CIUDAD DE MÉXICO.- La implementación del nuevo sistema de justicia penal enfrenta rezago, ausencias y fallas que impactarán de manera negativa la operación del modelo de juicios orales, y retrasarán la consolidación de una justicia eficaz y adecuada.
Así lo señala el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C (CIDAC) en el reporte «Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal».
El informe, presentado ayer, advierte que si se mantiene el ritmo de implementación que han mostrado las entidades desde 2013, faltarán otros 11 años para alcanzar el nivel óptimo del sistema de justicia, en relación con el denominado ?estándar ideal? establecido por CIDAC.
A 45 días de que venza el plazo para implementar el sistema acusatorio, CIDAC señaló que únicamente seis entidades rebasan el 50 por ciento de avance según su metodología: Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Baja California y Durango.
A diferencia de las tendencias que reporta la Secretaría de Gobernación, señala que los estados más rezagados del País son Guerrero, Colima, Coahuila, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California Sur, Distrito Federal, Jalisco y Nayarit.
«Es evidente que aún no estamos cercanos al logro del objetivo de contar con un sistema de justicia eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas», señala.
CIDAC además alerta sobre la insuficiencia de importantes operadores del sistema, tales como asesores de víctimas o «facilitadores»; el «enorme rezago» en materia de capacitación, especialmente de policías; y el retraso ?significativo? de la armonización normativa.
También observa que el proceso de implementación se ha llevado de forma aislada, descoordinada y desarticulada tanto en las entidades federativas como en la Federación, lo que a su consideración afectará la operación y resultados del sistema.
En el documento, CIDAC propone la implementación de la Estrategia para la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio, a fin de garantizar la viabilidad y sustentabilidad de la oralidad en el mediano y largo plazo.
La estrategia contempla una temporalidad de 11 años para garantizar un nivel idóneo de operación y prevé tres ámbitos de aplicación: sectorial, institucional y ciudadano.
«El proceso de implementación se caracterizó por la improvisación y una dinámica de prueba y error que, en muchos casos, tuvo éxito, pero también significó acciones aisladas, desarticuladas y que, en última instancia, tuvieron poco impacto en la operación efectiva del sistema?, evidencia.
«Es necesario que el día después del 18 de junio, cuando el sistema acusatorio se encuentre operando a nivel nacional en su totalidad, se produzca una estrategia nacional que coordine esfuerzos, pues lo que importa no es el cumplimiento de una fecha, sino garantizar un sistema de justicia penal más eficaz, eficiente y que asegure los derechos de los ciudadanos».
