CARACAS, Venezuela.- El puente Simón Bolívar, construido para unir a Colombia y Venezuela y nombrado en honor al libertador de lo que antaño fue una sola nación, está cerrado desde la semana pasada.
No es la primera vez que se cierra este paso, pero la sensación por estos días es que algo se quebró entre los dos países.
Desde el pasado viernes, mil 118 colombianos pobres que vivían como indocumentados en barrios de invasión desde hace más de una década empezaron a ser deportados.
A ellos se sumarán otros mil 535 que han decidido retornar voluntariamente a su país.
La crisis inició el pasado miércoles, cuando el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidió cerrar parte de la frontera durante 72 horas, luego de que tres militares resultaran heridos en un incidente en San Antonio de Táchira atribuido a paramilitares colombianos y contrabandistas.
Lejos de apaciguarse, la situación ha empeorado, ya que Maduro decretó el estado excepción, suspendiendo las garantías constitucionales en seis municipios y forzando a Bogotá a hablar de una crisis humanitaria en la frontera.
«Por unos pocos que actúan mal, nos hicieron pagar a todos. Desde que Maduro subió (al poder) empezó la discriminación contra los colombianos. Nos tratan como trapos», contó Marley Díaz, una mujer de 39 años que llevaba una década en Venezuela.
La Guardia Nacional llegó hasta su ranchito y, después de requisarlo y ver que era una indocumentada, se la llevaron sin darle tiempo de empacar nada. A su casa la marcaron con una D, señal de que será demolida.
El resto de sus compatriotas que ha decidido irse voluntariamente huyen de eso.
En dos instalaciones deportivas y cuatro centros comunitarios y de ancianos de Cúcuta y de la pequeña población de la Villa del Rosario se levantaron improvisados refugios donde las autoridades colombianas están alojando a los deportados, algunos de los cuales sólo tienen lo que llevan puesto.
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2 mil 200 kilómetros donde operan delincuentes comunes, contrabandistas y grupos irregulares, como el grupo paramilitar «Los Urabeños».
La Cancillería y el Ministerio de Relaciones Interiores de Colombia expresaron su rechazo al cierre de los pasos fronterizos e indicaron en un comunicado conjunto que no es cerrando la frontera ni deportando colombianos como se va a resolver la problemática.
Bogotá también rechazó las descalificaciones contra el ex Mandatario Álvaro Uribe, acusado de ser el jefe del grupo paramilitar y de promover un plan para derrocar al Gobierno de Maduro.
Pese a ello, la Canciller colombiana, María Ángela Holguín, tiene previsto reunirse hoy con su par venezolana, Delcy Rodríguez, en la ciudad colombiana de Cartagena para tratar la crisis fronteriza.
Por su parte, Uribe visitó una de las ciudades colombianas fronterizas, y pidió al Gobierno de Juan Manuel Santos respetar los acuerdos internacionales y logre un trato justo a los colombianos.
