El Congreso local se decidió por endurecer la pena carcelaria de 50 años para quien asesine a un policía.
La medida busca inhibir esta clase de delitos, porque el número exacto de agentes que han caído en cumplimiento de su deber hasta ahora lo ignoramos.
Si bien al principio del mandato calderonista la cifra de policías muertos en la refriega se calculaba en varios miles, hoy tras una década de enfrentamientos el número ha de ser escalofríante.
Por cuestiones de seguridad, argumentarán, los mexicanos no sabemos a ciencia cierta cuántos miembros de los cuerpos de seguridad han perdido la vida.
Pero la decisión de las y los legisladores tamaulipecos de endurecer las penas corporales, permite deducir que la cifra seguro es muy significativa.
Ahora hay que esperar si esta medida realmente contribuye a reducir las bajas en los cuerpos de seguridad.
SEGUNDO DEBATE
La noche del miércoles ocurrió el segundo debate entre aspirantes a la gubernatura. Estos encuentros son históricos, pero no se sabe si sirven para llevar votos a quien resulte triunfador. En sentido estricto poco efecto tendrán en el resultado de la votación en junio.
SER INCLUYENTES
Durante el evento realizado el martes en Los Pinos, uno de los representantes de personas con alguna discapacidad señaló que algo básico para reducirla es que las y los diputados autoricen recursos económicos para apoyarlos.
Esto viene a colación por el planteamiento de los legisladores tamaulipecos, quienes dicen que enviarán a las autoridades exhortos para promover medidas contra la discriminación, pero ello debe ir acompañado de presupuestos en el estado y municipios, además que incorporen a estas personas a cargos dentro del aparato gubernamental en todos los niveles.
Y por qué no comenzar por realizar un censo de todas y todos los tamaulipecos con alguna discapacidad, ubicarlos geográficamente y atenderlos directamente, este sería un excelente comienzo para hacer una sociedad más igualitaria.
CONTRA LOS MEMES
La legisladora potosina Martha Orta Rodríguez lucha contra molinos de viento como «El Quijote», porque decidió penalizar a quien suba memes a la red de Internet.
La pena sería de 2 a 4 años de prisión y 400 salarios mínimos de multa.
Esa misma intención tuvo otra diputada sonorense Selma Guadalupe López Cabrera y no tuvo eco.
La postura de la legisladora potosina tuvo reacción inmediata entre los cibernautas para burlarse de ella, este intento de ley me recuerda al gobernador de Veracruz Javier Duarte que
encarceló a unos tuiteros.
Esos afanes de controlar los mensajes en Internet es como pelear contra una multitud invisible, en este país donde hay muchas cosas más importantes para legislar, como por ejemplo la
paridad de género y vigilar la aplicación de las leyes, que intentar ponerle puertas al mar.
Pero en fin, la diputada potosina ya obtuvo sus 15 minutos de fama. Y una respuesta irrefutable de un tuitero que propone cárcel para las y los servidores públicos que «mientan, roben y se
duerman en su curul». A ver que responde la aludida.
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