir cuándo se le debe retirar el registro a un partido político; por el otro, hay más de 123 mil firmantes (entre los que me incluyo) que solicitan el retiro del registro al PVEM con base en lo establecido en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos.

Dicho artículo, en su inciso e), dice lo siguiente: “(Es) causa de pérdida de registro de un partido político: Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral”.

Así, el debate se da entre aquellos que piden “que hablen las urnas”, como ayer tituló a su editorial Arturo Escobar, vocero del PVEM, y aquellos que pedimos “que hable la ley”. Entre los primeros, además de los propios miembros y simpatizantes del PVEM, también se encuentran dos personajes muy destacados, respetados e influyentes como son José Woldenberg (quien fuera presidente del IFE) y Jacqueline Peschard (quien fuera presidenta del IFAI). Sus argumentos son similares. Woldenberg afirma: “Y para decirlo desde el inicio: son los ciudadanos votando los que deben resolver qué partidos deben permanecer en la lid electoral y cuáles de ellos deben abandonar la plaza”. Por su parte, Peschard sostiene que “demandar que la autoridad cancele el registro al Verde es fomentar que decisiones administrativas se impongan por encima de las prerrogativas de los electores; es, ni más ni menos, que trastocar los fundamentos mismos de la representatividad”.

Aunque los dos reconocen la existencia legal de la posibilidad de retirar el registro al PVEM, ambos consideran que esa opción no debe utilizarse. Woldenberg es más claro en sus razones: según él, esto sólo debe ser una opción extrema. Más aún, considera que el remedio puede ser peor que la enfermedad. En particular, le preocupa abrir una puerta peligrosa: “porque mañana no sería raro activar campañas similares demandando la salida de otros partidos igualmente detestables para otros”. El problema con este argumento es que la petición para retirarle el registro al PVEM no parte de que éste sea considerado como un partido detestable en sí mismo, sino en el resultado tangible y mensurable de su violación grave y sistemática de la legislación electoral. Es decir, existe un prerrequisito básico para que una petición de este tipo tenga una mínima probabilidad de éxito: que ese partido haya cometido repetidas violaciones a la legislación electoral. Si un partido no incumple con la ley, no habría siquiera razones para hacer un planteamiento de esta naturaleza.

En el caso del PVEM, las violaciones son francamente escandalosas. Según el recuento que ha elaborado Alberto Serdán en un artículo recientemente publicado en “horizontal.mx”, entre el 15 de enero y el 20 de abril de este año el PVEM se ha hecho acreedor a una sanción cada 3 días. Más aún, en muchas de las resoluciones del INE o en las sentencias del Tribunal Electoral se menciona la gravedad y la sistematicidad de las faltas en las que ha incurrido dicho partido. Y si bien estas sanciones se han traducido ya en multas millonarias (cercanas a los 200 millones de pesos), esto no parece haber hecho sino reforzar una actitud pendenciera y estratégica que sabe que violar la ley y ser multado puede ser menos costoso que los potenciales beneficios electorales, políticos y pecuniarios en los que dichos actos pueden traducirse. No es casualidad que el vocero del Verde aluda en su artículo editorial al hecho de que los resultados de casas encuestadoras revelan que “el PVEM alcanzará un resultado histórico en la votación nacional en la renovación de la Cámara de Diputados de este año”. El cálculo estratégico en estos actos ha sido evidente. Por ello, y para evitar continuar incentivando este tipo de comportamiento desleal con nuestro sistema democrático, creo que debe contemplarse seriamente la posibilidad de aplicar lo establecido en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. Que hable la ley, y no sólo las urnas.

Twitter: @esquivelgerardo
Correo: gesquive@colmex.mx