CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Ley General de Transparencia que ha entrado en vigor el miércoles 4 impone por primera vez multas de más de cien mil pesos a los funcionarios que no respondan a la solicitud de información de los ciudadanos.
De igual forma, las multas impuestas por el órgano de Transparencia no podrán ser pagadas con dinero público, es decir, el funcionario o la persona sancionada deberá de pagarlo de su bolsillo, tal como lo fija el Artículo 207 de la Ley General de Transparencia.
Luego de un año de la reforma, este miércoles ha iniciado la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que todos los niveles de gobierno y entes que manejen subsidios y fondos públicos deben rendir cuentas a la ciudadanía.
La Plataforma Nacional de Transparencia es un sistema en el que el Instituto Nacional y los organismos locales se encuentran trabajando desde que fue aprobada la reforma a la Ley de Transparencia el cuatro de mayo del año 2015.
De acuerdo a la Ley General de Transparencia, a partir de entrada en vigor del sistema, se podrá sancionar a los funcionarios públicos con multas que van de los 150 a mil 1,500 días de salario mínimo a quienes no entreguen la información a tiempo o de manera adecuada.
El sistema que se encuentra disponible a través de la pagina; www.plataformadetransparencia.org.mx cuenta con cuatro módulos donde el usuario podrá realizar solicitudes de información, presentar inconformidades en caso de recibir información que no es la que pidió.
Otra de las funciones de la Plataforma de Transparencia es la de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales.
Para poder solicitar información, toda persona puede hacer solicitudes identificándose con su nombre, o si lo prefiere, con el uso de seudónimos o de manera anónima, sin tener que justificar para que necesita la información o como la va a usar, tal como está garantizado en la Constitución y la Ley General de Transparencia.
En Tamaulipas el lunes 25 de abril el Congreso local aprobó la modificación a la Constitución del Estado donde se ingresaron los nuevos criterios en materia de transparencia, además se homologó después de ser revisada por los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia.
