BRASILIA, Brasil.- La votación que se desarrolla en el Senado brasileño para decidir si la Presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político continúa con una clara mayoría favorable al proceso.
En la sesión que inició a las 10:00 horas locales, los senadores disponen de unos 15 minutos para dar sus opiniones y luego, hablará el relator Antonio Anastasia y, finalmente, el Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, quien ofrecerá sus argumentos.
A las 18 horas, cuando se cumplieron ocho horas de una sesión que posiblemente se extenderá hasta la madrugada del jueves, 18 de los 22 senadores que ocuparon la tribuna declararon su inclinación a aprobar el juicio político, que suspendería a Rousseff del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
Según el diario local Folha de S. Paulo, hasta las 18:12 horas, tiempo de México, 53 senadores están a favor del juicio y 21 en contra.
Mientras que la web del rotativo O Globo publica que son 23 en contra.
«Quienes dicen que esto es un golpe asumen que el poder se pueda ejercer de manera arbitraria», señaló al respecto el senador Wilder Morais, según informa el corresponsal del diario español El País.
«No tengo nada contra la Presidenta. No juzgo a la persona, analizo los hechos», añadió.
Posteriormente, Aecio Neves, candidato presidencial derrotado por Rousseff en 2014, tomó la palabra.
«En un sistema presidencialista como el brasileño, el Presidente no puede, jamás, transferir su responsabilidad a subordinados», argumentó Neves.
«La responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas es intransferible», insistió.
Según el centro de datos Atlaspolitico.com las probabilidades de que el también llamado «impeachment» prospere son del 99 por ciento.
Prevé que 53 senadores voten a favor de la destitución de Rousseff y 28 en contra.
Si así fuera, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por el Vicepresidente Michel Temer, quien debería completar el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
Además, el periódico O Estado de Sao Paulo publicó que Rousseff empacó todas sus pertenencias personales de su oficina en el Palacio de Planalto y las envió al Palacio de Alvorada, la residencia presidencial oficial.
El rotativo señala que entre las cosas que se enviaron al Palacio de Alvorada estaban libros y fotografías de su hija y dos nietos.
Los únicos senadores que hablaron contra el proceso fueron Angela Portela, Jorge Viana y Fátima Bezerra, todos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Telmário Mota, del Partido Democrático Laborista (PDT), una de las pocas formaciones que permanecen en la menguada base política de Rousseff.
En sus discursos, insistieron en la tesis de que en Brasil está en marcha un golpe contra la democracia, a pesar de que hoy mismo la Corte Suprema, en su carácter de tribunal constitucional, avaló el desarrollo del proceso al negar un último recurso intentado por la Abogacía General del Estado, que defiende a la Mandataria.
La demanda exigía la nulidad de todo el proceso y alegaba para ello supuestos vicios detectados desde el propio inicio, pero fue negada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los 11 miembros del tribunal.
El principal argumento de la demanda era un supuesto desvío de finalidad cometido en diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la Presidenta.
En su decisión, Zavascki indicó que los alegatos esgrimidos por la defensa de Rousseff, que acusa a Cunha de actuar por «venganza», están basados en informaciones periodísticas que pueden ser muy fácilmente contestadas.
«No hay cómo identificar en un sinfín de titulares un conjunto probatorio capaz de demostrar, de forma jurídicamente incontestable, que aquellas iniciativas (de Cunha) hayan superado los límites de la oposición política, que es legítima, y hayan herido la validez del proceso de ‘impeachment'», aseguró el magistrado.
