CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sacó en forma inusual la tarjeta amarilla en Tamaulipas a un grueso paquete de municipios “grandes”. Determinó que en los ayuntamientos 2013-2016 de Altamira, Bustamante, El Mante, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Tula, hubo un daño a la hacienda pública por más de 57 millones de pesos en la aplicación de los fondos de Pavimentación y, de Aportaciones a la Infraestructura Social.
Casi 17 millones de pesos ya fueron regresados al erario federal y no se ha aclarado en destino que se le dio a 41 millones de pesos más, lo cual podría generar responsabilidades legales para los presidentes municipales.
Hasta el momento la única solicitud de sanción es para el Ayuntamiento de Reynosa, pues ya la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la Contraloría Gubernamental iniciar un procedimiento, pues se presume el desvío de más de ocho millones de pesos.
“La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo”, señala la ASF en un oficio a la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas.
Los desvíos de fondos y el daño patrimonial a la hacienda pública por 57 millones de pesos es sólo lo conectado con las 14 auditorías de un total de más de 473 que se podrían haber hecho al uso de los recursos federales, mientras que los desvíos a recursos propios y fondos federales, que son los más constantes, nunca es informado por la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental.
Llama la atención que al tratarse de fondos que requieren de aportación estatal y municipal para poderse ejercer, en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, para los dictámenes de cuenta pública 2014, no exista una sola referencia a estas devoluciones de fondos ni siquiera a los procesos de aclaración.
La Auditoría Superior de Tamaulipas no le encontró objeciones a ninguno de los municipios emproblemados con el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión y excepto a Matamoros, les aprobó la cuenta pública a todos sin objeciones.
Para la ASF, el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión, lo municipios revisados en todos casos no cumplen con la reglamentación de transferencia de los recursos, clarificar el monto de los contratos, los rendimientos financieros que tienen en las cuentas donde guardan los recursos, esta última una de las razones por las cuales retrasan el pago de obras.
Tampoco llevan los municipios un registro e información financiera de las operaciones, del destino de los recursos, de la obra pública adjudicada con lo que violan varias leyes como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los reglamentos de las mencionadas leyes y las disposiciones para la aplicación de los recursos.
La ASF encontró que ninguno de los municipios de Tamaulipas tiene controles internos para identificar desvíos ni cumple con las reglas de operación de los fondos federales, además que frecuentemente no ejercen los recursos durante el año fiscal para el cual les fueron ministrados, los que da lugar a subejercicios en programas de fomento social.
LOS SANCIONADOS
De las 14 auditorías practicadas a municipios de Tamaulipas y de las que informó la ASF al Congreso de la Unión, en 10 se encontraron irregularidades con posible daños patrimonial y en todas las 14, falta de eficiencia de los ayuntamiento al ejercer el gasto público.
El gobierno municipal que mayor daño al erario podría haber ocasionado en el ejercicio de los fondos de Infraestructura Social y de Pavimentación, es Tampico con 18 millones 979 mil pesos, de los cuales ha devuelto casi seis millones y no ha aclarado el destino de otros 13 millones.
Le sigue Reynosa con posibles quebrantos de 15.4 millones de los cuales ya reintegró casi nueve millones a la hacienda pública y sólo le falta explicar qué hizo con 6.4 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social.
Mientras la ASF reprobó la cuenta pública de Reynosa 2014, la Auditoría Superior y el Congreso del Estado la aprobaron sin objeciones, mientras que la de Matamoros fue rechazada.
En el caso de Matamoros el mayor de los desvíos de fondo se ubicó en el Fondo de Pavimentación del cual hay 9.5 millones desviados, además de otros 230 mil pesos del FISM.
“El Municipio de Matamoros, Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo ajustada a la normativa que regula su ejercicio”, dice el órganos fiscalizador federal.
Otro municipio emproblemado es Altamira, a cuyo Ayuntamiento se le ha pedido que aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de dos millones 742 mil pesos, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
El gobierno de El Mante tiene desvíos solamente del Fondo de Infraestructura Social y el de Pavimentaciones, por 5.3 millones de pesos, además de que se encontró que es ineficaz en el gasto público e incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia.
“El municipio no proporcionó a la SHCP ocho de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos”, dice la ASF.
