TAMPICO, Tamaulipas.- Tras recibir la prórroga de la concesión para explotar la cuenca baja del río Pánuco, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el “Bronco”, negó que esté comprometido en realizar el proyecto Monterrey VI, pero, aseguró, “el agua del Pánuco ya es de Nuevo León, es de los nuevoleoneses”.
«Hay una polémica enorme de si se trae o no del Pánuco. Yo he escuchado de los expertos y de la gente que nos ha traído planteamientos que la única fuente de abastecimiento segura que tenemos es el Pánuco, no hay otra fuente de abastecimiento”, declaró Rodríguez Calderón.
La Comisión Nacional del Agua (CNA) fijó un plazo de 9 meses para que las autoridades regias definan qué obra harán para extraer agua del río y conducirla hasta el estado nuevoleonés. Es la segunda extensión del permiso que avalan el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los mandatarios de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.
El Monterrey VI contempla la instalación de un ducto de 390 kilómetros de longitud. El punto de origen se encuentra en el río Pánuco. En la etapa inicial se extraerían 5 menos cúbicos por segundo. La meta final son 15 metros cúbicos por segundo. El grupo empresarial que obtuvo el contrato lo integran las empresas Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial del Grupo Higa; Controladora de Operaciones e Infraestructura, parte de ICA; Desarrollos y Construcciones Rogar; Recsa Concesiones, y Pyecsa. El acueducto, se estima, costaría 62 mil millones de pesos.
La extensión del contrato, aclaró el director Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey, Enrique Torres, no significa que insistirán en realizar el acueducto planteado por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Sin embargo, aceptó, la única forma de mantener la concesión ante el gobierno federal es no romper el contrato para la obra.
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) ofreció 3 mil 500 millones de pesos para el proyecto, sin embargo puso una fecha de vencimiento para ejercer el dinero. Desde octubre de 2015, el Monterrey VI fue aplazado debido a la presión de la sociedad civil que señaló costos muy altos que implicarían aumentar la deuda pública estatal. Para resolver el conflicto, el gobierno entrante instaló una mesa con especialistas que propondrán proyectos hídricos.
