CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Uno de cada tres delitos cometido en Tamaulipas en contra de negocios, en los que hubo la portación de un arma de fuego o arma blanca, es cometido por un menor de 18 años, conforme la estadística de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe) sobre Seguridad Pública.
De acuerdo a las cifras de las encuestas sobre Seguridad Pública y Victimización, los adolescentes en Tamaulipas delinquen con toda impunidad y solamente uno de cada 10 señalado como cómplice o responsable de un delito es procesado.
Un informe del Gobierno de Tamaulipas refiere que la causa del aumento de los delitos en menores de edad o jóvenes menores de 30 años, se desprende falta de valores, falta de cohesión familiar, bajos ingresos y pocas oportunidades laborales.
En 2014 hubo un promedio de sólo 100 adolescentes infractores de los Centros de reintegración social y familiar del adolescente de la entidad.
Según declaraciones de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, en los últimos cinco años se ha registrado un crecimiento del 25 por ciento en los delitos cometidos por adolescentes.
En general, seis de cada 10 delitos que ocurren en la entidad son perpetrados por menores de 30 años, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero mientras los delincuentes de 19 a 30 años son los que más frecuentemente son procesados, en los delitos de adolescentes 12 a 15 años y de menores de edad imputables, 16 a 18 años, hay un mayor porcentaje de perdones e impunidad.
Del total de la población que fue ingresada a centros de reclusión en Tamaulipas por delitos del fuero común en 2013, tres mil 257, eran adolescentes procesados registrados en los juzgados estatales especializados solamente 431 eran adolescentes.
En total se documenta de 2010 a 2014 un promedio de tres mil 200 menores de edad, armados quedaron involucrados en delitos violentos como secuestro, extorsión, asalto, robo a negocio, robo a domicilio, robo de vehículos, asalto a transeúnte, lesiones dolosas y homicidio doloso, entre los más comunes.
La Envipe anota que en 2013 no hubo un solo adolescente con resolución sancionatoria de primera instancia, conforme los registros en los juzgados estatales especializados en adolescentes, incluso por los delitos que son imputables.
Además, en los juzgados estatales especializados en adolescentes en primera instancia, ese mismo 2013, solamente fueron procesados 96 adolescentes, 25 de ellos menores de 13 años y los restantes 71 menores de 15 años.
En esos mismos expedientes de delitos en que son adolescentes los inculpados se detallan 85 víctimas, ninguna de las cuales obtuvo la reparación del daño.
Las leyes específicas han hecho patente que en Tamaulipas ningún adolsecente puede ser juzgado como adulto, pero no han obligado a las instancias gubernamentales a realizar campañas culturales para tratar de erradicar la delincuencia en menores de edad y jóvenes.
En la última reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas y de las leyes para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas, de Justicia para Adolescentes del Estado y Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se buscó tutelar más aún a los adolescentes infractores.
“Con la finalidad de brindar seguridad jurídica y proteger los derechos y garantías de los adolescentes, resulta pertinente realizar las adecuaciones que se plantean a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado”, dice la reforma de julio de este año.
El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Pedro Lara Mendiola, afirma que son aproximadamente 350 los casos de adolescentes que en segunda instancia, revisa el Poder Judicial estatal cada año.
Estos asuntos llegan a la segunda instancia luego de que una gran parte de los adolescentes que reciben sentencia condenatoria, se inconforman y apelan el fallo de los jueces de primera instancia.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los adolescentes recluidos en centros especializados se quejan de maltrato físico y psicológico de parte de servidores públicos adscritos a esos establecimientos.
“Tales como golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas y uso de esposas por lapsos prolongados; utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, condiciones de encierro sin ropa, en celdas insalubres, sin servicios sanitarios ni ventilación, así como privación de agua y alimentos”, dice la CNDH.
Del total de los 43 mil inculpados o imputados registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas en 2013, un tercio eran menores de edad, pero de los cuatro mil procesados, menos del 10 por ciento son menores procesados en el sistema de Justicia Adolescente y solamente tres, menos de uno cada mil procesado y sentenciado, fue un adolescente.
La mitad de los delitos denunciados contra negocios, básicamente robo, asalto y extorsión, es cometido en esta entidad por persona o personas que portaban un arma, y en un tercio de estos delitos el presunto delincuente era menor de edad.
