Desde que la actual administración federal anunció como nuevo modelo de desarrollo de la región sur del país la creación de Zonas Económicas Especiales, toda suerte de voces a favor y escépticas se han escuchado.
Las ZEE representan esquemas mediante los cuales se puede incrementar el comercio y la inversión y por ende el empleo y las condiciones de desarrollo de los habitantes. En su acepción más ortodoxa, las ZEE son enclaves dentro de las cuales, exportadores e inversionistas reciben incentivos fiscales, arancelarios y regulatorios a cambio de instalarse y dar empleo a los habitantes de la región. Hay que hacer un buen trabajo a fin de tener un resultado positivo.
La experiencia internacional nos muestra que para fomentar el desarrollo de una ZEE, se requiere un piso mínimo constituido por cuatro componentes: Un marco jurídico aplicable; un conjunto de incentivos y políticas de fomento suficientes; la infraestructura adecuada y permanentemente operativa y una dirección o gobernanza que entienda y, sobre todo, persiga los objetivos que se buscan con este modelo de desarrollo.
Nuestro país ha iniciado por los componentes más elementales y sencillos. El pasado mes de junio se promulgó la Ley de Zonas Económicas Especiales que representa el marco jurídico para la planeación, el establecimiento y la operación de las Zonas, además de establecer el objetivo de este política: “impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.
Sobre el segundo componente, nuestros gobiernos tienen amplia experiencia en otorgar incentivos de todo tipo a empresas transnacionales, buscando que se instalen en el territorio nacional. Desde regímenes fiscales y aduaneros de excepción como el caso de las empresas maquiladoras, los esquemas de importación temporal, la condonación o devolución del IVA e incluso del ISR. También se han distinguido en incentivos más tangibles como el otorgamiento de terrenos e instalaciones, el caso de las armadoras de automóviles es un ejemplo destacado, donde gobiernos locales han llegado incluso a regalarlo todo con tal de que se instalen en su territorio. Las empresas por supuesto complacidas, ya que ahorran gastos aunque es preciso pensar que nada las obliga a quedarse allí para siempre.
En el caso de la infraestructura necesaria, es importante que se cuente con un plan maestro para su desarrollo, pero, sobre todo con la suficiencia presupuestal y financiera para logarlo. Es preciso tener en cuenta que la condición económica debiera ser el factor que determinó la cabeza del proyecto y no el despacho financiero. El proyecto de las ZEE es de largo plazo y no debe estar sujeto a las decisiones que año con año se toman para organizar el PEF y se debe considerar un concepto que a veces se soslaya en los presupuestos: su mantenimiento. A fin de consolidar una política de desarrollo, debe trascender a hitos sexenales e ideologías políticas.
La Ley es clara es sus objetivos, aunque hay que trabajar en sus medios. Es importante considerar la situación en la que se encuentra la región del sur donde se pretende establecer las primeras ZEE (en particular Chiapas y Oaxaca). Esto representa en sí un enorme reto. Se requiere hacer mucha y muy buena política; sabemos que han entregado en buenas manos el proyecto a nivel federal, esperemos los esfuerzos sean fructíferos.
Lo importante es tomar las mejores experiencias tanto de las Zonas que han tenido éxito como las que no. Así mismo, el esquema de las Zonas debe estar basado en el impulso de las vocaciones naturales. De entrada, ya se detectado cuando menos 20 sectores estratégicos, entre los que destacan el energético, eléctrico, agroindustrial, autopartes, confección de prendas de vestir y fabricación de productos químicos.
Las ZEE deben mantener una política pública integral, que además de los incentivos e infraestructura considere esquemas de fortalecimiento del capital humano, apoyos a la innovación y transferencia tecnológica, así como otras medidas que eleven la productividad de los factores de la producción; lo anterior acompañado de programas que detonen el encadenamiento productivo de cada ZEE con su región y una política de desarrollo urbano sostenible, que genere comunidad y establezca todas las condiciones para que la población en torno a las ZEE viva con calidad.
El desarrollo regional y de cadenas productivas implica la conjunción de políticas de fomento económico y de infraestructura, y las ZEE representan una parte esencial, pero no deben verse como la única.
Es necesario contar con un Plan de Desarrollo de amplio espectro, sólo así se podrá trabajar en buscar el éxito del modelo con una visión de largo plazo.
