MÉXICO, DF.- El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron en La Habana, Cuba, un importante acuerdo sobre justicia que incluye la creación de un tribunal especial para la paz.
Representantes de los países garantes del acuerdo, Cuba y Noruega, leyeron un comunicado, acompañados de las dos delegaciones de paz, encabezadas por el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder máximo de las FARC, alias «Timochenko».
Antes de este anuncio, se realizó una reunión privada entre el Presidente Santos; el de Cuba, Raúl Castro; el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timoleón Jiménez» o «Timochenko»; y el garante de los Diálogos de Paz por Cuba, Rodolfo Benítez, quien dio a conocer los primeros cinco puntos del acuerdo sobre la justicia para las víctimas del conflicto.
Con ello, el Gobierno de Colombia y las FARC reafirmaron su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas para una paz estable y duradera.
Para ello, se creará una Comisión para la Verdad y la Convivencia y la no repetición.
Se creará una jurisdicción especial para la paz que contará con la Salas de Justicia y un Tribunal por la paz formada en su mayoría por magistrados colombianos y algunos extranjeros.
Su función será acabar con la impunidad, obtener la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar a los responsables durante el conflicto armado.
No serán objeto de amnistía los delitos tipificados en la legislación nacional, hechos de genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, torturas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual serán objeto de investigación y juzgamiento.
Este tribunal estará conformado por dos salas, una de sentencia y otra de juzgamiento.
La diferencia se centra en que a la primera llegarán los procesos en los que los involucrados acepten responsabilidad de los hechos, y a la segunda le corresponderán los casos en los que no se acepten cargos y se haga necesaria una comprobación.
Para evitar que se presenten personas que no tengan relación alguna con el proceso de paz y busquen los beneficios de este modelo, se establecerán una serie de filtros. Algunos de ellos son haber firmado el fin de la guerra con el Estado y que, además, los casos estén relacionados directamente con el conflicto armado.
El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras.
Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque, de lo contrario, se podría aplicar una pena efectiva de cárcel.
Un punto clave que tendrá el acuerdo es que en determinados casos, muy específicos, habría elegibilidad política en las zonas en las que tengan la restricción de la libertad. Esto, por supuesto, requiere reglas claras que se están construyendo.
Otro aspecto importante es que se buscarán mecanismos para dar garantías de no extradición bajo la premisa de que se debe garantizar la verdad para las víctimas de más de 50 años de confrontación armada.
La restricción de la libertad tendrá que ser verificada y controlada, y eso es, precisamente, lo que ayudan a acordar Uruguay, como país «pro tempore» de la Unasur, y un delegado de la Secretaría General de Naciones Unidas.
Además, las FARC deberán entregar las armas en un plazo de 60 días tras la firma de un eventual acuerdo de paz definitivo con el Gobierno de Colombia.
«En seis meses debe estar firmada la paz», señaló posteriormente Santos.
