TAMPICO, Tamaulipas.- Viajando por la carretera. Caminando rumbo a la casa. Yendo a la primaria, secundaria, universidad. Celebrando o divirtiéndose en un restaurante. Trabajando en el campo, en la oficina de un banco, en la maquila fronteriza, en bandas criminales, en la industria del sur, en el gobierno. Durmiendo en casa. De estas formas han desaparecido 6 mil 491 personas en Tamaulipas, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Cada uno de esas mujeres y esos hombres lo buscan sus hijos, sus esposas, sus esposos, su madre o su padre. Cada número es un rostro y una historia. Cada desaparecido es un calvario maximizado por los vacíos legales, la carencia de personal y la falta de herramientas tecnológicas para la búsqueda. La tragedia humanitaria de México es doble, coinciden familiares de desaparecidos, porque el Estado mexicano no sabe buscar y ellos son los que lideran las encrucijadas para encontrar una pista de sus seres queridos.
Denunciar ante la Agencia del Ministerio Público la desaparición. Esperar 72 horas para que la persona sea declarada oficialmente extraviada. Promover que la denuncia pase a la Fiscalía especializada. Esperar. Salir a buscar con los medios propios. Esperar. Visitar las oficinas del Instituto de Atención a Víctimas. Esperar. Ir a las oficinas del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas para preguntar si hay noticias. Esperar. Aquí empieza el sufrimiento de los familiares que no encuentran la respuesta que esperan de las autoridades.
BUSCAR EN TAMAULIPAS
“Nosotros podemos esperar todavía la justicia. Nosotros estamos solamente enfocados en buscar a nuestros hijos, a nuestras hijas y encontrarlos”, dice la presidenta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL), Leticia Hidalgo. Ella es activista hace 4 años; comenzó el día que su hijo de 18 años, Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), desapareció.
Leticia coordina los esfuerzos incesantes de 20 familias que buscan a sus parientes y ha asesorado a más de 160 personas que también indagan el paradero de un familiar. Dentro de los casos atienden el extravío de 9 personas ocurrido en 4 eventos diferentes. La última comunicación de los nuevoleoneses se dio cuando viajaban por territorio tamaulipeco, en las carreteras de Sabinas Hidalgo, Nuevo León a Tamaulipas; de Monterrey a Nuevo Laredo; de Monterrey a Matamoros; y de Monterrey a Victoria. Por estos casos se reúnen con la Procuraduría General de Justicia local.
Leticia Hidalgo explica que a diferencia de otros estados, Nuevo León cuenta con un grupo de búsqueda inmediata, el cual trabaja en las primeras 72 horas. Después la indagatoria y rastreo queda a cargo de los agentes de la Unidad integrada por 75 agentes investigadores de campo.
La líder de FUNDENL lamenta que a 8 años de que se visibilizó el aumento de desapariciones, México no cuente con las herramientas necesarias. Lamenta que todavía no existan las leyes General de Desaparición Forzada y la de Declaración de Ausencia. Sobre Tamaulipas, aclara, conoce cientos de casos y, en particular, los esfuerzos de Graciela Pérez, quien busca a su hija, 3 sobrinos y un
hermano desaparecidos el 14 de agosto de 2012.
DE AGENCIA EN AGENCIA
Milynali Piña Pérez, José Arturo y Alexis Domínguez Pérez, Aldo de Jesús Pérez Salazar e Ignacio Pérez Rodríguez viajaban en una camioneta rumbo a Tamuín. Nadie supo más de ellos mientras pasaban por Mante. La madre de Milynali denunció ante las autoridades estatales y federales. Ha vivido los cambios de nombre de agencia especializada a fiscalía. Ha visto las rotaciones de agentes. Ha preferido buscar a sus parientes por su propia cuenta.
Pérez reconoce que la estrategia federal de seguridad en la entidad funciona, pero no ha dado solución en las desapariciones. “Detienen delincuentes, pero esos dejaron consecuencias en nuestras familias. Yo tengo infinidad de oficios para pedir un grupo de búsqueda, porque es la única forma de encontrarlos. No los vamos a encontrar en el escritorio, ni con las colaboraciones, ni con que abran un edificio, ni porque le pongan nombre a una oficina que diga Fiscalía de búsqueda. Se necesitan equipos, grupos, gente y personas que apoyen a las familias que no vamos a dejarlos de buscar. ”.
Además, Graciela Pérez participa en la organización Ciencia Forense Ciudadana. Esta convencida que las herramientas legales oficiales deben de acompañarse del reconocimiento de grupos de expertos independientes. Por ello, apuesta a que se cree un biobanco de ADN ciudadano y un registro nacional ciudadano.
“En cuanto al caso de mi familia seguimos exactamente igual. Como dice mi madre: mientras no me los traigas de regreso no hay nada y no han hecho nada. ¿Qué le respondo a mi madre si no le llevo a sus nietos, a su hijo? Estamos luchando por esto. Estamos tratando de buscar por todos los medios. Hoy jueves 26 de noviembre se cumplen 1199 días y seguimos exactamente igual sin ellos. Están deteniendo
a muchas personas pero seguimos sin ellos”.
Difícil, integrar equipos de búsqueda: Fiscalía
Carlos Manuel Juárez
El 14 de mayo de 2015 se publicó en el Periódico Oficial el documento que ordenó la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad.
El combate a este delito comenzó el 18 de junio del año anterior, cuando el Poder Ejecutivo estatal instruyó a la conformación de las Agencias del Ministerio Público Especializadas. Las instancias se ubicarían en Tampico, Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. El responsable directo, indica el acuerdo de 2014, sería el delegado regional de la PGJ.
El nuevo entramado establecido por la Procuraduría General de la República (PGR) obligó a homologar las dependencias. Por ello, en mayo el Congreso de Tamaulipas recibió la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría. Las acciones principales fueron establecer la estructura de la Coordinación Antisecuestros y de la Fiscalía para personas no localizadas.
Para junio de este año, el Procurador Ismael Quintanilla Acosta nombró a Pedro Efraín González Aranda, fiscal especial en atención a personas no localizadas o privadas de su libertad.
González Aranda ha trabajado en la integración del banco de datos oficial sobre desaparecidos. A medio año de trabajo los resultados son escasos, debido a que no ha podido sumar elementos que se dediquen a buscar a los reportados. El acuerdo publicado indica que la Fiscalía utilizará para la búsqueda “binomios caninos y cualquier apoyo de personal especializado, implementos tecnológicos o científicos, que permitan dar con el paradero de las personas”.
El funcionario judicial declaró que el rescate de secuestrados y la localización de personas es constante, empero no dio una cifra. “Geográficamente Tamaulipas es un estado de tránsito sobre todo para quienes viajan a Estados Unidos, bien sea por personas que vienen del sur del estado o viceversa. Tenemos casos sobre todo de San Luis y de Veracruz”, expresó el fiscal.
Un presidente tras la huella de las víctimas
Efraín Klérigan
El presidente Enrique Peña Nieto pidió al Congreso de la Unión discutir y aprobar una nueva Ley que castigaría hasta con 100 años de prisión la desaparición de persona y los consideraría un delito imprescriptible, además que se crearía un Sistema Nacional de búsqueda con una unidad federal y unidades adscritas a cada uno de los fueros locales.
“Se prevén tres delitos diferentes: el delito de desaparición forzada, el delito de desaparición por particulares y los delitos vinculados a la desaparición forzada o desaparición por particulares”, dice la iniciativa.
Además se prescribe la reparación del daño y la atención a víctimas, su protección con medidas cautelares y apoyo físico, bases de datos nacionales sobre desaparecidos, en las cuales además de los ministerios públicos y los centros de detención, confluirá la información de hospitales, servicios forenses, panteones y servicios funerarios, y la declaración de ausencia legal.
“Se trata de un delito artero, deleznable y de gran impacto para la sociedad, por lo que conocer, atender y erradicar a fondo cualquier tipo de desaparición de personas es una tarea fundamental”, puntualiza el documento enviado por la Secretaría de Gobernación al Senado de la República.
Entre lo que crearía la iniciativa se encuentra un protocolo de actuación en materia de delitos de desaparición, de forma que las autoridades federales no solamente actúen conforme a la normatividad internacional sino que informen a parientes y denunciantes de los derechos que tienen y los que tienen la víctima, como la preservación de su patrimonio.
El registro de personas desaparecidas y no localizadas en el ámbito nacional, “que permitirá prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito”, tendrá información que podrá ser consultada por las autoridades de las 32 entidades, y que se enriquecerá con bases de ADN, fotografía, datos de hospitales, panteones, centros de detención y servicios funerarios.
Se incluye a los particulares que priven de su libertad a personas, los hagan desaparecer por cambio de identidad o cualquier otra forma o delito y para quienes ayuden a que esto ocurra, especialmente cuando se trate de menores de edad, en hechos como robo de infante.
La iniciativa presidencial también propone incluir en esta figura delictiva a cualquier persona que perpetre la desaparición de persona o personas, pues actualmente sólo se considera este delito cuando es cometido por funcionarios públicos y, además, castigar los delitos vinculados a la desaparición de personas como la tortura, ocultamiento de información o documentos o falsificación de documentos de identidad.
La desaparición forzada de persona es el delito cometido por servidores públicos: policiacos, judiciales, médicos o administrativos, que privan de su libertad a una o más personas, para posteriormente negar la privación de la libertad, su paradero o cualquier información respecto de quien fue privado de la libertad. Las penas previstas para esta modalidad del delito de desaparición de persona, van de 50 a 100 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación definitiva para ocupar cargos públicos.
La “desaparición por particulares”, se castigaría con prisión de 40 a 90 años, además de penas económicas, y se define como el delito cometido por la persona o grupo de personas que sin el apoyo la aquiescencia (Aprobación) de servidor o servidores públicos priven de la liberta a persona o persona y posteriormente nieguen a reconocerlo y a dar cualquier información que permita dar con el paradero del desaparecido.
Los delitos vinculados son las conductas relacionadas con los delitos de privación de la libertad y desaparición posterior, cometido por quien realiza la desaparición o por personas que ayudan al infractor a ocultar a la personas o en su caso, el cadáver, y para los cuales también se proponen penas severas.
Tamaulipas es una de las entidades del País dónde mayor número de personas desparecidas se han reportado en los últimos 20 años, con más tres mil de los 24 mil 800 casos reportados en el ámbito nacional.
MIGRANTES, VÍCTIMAS USUALES
Solamente de enero de 2014 a junio de 2015, según la PGR, se han denunciado ante las autoridades en Tamaulipas 174 personas adultas desaparecidas, 20 de las cuales son mujeres, sin que ninguno de
ellos haya sido localizado. Del total de los mil 157 desparecidos reportados ante autoridades, 931 son hombres y 226 mujeres.
En esas desapariciones documentados, no se incluye el robo de infante o de menor de edad que hubiera ocurrido, perpetrado por personas que los entregan a otros, realizan adopciones fraudulentas, falsifican documentos de identidad o los someten a diversos tipos de esclavitud, como la prostitución o la pornografía.
La PGR ha aceptado que de las casi 25 mil personas que han desaparecido en los últimos 10 años, al menos cuatro mil desaparecieron en Tamaulipas y una gran cantidad de ellos son migrantes en tránsito desde otro país.
LA PROPUESTA
La nueva ley propone la creación de una ley federal y leyes locales homologadas a esa; establecer tipos penales iguales en materia de desaparición de personas y el compromiso de los fueros comunes de castigar en sus leyes estatales, con la misma severidad que la Ley General, este delito.
“Tipos penales en materia de desaparición de persona, así como sus sanciones, que evidencian el compromiso del Estado de castigar con la mayor severidad aquellos delitos que lastiman y transgreden el tejido social”, dice la iniciativa.
Se creará el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, el cual se conformará por autoridades gubernamentales y en el que participan familiares, víctimas y organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Nacional Ciudadano.
Además se crea un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, como mecanismo de intercambio de información entre hospitales, panteones, servicios forenses y lugares de detención.
Vacío legal, desde el gobierno federal
Carlos Manuel Juárez
La falta de una Ley General de Desaparición Forzada en México ha provocado que gran parte de las familias de las más de 26 mil personas desaparecidas en el país pierdan su casa y los derechos
primordiales, como la asistencia médica y el derecho a la educación. En Tamaulipas han desaparecido 6 mil 491 personas.
A nivel estatal las 31 Legislaturas tampoco han hecho lo suficiente para establecer el soporte legal que proteja a los hijos y las hijas, las esposas y los esposos, las madres y los padres. El Congreso estatal aprobó las modificaciones para crear una Fiscalía pero la normatividad es insuficiente.
En Coahuila hace 18 meses se promulgó la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas. Si la persona no localizada era empleada formal, el patrón debe pagar el salario y el acceso al servicio médico o la conservación de una vivienda en crédito a la familia. La ley considera a una persona como desaparecida luego de que transcurrieron 30 días desde que fue vista por última vez y no es localizada. Dicho estatus debe ser dictaminado por el Ministerio Público. Posteriormente un juez determina la validez del caso.
“Hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona» los beneficios de la protección familiar se mantendrán, señala el artículo 15.
Cuestionado al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jacopo) del Congreso de Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, sólo se refirió a la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad. En cambio, el diputado Alfonso de León Perales admitió que todavía hace falta que el Poder Legislativo en conjunto con el Ejecutivo promuevan leyes y apliquen normas ya aprobadas, que frenen la revictimización de las familias que buscan a un pariente desaparecido.
