Buenos Aires, Argentina.- Argentina celebrará el domingo elecciones generales para votar, en medio de gran incertidumbre por el resultado, al sucesor de la presidenta Cristina Fernández, quien cerrará un ciclo de doce años de gobierno kirchnerista en el país sudamericano.
Los sondeos apuntan a un escrutinio de alta tensión, ya que por pocas décimas se podría definir un triunfo en primera vuelta del candidato presidencial del Frente para la Victoria (Fpv) oficialista, el peronista Daniel Scioli, o una segunda ronda en noviembre con el postulante de la coalición opositora Cambiemos, Mauricio Macri.
El tercer candidato con alta intención de voto, el peronista disidente Sergio Massa de la alianza UNA, no alcanzaría en tanto a pelear por un lugar en una eventual segunda ronda.
En Argentina para ganar en primera vuelta se necesita más del 45 por ciento de los votos o más del 40 por ciento y una ventaja de diez puntos porcentuales sobre el más cercano contendiente. Las encuestas coinciden en señalar que Scioli obtendría cerca del 40 por ciento; Macri, un 30 por ciento; y Massa, poco más de 21 por ciento.
«El escenario es muy ajustado y se centra en los diez puntos de diferencia que necesita Scioli para ganar», evaluó la analista política Mariel Fornoni, de la consultora Management & Fit.
Las últimas horas previas a los comicios del 25 de octubre pueden ser clave. Según la consultora, cerca de 30 por ciento del electorado tiene un «voto volátil». Al 15 por ciento de indecisos se suma casi un 20 por ciento de personas que admiten que pueden cambiar su decisión a último momento.
Unos 32 millones de ciudadanos fueron convocados a votar el domingo presidente y vicepresidente, 130 bancas de diputados nacionales (sobre un total de 257), 24 senadores nacionales (sobre un total de 72), 43 legisladores para el Parlamento del Mercosur (Parlasur) y en once provincias se elegirán gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales.
Una de las regiones que pueden definir la elección es la provincia de Buenos Aires, que representa el 37 por ciento del padrón nacional. Allí se postula como candidato a gobernador del FpV el actual jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, un peronista histórico pero uno de los funcionarios de peor imagen pública; mientras que por Cambiemos compite María Eugenia Vidal, una figura ascendente.
«Scioli necesita el voto no atado a la fidelidad de Cristina Fernández de Kirchner. Pero las figuras de (su compañero de fórmula Carlos) Zannini y Aníbal Fernández le dificulta diferenciarse» de la presidenta, señaló Fornoni.
El gobernador desde 2007 de la provincia de Buenos Aires, de 58 años, se presenta como el candidato que puede «garantizar la gobernabilidad» con el apoyo de sindicatos y las provincias gobernadas por el peronismo. Aunque evita una confrontación abierta con el gobierno, asegura que no será un presidente «de transición» ni un títere del kirchnerismo.
«Voy a ejercer con plenitud las facultades constitucionales», afirma Scioli, quien anticipa que de llegar a la presidencia va a «mantener lo que ya está, cambiar algunas cosas, corregir otras y trabajar para lo que falta».
Macri, de 56 años, se postula en tanto como el candidato «del cambio». Ex presidente del club de fútbol Boca Juniors, empresario y alcalde desde 2007 de la ciudad de Buenos Aires, lidera el partido de centroderecha PRO. Basa su campaña en la promesa de «pobreza cero, luchar contra el narcotráfico y unir a los argentinos» luego de doce años de kirchnerismo que abrieron una «grieta» en la sociedad entre los denominados K y anti-K.
Massa, de 43 años, se estableció como el tercero en discordia y evitó una polarización electoral entre Scioli y Macri. En caída antes de las primarias de agosto, el diputado y líder del Frente Renovador se recuperó e incluso sumó apoyo en los últimos meses con una campaña agresiva de propuestas concretas y algunas polémicas para reactivar la economía -respaldado por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna- y luchar contra la inseguridad y el narcotráfico con ayuda de las Fuerzas Armadas.
También se postulan a la presidencia Margarita Stolbizer, de la coalición de centroizquierda Progresistas; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT); y el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá.
Los resultados que proyectan las encuestadoras advierten que el FpV perdería la mayoría propia en la Cámara de Diputados, pero lograría mantenerla en el Senado, por lo cual al próximo presidente -cualquiera sea- le tocará gobernar a través de acuerdos con aliados parlamentarios.
La herencia que recibirá el próximo presidente luego del gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos mandatos de Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-actual) es compleja, aunque la dirigente peronista dejará el cargo con una imagen positiva de su gestión, en torno al 40 por ciento.
Una economía estancada, con problemas en algunos sectores productivos y una inflación cercana al 25 por ciento anual, exiguas reservas de divisas en el Banco Central, alta emisión monetaria, un déficit estimado en un 7 por ciento del PIB, un tipo de cambio doble, con una brecha del 70 por ciento entre el dólar oficial y el marginal y estrictas restricciones a la compra de divisas, desabastecimiento energético y casi un 29 por ciento de la población sumida en la pobreza, según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA), son algunas caras del escenario que enfrentará a partir del próximo 10 de diciembre el nuevo presidente.
Argentina también enfrenta litigios con fondos especulativos de inversión y tenedores de bonos en moratoria que reclaman el pago completo y con intereses desde 2002, que lo mantienen aún alejado del mercado financiero internacional para obtener créditos a tasas bajas.
El amplio sistema de asistencia social que implementó Fernández de Kirchner sacó sin embargo a miles de familias de la indigencia y llevó a muchos niños de regreso a la escuela. Fue el sostén para sacar de la pobreza extrema a parte de la población, aunque el gobierno no mide ese índice desde 2013.
La ausencia de estadísticas oficiales fiables no permite un análisis certero de la situación económica y social, que debe mientras tanto ceñirse a los estudios privados o de entidades universitarias o multilaterales internacionales.
